Columnistas

El brete en el que se metió el régimen gobernante en Veracruz con la detención de Jorge Fabián Cárdenas Sosa por presunto secuestro es apenas la punta de la madeja de corrupción alrededor del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, del que empieza a brotar cada vez más podredumbre. Los “enjuagues” y manejos turbios en el actual gobierno de Veracruz comenzaron prácticamente desde que tomaron el poder. En diciembre de 2018, prácticamente lo primero que hizo la administración estatal fue firmar un contrato por 36 millones de pesos con Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa propiedad de Carlos Lomelí, ex candidato perdedor de Morena a la gubernatura de Jalisco y que en ese momento también se desempeñaba como “superdelegado” del Bienestar en esa misma entidad y como “supercontratista” de insumos médicos para la “4t”.

La situación por la que atraviesa el Centro de Investigación y Docencia Económicas es paradigmática de la ruptura social que se experimenta en otros ámbitos de la vida del país. La nada velada intención del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” de cancelar la libertad de pensamiento –comenzando por las aulas, donde la misma se construye- se configura en muchas otras actividades de la vida pública en las que se dibuja un mundo en blanco y negro, y donde se fustiga y se persigue a quien comete el “pecado capital” de tener criterio propio, de no aceptar verdades oficiales por consigna y de manifestarlo abiertamente. Quienes hoy están en el poder y se ufanan de contar con supuestas mayorías –que no lo son tanto, en realidad-, olvidan convenencieramente de dónde vienen, cuál es su origen y lo que tuvieron que enfrentar cuando eran minoría y los aplastaban con el dedo pulgar, cual minúsculos insectos.

Entre los múltiples factores que llevaron al quiebre del sistema que supuso la elección de 2018 y la victoria de Andrés Manuel López Obrador, uno de los que mayor peso tuvo fue la corrupción fuera de control de los gobiernos priistas de esos años. El infausto y saqueador gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz cometió tal cantidad de excesos y provocó una situación tan grave en el estado, que trascendió sus fronteras y terminó “pegándole” a la de por sí maltrecha imagen de la administración federal que encabezaba Enrique Peña Nieto, que tampoco era precisamente un ejemplo de honestidad y buenas prácticas, sino exactamente lo contrario. Los extremos a los que se llegó en Veracruz fueron tan severos, que al gobierno de Peña Nieto no le quedó otra salida para intentar salvarse del naufragio que proceder penalmente en contra de Duarte, aun cuando siempre estuvo al tanto de los desvíos millonarios, al grado de incluso haberse beneficiado de los mismos durante su campaña presidencial de 2012.