El vacío legal en la Universidad Veracruzana y la obligación del Congreso
La crisis institucional que hoy atraviesa la Universidad Veracruzana (UV) ya no es solamente un conflicto interno entre autoridades universitarias y académicos inconformes. Se ha convertido en un problema de legalidad pública que involucra la vigencia del Estado de derecho, el respeto a los derechos académicos y la responsabilidad política del Poder Legislativo de Veracruz.
El origen del conflicto es conocido: la prórroga del mandato del rector Martín Aguilar Sánchez, acordada por la Junta de Gobierno, sin la emisión de una convocatoria abierta como lo prevé la legislación universitaria para la designación de rector. De acuerdo con la normatividad vigente, el rector de la UV debe ser designado por un periodo de cuatro años y, al concluirlo, debe abrirse un proceso de sucesión mediante convocatoria pública dirigida a académicos que cumplan con los requisitos establecidos. Esa convocatoria nunca se emitió.
En su lugar, se decidió internamente una prórroga del cargo por cuatro años adicionales. El problema jurídico es evidente: la figura de la prórroga no está prevista expresamente en la ley universitaria. Y en el derecho público mexicano rige un principio elemental: lo que la ley no autoriza expresamente a la autoridad, le está prohibido: no se trata de un debate personal ni político. Se trata de una cuestión de legalidad.
Ante esta situación, diversos académicos acudimos al juicio de amparo buscando restituir la legalidad del proceso sucesorio universitario. Sin embargo, las primeras demandas fueron desechadas por juzgados federales bajo el argumento de que las universidades públicas, por su autonomía, no podían ser sujetas a control constitucional mediante amparo. Este criterio se basó en la tesis jurisprudencial 19/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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