Mario Javier Sánchez de la Torre

Falta solamente una semana para que llegue a su fin el sexenio más negativo en la historia de México. Calificativo de negativo principalmente por la forma con la que llevó a cabo todas sus acciones el mitómano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), secundado por la gran cantidad de ignorantes que integran la administración federal autollamada erróneamente cuarta transformación (4T).
Acciones no solamente equivocadas, sino lo más grave, varias de ellas con intenciones totalmente negativas hacia México y los mexicanos, como las efectuadas en el delicado sector salud con relación a los niños con cáncer, por solamente citar dentro de este importante sector para la población mexicana una de las muchas llevadas a cabo, entre las que también se pueden señalar la equivocada desaparición del eficiente Seguro Popular, sin razón alguna, situación que trataron de solucionar con el fracasado Insabi, que tuvieron que cancelar por su gran ineficiencia y corrupción que tenía.
Siendo lo señalado en el párrafo anterior solamente dos acciones de las muchas totalmente equivocadas en todos los aspectos de la administración pública nacional, que no es posible citar en el presente texto, debido a que sería algo aburrido de leer para nuestros apreciables lectores, además que la mayor parte de estas son del conocimiento de todos los mexicanos debido a que a diario son parte de lo que tienen que enfrentar y sufrir.

Después de los cuestionados resultados de la elección por la Presidencia de la República que se llevó a cabo el pasado 2 de junio, el ambiente político en este país, se volvió más complicado de lo que siempre ha sido.
Comenzando por la imposición que en todos los aspectos y rincones de México el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), está tratando de imponer, debido a los cuestionados resultados en las urnas, que en algunos casos como lo sucedido en las cámaras que integran el Congreso de la Unión sucedió con la sobrerrepresentación que indebidamente y no por unanimidad de votos de sus consejeros, les otorgó el Instituto Nacional Electoral (INE).
Situación a la que se debe sumar la polémica interna que está viviendo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con relación a quién debe ser el titular de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y por los últimos resultados dados a conocer por el INE, todo indica que esta contienda interna del tricolor aún no está muy cercana su resolución.
Siendo que también en el Partido Acción Nacional (PAN) debido a los cuestionados resultados citados, más la traición que ha últimas fechas llevó a cabo, él en ese momento senador de ese partido por el Estado de Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez, hicieron que las peticiones de los integrantes de la cúpula blanquiazul de cambio en su dirigencia nacional, se hicieran más urgentes.

Por el momento está en situación de suspenso si se aprobará o no la negativa reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que desde el pasado mes de febrero envió conjuntamente con otras 19 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CP EUM), Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión.
Debido a que las fechas para su discusión y aprobación o no, en el Senado de la República iniciaron ayer y culminarán positiva o negativamente en el transcurso de la semana que hoy inicia.
Además que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos que tiene como aliados, no lograron alcanzar la mayoría calificada, por más ayuda que recibieron de parte de la señora Guadalupe Taddei, encargada del despacho del Instituto Nacional Electoral (INE), otorgándoles una sobrerrepresentación en cuanto al número de senadores, que no les corresponde debido a la votación obtenida y que arrojó como tramposo resultado que solamente obtuvieran 85 posiciones, y no las 86 que marca la legislación correspondiente para obtenerla.
Pero independientemente de lo que suceda, por el momento existen grandes posibilidades que la tramposa reforma no se apruebe. Lo que terminaría con las preocupaciones de la destrucción del Poder Judicial del país y también de la democracia que se vive en México.

A menos de un año que se lleve a cabo la elección de los próximos 212 alcaldes de esta entidad federativa, el ambiente político estatal parece estar aún, sin poder reponerse de la debacle sucedida en pasado domingo 2 de junio.
Pues lo sorpresivo e increíble de los resultados hay que sumarlos a la también muy cuestionada elección para la Presidencia de la República, que solamente dejó conformes a aproximadamente la mitad de la población mexicana.
Pero en estas tierras bañadas por las aguas del Golfo de México, la vida continúa, como en todo el país y en el aspecto político los partidos políticos que tienen registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz, deben ya haber iniciado sus actividades enfocadas a participar en la elección de los próximos 212 ayuntamientos veracruzanos.
Por el momento ninguna de las organizaciones políticas que supuestamente participaran han hecho algún anuncio al respecto, lo que seguramente se debe al calendario electoral estatal que deben respetar, pero esto no es impedimento para que en forma no oficial, como sucede siempre en el medio político de este país, filtren, como dicen los que forman parte de este desprestigiado ambiente, hacia los medios (impresos, electrónicos y digitales), lo que les interesa y conviene sea del dominio público, con las intenciones de cómo se maneja a nivel de comentarios, de : medirle el agua a los camotes, en determinados temas.

Definitivamente a nadie debe extrañar la decisión tomada el pasado miércoles 28 del presente mes, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la cual otorgaron a los partidos políticos que tiene bajo su tutela el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como lo son el del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.
Decisión que va en contra de la democracia mexicana y también en contra del espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CP EUM), de favorecer la representación de las minorías en las cámaras con la existencia de los legisladores plurinominales.
Con lo que apoyaron la también pésima decisión (no unánime) del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que fue la dependencia definitoria de como deberían quedar integradas la Cámara de Diputados y la de Senadores, así: para Morena y partidos aliados 364 diputados, siendo que para lograr la mayoría calificada la ley pide 334, por lo que le otorgaron 30 posiciones más. Y en la Cámara de Senadores a Morena y aliados 83 escaños, siendo que para alcanzar la mayoría calificada la ley indica se necesitan 86, por lo que no la alcanzaron.

Después de los cuestionados resultados de la jornada electoral efectuada el pasado domingo 2 de junio del año en curso, la situación política del país por lo que respecta a los partidos de la llamada oposición, se puede considerar entró en un periodo de extraña calma.
Extraña calma, porque no hay explicación que puede considerarse hasta cierto punto lógica, debido a que todo quedo, hasta cierto punto paralizado por parte de los partidos políticos que integraron la alianza Fuerza y Corazón por México y en el caso de esta entidad, Fuerza y Corazón por Veracruz.
Por lo que corresponde al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Veracruz, su actual dirigente Adolfo Ramírez Arana ha dado a conocer que aunque oficialmente no son tiempos electorales, su Comité Ejecutivo se encuentra ya trabajando en la preparación de la elección del año 2025 de los próximos 212 alcaldes de esta entidad.

El Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CP EUM) define a México así: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Norma constitucional que como sucede entre las que integran la Carta Magna de este país, tiene relación con algunas otras en algunos casos para su correcta aplicación.
Así tenemos que el Artículo 119 de la CP EUM dice: “Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestaran igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida.
“Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República.

Solamente faltan 49 días para que Andrés Manuel López Obrador tenga que dejar el cargo de Presidente de la República y que Claudia Sheinbaum Pardo inicie actividades como la primera mujer en esta importante y trascendente encomienda. Uno de octubre de este 2024, fecha histórica para este país, por ser una mujer la que ocupara la silla presidencial. Y fecha también a partir de la cual la titular del Poder Ejecutivo recibirá una serie de graves problemas que le hereda su antecesor, entre los que está la aberrante “reforma” al Poder Judicial Federal, aberrante no porque este Poder no la necesite, sino por lo que esta llamada “reforma” realmente intenta hacer. El elegir por voto directo por parte del burlonamente calificado “pueblo bueno y sabio”, como lo define el actual Ejecutivo Federal, es otra de sus ocurrencias que han sido calificadas por los especialistas en la materia del Derecho a nivel nacional e internacional como una acción muy peligrosa por los riesgos que implica como: desaparecería la carrera judicial por lo que la experiencia que se requiere para la interpretación del Derecho y por tanto impartición de justicia desaparecerían; se perdería la independencia al interior del Poder que es necesaria para tener una imparcial impartición de justicia; existe el riesgo de la injerencia de grupos de poder que pueden ser desde los grandes consorcios privados nacionales e internacionales, hasta la delincuencia organizada.

El próximo viernes 23 de agosto vence el plazo para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) informen sobre como quedaron distribuidas las diputaciones plurinominales correspondientes a los diferentes partidos políticos participantes en el proceso electoral en curso. Por el momento de acuerdo a la votación dada a conocer del pasado domingo 2 de junio, la coalición integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, alcanzaron tener la ansiada mayoría calificada, lo que no lograron en la Cámara de Senadores, en donde solamente alcanzaron tener mayoría absoluta. Situación que ha generado la polémica en torno al artículo 54, concretamente fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CP EUM), en cuanto a la asignación a cada fuerza política participante de las codiciadas diputaciones plurinominales.

Como era de esperar, la situación que se vive en Venezuela en algún momento tenía que llegar a darse, como ha sucedido y sucederá en los países del mundo en donde no hay libertad y solamente se imponga la voluntad de un solo individuo a sus habitantes. La opresión que inició con la llegada al gobierno (1999-2013) de esa nación sudamericana de Hugo Chávez y que finalizó con su muerte, continuó lamentablemente con Nicolás Maduro, personaje que desde su llegada al poder se ha comportado como todo un dictador. Gobernando con mano dura en contra de la población a la que tiene la obligación de cuidar y defender como son algunas funciones de los gobiernos que practiquen cualquier ideología, pero que tengan amor por su pueblo. Pero que en el actual gobierno venezolano no se llevan a cabo y en cambio se práctica en forma aumentada algunos de los vicios de los que adoleció la dictadura chavista como: corrupción, narcotráfico, apoyo al terrorismo, combatir la libertad de prensa y violación total a los derechos humanos, entre otros. Es por lo anterior que un país con la riqueza petrolera que tiene, en la actualidad tenga la necesidad hasta de importar los hidrocarburos que necesita, situación entre otras, que ha llevado a los habitantes de esta Nación a vivir con las carencias que son propias de los países pobres del orbe. Además, de lo más grave, las violaciones a las libertades de los venezolanos, lo que ha llevado a su reprimida población a no solamente inconformarse con el régimen que Maduro mantiene en contra de sus connacionales, sino como ya sucedió en las pasadas elecciones, a votar porque deje el poder.