Mario Javier Sánchez de la Torre

Una de las características del joven y experimentado político veracruzano José Francisco Yunes Zorrilla, siempre ha sido que independientemente del cargo que ocupe a nivel federal está pendiente de lo que sucede en la entidad veracruzana. Situación que quedo evidenciada el pasado martes 20 del presente mes durante la visita que más de cien jóvenes estudiantes de nivel universitario del municipio de Perote hicieron a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en la Ciudad de México.

Después de haber demostrado su efectividad en los pasados procesos electorales de las entidades federativas de Coahuila y el Estado de México, los que se efectuaron sin contratiempo alguno desde el punto de vista legal, así como en cuanto a la organización, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado una muestra más de lo necesario de su existencia en este país para mantener la democracia que desde hace aproximadamente 30 años disfrutamos los mexicanos. Existencia que se ve reforzada cada día que pasa con sus acciones en favor de los diferentes sectores sociales, como quedó demostrado con el interesante evento efectuado el pasado jueves 8 del presente mes, con la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) y el Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana 2021 (EMPC). Sistemas de Consulta que permitirán a estudiantes, maestros, investigadores, profesionales estudiosos de la materia electoral, asesores de partidos políticos y cualquier mexicano que tenga interés en conocer como han sido los procesos electorales del nivel federal (38) desde el año 1991 al 2021 y del nivel local desde el año 2015 al 2020, con lo que se aporta al objetivo de fortalecer la cultura democrática de la población mexicana.

Las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 4 del presente mes en los estados de México y Coahuila tiene cada una su importancia como parte de la vida política del país. En Coahuila las cosas resultaron como se había visto venir desde hace tiempo, ya que el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez no solamente triunfo, sino que arrasó, sobre el pésimo candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana, quién fue impuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la cercanía que tienen tanto en los negocios, como en la docilidad del coahuilense hacia AMLO. Imposición que provocó la separación del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México en la elección y que en parte fue causa de la tremenda derrota de Morena en esta entidad federativa. Por lo que respecta a la elección del codiciado Estado de México por todo lo que representa tanto en el aspecto electoral como en el económico, la elección se puede considerar estuvo competida, ya que la excelente candidata Alejandra del Moral, compitió, no contra la desprestigiada Delfina Gómez, sino contra una elección de estado.

La marcha que el pasado domingo 28 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de México (CDMX) en apoyo a la forma apegada a derecho de actuar de la mayoría de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una muestra más del equivocado e ilegal comportamiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la mayoría de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Evento de apoyo que a nivel nacional se efectuó en varias de las capitales estatales como la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Torreón, Acapulco, Coahuila y esta ciudad capital del Estado de Veracruz, entre otras. Mostrando la población de estas entidades federativas el no estar de acuerdo con la confrontación que desde el Palacio Nacional AMLO en sus desprestigiadas mañaneras y algunos diputados morenistas azuzan casi a diario en contra de los prestigiados ministros de la SCJN. Movimiento convocado por la organización Chalecos México, organización apartidista según ha dado a conocer su presidenta Alejandra Morán Ramírez y aproximadamente cincuenta organizaciones civiles más, que partió del Monumento a la Revolución con destino final de la Plaza de la Constitución de la CDMX y que al llegar al lugar inevitablemente caminaron hacia el edificio sede de la SCJN.

Una vez más quedó demostrado el interés que causa entre los diferentes sectores de la población veracruzana el escuchar al diputado por el IX distrito federal electoral, del Partido Revolucionario Institucional José Francisco Yunes Zorrilla, por la nutrida asistencia de profesionales del derecho que hubo en el evento denominado “Temas legislativo y parlamentarios de la Cámara de Diputados”. El interesante acto convocado por el abogado Octavio Ruiz, director de la Revista Jurídica especializada en la materia del derecho, tuvo la presencia de personalidades del medio jurídico estatal y nacional, así como catedráticos y directores de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana y uno de sus ex rectores. Así como también de notables abogados de diferentes partes del Estado de Veracruz.

Hace unos días la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la maestra Norma Lucía Piña Hernández, recibió de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, el premio a los Derechos Humanos 2023, por el compromiso asumido para asegurar la implementación de principios de derechos humanos y otros referentes significantes para avanzar en la justicia para mujeres, niñas y niños y familias. El premio se le otorgó en Marruecos, por parte de esta Asociación, que está integrada por mas de 10 mil 400 juezas de 143 países, quienes votaron la designación. La entrega fue en su XVI Conferencia Bienal celebrada del 11 al 14 del presente mes, en el citado país. Como es del conocimiento de la clase política nacional y lamentablemente de solo alguna parte de la población mexicana, la llegada de la maestra Norma Lucía Piña Hernández a la titularidad del Poder Judicial de este país, no era lo que deseaba el gobierno de la autollamada cuarta transformación y su creador y dirigente, pero para su mala suerte y buena del país, fue así.

Conforme se acercan las fechas para el inicio tanto del proceso electoral federal como del estatal de la elección del año 2024, por lo que corresponde a las “corcholatas” aspirantes a la candidatura para la Presidencia de la República del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la inquietud entre estas a cada momento que pasa aumenta. Hace algunos meses el intercambio de “opiniones” o mensajes entre las cuatro “corcholatas” era cotidiano, pero esta situación ha cambiado seguramente debido a las instrucciones recibidas de parte de su Jefe -en corto- lo que ha tenido como resultado que dos de estas se comporten con mesura, con relación al comportamiento de las otras dos. Debido esto posiblemente a que la “corcholata” favorita de todos los integrantes de Morena, haga lo que haga y le den los apoyos más importantes, simple y sencillamente como le ha sucedido desde un principio, no levanta el entusiasmo entre el electorado. Lo que quiéralo o no aceptar Andrés Manuel y sin que los partidos opositores aún no hayan escogido aspirantes, pone en peligro el ganar la elección del próximo 2024 y como consecuencia el final de su cuestionado proyecto, además de otras circunstancias que se presentarían en esos momentos en contra de los integrantes de la autollamada cuarta transformación.

Inicia la presente semana con la discusión de lo ilegal que puede llegar a considerarse la Sesión que el grupo legislativo de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, llevaron a cabo en la Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la noche y madrugada del pasado viernes 28 del pasado mes de abril. Sede que debió considerarse como alterna, al Salón de Sesiones del edificio de Paseo de la Reforma, debido a que senadores integrantes de los grupos legislativos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Grupo Plural, tomaron la tribuna debido al incumplimiento del compromiso que había anunciado el senador Ricardo Monreal, de que se votaría y aprobaría el nombramiento de uno de los tres comisionados que faltan al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que la institución autónoma pueda sesionar, como lo manda la legislación respectiva.

A partir de la circulación en diversos medios de comunicación de la carta enviada al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, en relación con el cambio de directiva de ese partido en esta entidad, han circulado una gran cantidad de opiniones. Misiva supuestamente enviada por aproximadamente 248 priistas distinguidos, entre los que se encuentran: ex presidentes; ex y aún en funciones legisladores locales y federales; ex alcaldes; dirigentes actuales y militantes. Documento que contiene como principal tema el cambio de la dirigencia estatal, que según estatutos de la organización política debe ser el próximo 14 de mayo del año en curso. Relevo que solicitan los supuestamente interesados que enviaron la carta el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se debe llevar a cabo en la fecha señalada estatutariamente, en forma seria, y ratificando la unidad que siempre ha caracterizado a los priistas en este tipo de actividades.

Con la suspensión de la entrada en vigor del llamado “Plan B”, las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial se han puesto difíciles, por iniciativa del inquilino del Palacio Nacional, indebidamente y sin razón lógica alguna. La decisión ahora de declarar fundada la controversia constitucional que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), promovió en contra del llamado “decretazo” que Andrés Manuel López Obrador mandó publicar el 22 de noviembre del año 2021, por parte del ministro Juan Luis González Alcántara, por razones obvias las tensará más, lo que no debe ser. Como se sabe, el “decretazo” consiste en blindar las obras de infraestructura del Gobierno Federal, dentro del régimen de seguridad nacional, lo que es inconstitucional, además de poner al Ejecutivo Federal por encima de la ley. Ya que se evaden diversas normas que tienen como función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. Se puede considerar que el citado “decretazo” fue hecho con dedicatoria directa para proteger las obras emblemáticas de la mal llamada cuarta transformación, como son: el Tren Maya, la Refinería Olmeca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.