Aurelio Contreras Moreno

No es para nada casual la embestida que a través de redes sociales llevan a cabo hordas de vociferantes cuentas –algunas hasta de secretarios de Estado- ligadas al régimen de la autodenominada “cuarta transformación” en contra del Instituto Nacional Electoral.

El autoritarismo rampante que caracteriza al régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, a sus corifeos vociferantes y a sus textoservidores a sueldo, tanto a nivel estatal como nacional, apunta sus armas contra la libertad de expresión afectando incluso el derecho al trabajo y las garantías laborales.

Entre los brutales retrocesos que pretende la Fiscalía General de la República (FGR) en las propuestas de reforma que pretende introducir al sistema judicial mexicano, se encuentra una que violenta directamente los derechos de las mujeres: la eliminación del tipo penal del feminicidio.

La controversia creada por la iniciativa de reforma al Código Civil del estado de Veracruz que, entre otras cosas, plantea la formalización legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ha sacado a la luz la mezquindad, incongruencia y doble cara de varios actores políticos veracruzanos.

No fue ni siquiera oculta la operación en favor de los candidatos de Morena que varios priistas realizaron durante los comicios de 2018, tanto a nivel federal como estatal.

Si algo llevó al Partido de la Revolución Democrática a desmoronarse internamente, al grado de tener que hacer alianzas políticas “contranatura” para sobrevivir, fue esa tendencia de los grupos surgidos de la izquierda radical a despedazarse entre ellos.

La nueva crisis migrante en el sur de México ha llevado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a caer a uno de sus niveles más bajos de servilismo a los Estados Unidos, ante el pavor que le provoca que el presidente de ese país, Donald Trump, la tome en su contra.

En los últimos días y con la más absoluta impunidad, grupos ultraconservadores de corte y auspicio religioso han ventilado de manera grotesca y pública su cara más oscura: la de la más violenta intolerancia.

Por lo menos en los términos en los que está planteada en el borrador que se filtró la semana pasada, la propuesta de reforma penal que pretende llevar a cabo el gobierno de la autodenominada “cuarta transformación” representa un retroceso brutal en todos los órdenes, empezando por el de los derechos humanos.

Cada que se da a conocer una nueva medición –más o menos creíble- sobre la popularidad del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a muchos sorprende que mantenga tan altos niveles de aceptación.