Aurelio Contreras Moreno

Vaya diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México en tiempos de la “4T” el que difundió este jueves 27 de febrero Amnistía Internacional (AI).

Desde su imposición como encargada de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fue evidente que una de las tareas asignadas a Verónica Hernández Giadáns era la de “maquillar” las cifras de la delincuencia y la violencia en la entidad.

La brutal violencia registrada en los últimos días en varias ciudades del país evidencia, con trágicos resultados, la más que notoria incapacidad de la clase gobernante para cumplir con una de sus responsabilidades más sensibles, que es la de brindar seguridad a la población.

En el ya lejano año de 1993, se celebró una cena pagada por quien en esos años era uno de los hombres más ricos de México, el tuxpeño Roberto Hernández, dueño de Banamex.

A la demostración de autoritarismo ramplón y el inesperado retorno del uso del “garrote” como “herramienta” de contención política de la protesta social por parte del gobierno de Veracruz, hay que agregar ahora su decisión de sumergirse en lo más bajo de la escala de un gobernante de esta entidad: colocarse al mismo nivel de Javier Duarte de Ochoa.

La intolerancia y el autoritarismo cada vez menos disimulado por los regímenes surgidos de la mal llamada “cuarta transformación” se asomó con fuerza en Veracruz.

No es para nada casual la embestida que a través de redes sociales llevan a cabo hordas de vociferantes cuentas –algunas hasta de secretarios de Estado- ligadas al régimen de la autodenominada “cuarta transformación” en contra del Instituto Nacional Electoral.

El autoritarismo rampante que caracteriza al régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, a sus corifeos vociferantes y a sus textoservidores a sueldo, tanto a nivel estatal como nacional, apunta sus armas contra la libertad de expresión afectando incluso el derecho al trabajo y las garantías laborales.

Entre los brutales retrocesos que pretende la Fiscalía General de la República (FGR) en las propuestas de reforma que pretende introducir al sistema judicial mexicano, se encuentra una que violenta directamente los derechos de las mujeres: la eliminación del tipo penal del feminicidio.

La controversia creada por la iniciativa de reforma al Código Civil del estado de Veracruz que, entre otras cosas, plantea la formalización legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ha sacado a la luz la mezquindad, incongruencia y doble cara de varios actores políticos veracruzanos.