Aurelio Contreras Moreno

El anuncio por parte de Citigroup de la puesta en venta de Banamex y su salida de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México fue vista como una mala señal respecto de lo que ese grupo de inversión prevé para la economía del país. Pero aun cuando se afirma que esa decisión forma parte de una estrategia global de la compañía –la cuarta de su tipo en importancia en los Estados Unidos- para enfocarse únicamente en sus clientes corporativos, lo cierto es que si hubiese un horizonte promisorio en México en materia financiera, difícilmente se desharían de una institución con una cartera de millones de clientes en México. El propio comunicado de Citigroup así lo deja ver: buscan “asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi, así como a nuestras ventajas competitivas”. Ventajas que muy probablemente ya no perciban que tienen en el mercado mexicano.

La tarde de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dio positivo por segunda vez a covid-19, por lo que se aislará y hará trabajo de oficina. Eso no tendría nada de raro ni sería un problema en sí mismo, tomando en cuenta que a estas alturas el mandatario federal tiene completo su esquema básico de vacunación y hasta recibió ya su refuerzo. Con esa base, se puede esperar que no tenga complicaciones, que se restablezca pronto y sin muchos contratiempos. Máxime que, a diferencia del resto de la población, él será atendido por los mejores médicos en el palacio que habita y tendrá acceso a los medicamentos que necesite. El verdadero problema es que el presidente nuevamente se ha dedicado a desestimar a la pandemia y ha propiciado en muy buena medida que la llamada “cuarta ola” de contagios pegue con fuerza en el país gracias a su irresponsabilidad y frivolidad.

A la crisis política que marcó el fin de 2021 en Veracruz por la soberbia y autoritarismo de quienes están en el gobierno -lo que es muy diferente a gobernar verdaderamente-, se sumó una espiral de violencia brutal que trae malos augurios para un estado en el que esa historia ya la vivimos. La incapacidad para gobernar de Cuitláhuac García Jiménez y su pandilla ha sido exhibida muchas veces a lo largo de los tres años que lleva su administración. Pero lo que está sucediendo ahora, junto con el preocupante crecimiento de su talante autoritario en contra de los ciudadanos y de sus adversarios políticos, es la antesala de un desastre todavía peor. Todos los días surgen nuevas evidencias de que Veracruz se le pudre entre las manos al gobierno de Cuitláhuac García, quien está más preocupado por aferrarse a un poder que nunca tuvo la capacidad de ejercer, que por enfrentar la amenaza real que supone una aparente guerra entre grupos delincuenciales por el control de la entidad.

Mientras que no parece haber pifia, abuso, desfachatez, arrebato o corruptela que mengüe la popularidad del actual presidente de México, misma que hasta ahora ha logrado expandir hacia su partido a la hora de las votaciones, los partidos de oposición se desmoronan y comienzan a doblarse a cambio de no desaparecer. La reunión que aquello que en Acción Nacional llaman el “Sistema PAN” –dirigencia nacional, coordinadores de grupos parlamentarios de ambas cámaras, entre otros- sostuvo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López esta misma semana, en la víspera del cierre del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, dio la impresión más de una claudicación que de una negociación.

La noche de este martes, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un resolutivo que busca construir las condiciones para ratificar la anulación de la elección municipal de Veracruz. El órgano jurisdiccional modificóla resolución INE/CG1738/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), misma que difundió con un lenguaje más bien críptico, pero que en términos concretos ordena al órgano electoral volver a calcular el gasto que supuso la marcha celebrada el 23 de mayo pasado en el puerto de Veracruz, denominada “Todos somos Miguel”, en apoyo del candidato de la coalición “Veracruz Va” -integrada por PAN, PRI y PRD-, Miguel Ángel Yunes Márquez, luego de que fue declarado inelegible. El 30 de noviembre, el Consejo General del INE determinó que dicho acto –que la coalición no reportó a la Unidad de Fiscalización porque se llevó a cabo cuando Patricia Lobeira aún no había sido declarada candidata sustituta de Yunes Márquez- no constituyó un rebase del tope de gastos de campaña, pues aun cuantificándolo, solo se habría ejercido 37 por ciento del total permitido.

Vaya que le urgía a la “cuatroté” veracruzana mandar lo más lejos posible a Jorge Fabián Cárdenas Sosa, quien hasta hace muy poco tiempo era un “distinguido” empresario que invertía en los proyectos que el régimen y sus personeros -como el diputado Juan Javier Gómez Cazarín y el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez- presumían como grandes “logros”, y hoy ha sido defenestrado como presunto secuestrador. Cosa curiosa, este lunes el alcalde electo de Lerdo de Tejada por Morena y “dueño” del ingenio “El Naranjal” fue sacado del penal de Pacho Viejo en Coatepec para ser trasladado a ¡Durango! Al Centro Federal de Readaptación Social de Gómez Palacio. Miles de kilómetros de por medio. Esto, el mismo día que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se presentó a comparecer ante la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, enarbolando un discurso de supuesto combate a la corrupción que, como sabemos, es solamente eso. Puro discurso.

El brete en el que se metió el régimen gobernante en Veracruz con la detención de Jorge Fabián Cárdenas Sosa por presunto secuestro es apenas la punta de la madeja de corrupción alrededor del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, del que empieza a brotar cada vez más podredumbre. Los “enjuagues” y manejos turbios en el actual gobierno de Veracruz comenzaron prácticamente desde que tomaron el poder. En diciembre de 2018, prácticamente lo primero que hizo la administración estatal fue firmar un contrato por 36 millones de pesos con Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa propiedad de Carlos Lomelí, ex candidato perdedor de Morena a la gubernatura de Jalisco y que en ese momento también se desempeñaba como “superdelegado” del Bienestar en esa misma entidad y como “supercontratista” de insumos médicos para la “4t”.

La situación por la que atraviesa el Centro de Investigación y Docencia Económicas es paradigmática de la ruptura social que se experimenta en otros ámbitos de la vida del país. La nada velada intención del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” de cancelar la libertad de pensamiento –comenzando por las aulas, donde la misma se construye- se configura en muchas otras actividades de la vida pública en las que se dibuja un mundo en blanco y negro, y donde se fustiga y se persigue a quien comete el “pecado capital” de tener criterio propio, de no aceptar verdades oficiales por consigna y de manifestarlo abiertamente. Quienes hoy están en el poder y se ufanan de contar con supuestas mayorías –que no lo son tanto, en realidad-, olvidan convenencieramente de dónde vienen, cuál es su origen y lo que tuvieron que enfrentar cuando eran minoría y los aplastaban con el dedo pulgar, cual minúsculos insectos.

Entre los múltiples factores que llevaron al quiebre del sistema que supuso la elección de 2018 y la victoria de Andrés Manuel López Obrador, uno de los que mayor peso tuvo fue la corrupción fuera de control de los gobiernos priistas de esos años. El infausto y saqueador gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz cometió tal cantidad de excesos y provocó una situación tan grave en el estado, que trascendió sus fronteras y terminó “pegándole” a la de por sí maltrecha imagen de la administración federal que encabezaba Enrique Peña Nieto, que tampoco era precisamente un ejemplo de honestidad y buenas prácticas, sino exactamente lo contrario. Los extremos a los que se llegó en Veracruz fueron tan severos, que al gobierno de Peña Nieto no le quedó otra salida para intentar salvarse del naufragio que proceder penalmente en contra de Duarte, aun cuando siempre estuvo al tanto de los desvíos millonarios, al grado de incluso haberse beneficiado de los mismos durante su campaña presidencial de 2012.

La manera en la que los personeros de la malhadada “cuarta transformación” han tomado por asalto al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es apenas un esbozo de cómo pretenden someter al sector académico del sistema educación pública superior para imponer, literalmente por la fuerza, los prejuicios, filias y fobias del lopezobradorismo como doctrina pseudointelectual con claros visos totalitarios. Tras la renuncia de Sergio López Ayllón a la dirección de la institución en agosto pasado –luego de soportar la abierta hostilidad de la directora del Conacyt María Elena Álvarez Buylla y la desaparición de los fideicomisos que financiaban buena parte de sus programas académicos y de investigación-, el régimen se lanzó sobre el CIDE como si fuera una presa que cazar. l sustituto de López Ayllón, José Romero Tellaeche, abierto simpatizante del lopezobradorismo y posición del “intelectual orgánico” de la “4t” Lorenzo Meyer, emprendió -todavía siendo director interino- una “purga” de los directivos que no se “alinearon”.