Aurelio Contreras Moreno

Cada que surge lo que en el pequeño circulito de la “cuatroté” veracruzana consideran un peligro para sus objetivos de continuidad en el poder, su reacción es rabiosa. Y sin importar si viene desde su propio partido. Cuando el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, comenzó a hacer activismo político en Veracruz a mediados de 2021, desde el gobierno de Cuitláhuac García se lanzó una arremetida contra el legislador minatitleco, a quien cuestionaron su arraigo en el estado –como si el secretario de Gobierno lo tuviera o la secretaria de Energía siquiera fuese veracruzana-, le sacaron a la luz –al estilo que más les gusta, los “chuletazos” anónimos y cobardes- supuestas irregularidades cometidas en otras entidades y hasta pretendieron simular que ni lo conocían, por lo que mejor no se metiera en la entidad. Como si fuera de ellos.

Dentro del clima de crispación social con el que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” busca debilitar y acallar cualquier crítica -por pequeña que ésta sea- a sus desatinos, incongruencias y corruptelas, hay que apuntalar la manera en la que los ataques del presidente López Obrador a la libertad de expresión y de prensa se han vuelto cada vez más violentos, al menos verbalmente. Lo que no quiere decir que no puedan ascender a la agresión física. Como todos los políticos autoritarios, Andrés Manuel López Obrador es absolutamente intolerante a la crítica. No la soporta bajo ninguna circunstancia. Menos aun cuando quedan exhibidas las malas prácticas, simulaciones, incongruencias, conflictos de interés y hasta corruptelas en las que los protagonistas son sus allegados o, como ha sido una constante durante su sexenio, sus familiares.

Este sábado, un grupo de ciudadanos, abogados, académicos y políticos de distintos partidos de oposición anunciaron la creación del “Movimiento por la Justicia en Veracruz”. La causa destacada públicamente es buscar la liberación de las más de mil personas detenidas en Veracruz por la aplicación del inconstitucional tipo penal de ultrajes a la autoridad, así como manifestarse en contra de “los abusos de poder y las permanentes violaciones al Estado de Derecho y el debido proceso legal por parte del Gobierno de Veracruz”.

Aparentando “humildad” y un supuesto acatamiento del orden jurídico que no ha honrado durante lo que va de su administración, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció hace unos días que enviaría una iniciativa para derogar el tipo penal de ultrajes a la autoridad, luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así se lo exigiera en la Recomendación que le emitió directamente a finales de diciembre. La Recomendación 146/2021 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, fue a causa de “violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE)”, en referencia al muy conocido caso de los seis jóvenes a los que la policía estatal acusó de “ultrajes a la autoridad” y que dio cauce al pleito con el senador de Morena Ricardo Monreal, que asumió su defensa.

El golpe mediático que significó el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus sobre los lujos de José Ramón López Beltrán dio exactamente en donde duele: en el discurso de la austeridad y la honestidad en el que se basa todo el constructo lopezobradorista. La vida de privilegios del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador no era un secreto. Desde antes que iniciara el sexenio fue exhibido viajando por el mundo, comiendo y hospedándose no precisamente en hostales. Y tras su boda con la cabildera del sector energético Carolyn Adams, ella misma se encargó de difundir su ostentoso y nada austero estilo de vida.

La farsa de la austeridad y la honestidad que puebla el discurso de Morena y del régimen de la pretendida “cuarta transformación”, se exhibe con desparpajo y cada vez con mayor decadencia. Desde el escándalo de la vida de lujos en Estados Unidos del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador –con conflicto de intereses incluido, pues habitó la mansión de un contratista de Pemex- hasta el dispendio grotesco en el que no duda en incurrir el gobierno de Veracruz para hacer “grilla” política, la careta de la honradez se les cayó y se revelan tan iguales y tan obscenos como quienes les antecedieron. La concentración de burócratas acarreados de este fin de semana en el World Trade Center de Boca del Río para hacerle un mitin político -insustancial en su contenido, pero que significa el arranque de la carrera por la gubernatura- a la secretaria de Energía Rocío Nahle García, desnuda a un régimen que utiliza exactamente las mismas artimañas de administraciones …

Sin ningún resultado en materia de desarrollo social, de seguridad, de crecimiento económico ni de infraestructura, al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” solo le ha quedado aferrarse a la perorata del “no somos iguales”, porque según ellos “ya no se permite la corrupción”. De hecho, fue en ese intangible –acabar con la corrupción-, que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador basó sus propuestas de campaña y la forma de cumplirlas. Según él, si se erradicaba la corrupción, habría los recursos públicos suficientes para fondear sus megaproyectos de obra y sus programas sociales asistencialistas. Tres años después, han desmantelado cuantas instituciones y programas han podido, sin importarles cómo funcionaran, y no hay dinero que alcance para cubrir el despilfarro de los presidenciales caprichos. Y lo peor de todo es que la corrupción goza de “cabal salud” en México.

A estas alturas del sexenio, está de más recordarle al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” que decía ser diferente, que iba a acabar con la corrupción, que defendería la libertad de expresión y que cambiaría para bien al país. Solo quienes tienen un interés fincado en la “4t” (político o económico), padecen ceguera y sordera intelectual o de plano son vulgarmente cínicos, pueden seguir afirmando que México “va de maravilla” y que los vicios del pasado han sido erradicados. No existe un solo indicador, uno solo, que demuestre una mejoría en la calidad de vida de la población, que se degrada con celeridad al ritmo de una inflación galopante, una economía contraída y de una violencia inclemente y sanguinaria, que afecta todos los órdenes de la vida del país.

Si todavía existiese alguna duda sobre la descomposición que se extiende por todo el régimen de Morena en Veracruz –específica, pero no únicamente-, el videopasquín que soltaron desde alguna atarjea este miércoles los desnudó como la basura que son, tanto sus cabezas reales como los obedientes lacayos que lo confeccionaron. ¿Por qué están tan molestos en el gobierno de Veracruz con las críticas de los periodistas, si según ellos tienen una “gran aceptación” entre la ciudadanía? Precisamente porque una cosa es la propaganda barata que colocan en medios que les regalaron su línea editorial por un plato de lentejas frías, que la realidad que asuela a la entidad. El “banderazo” de la violencia para una nueva disputa entre grupos delincuenciales por el control de Veracruz que significó la oleada criminal de principios de año, con más de 35 asesinatos a lo largo de toda la entidad –incluidas las narcoejecuciones en Isla y Emiliano Zapata- en una sola semana revelan un estado desvalido, en manos de autoridades indolentes, incapaces e incompetentes en el mejor de los casos. Cómplices, en el peor y por desgracia, más creíble escenario.

Muy bien tomada la medida les tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores de la “oposición” –los que quedan, por supuesto-, a los que al estilo mafioso, parece que les ofreciera “plata o plomo”. Y por supuesto, lo que aceptan es la plata. El presidente repitió este lunes el ardid que ya había aplicado el año pasado con los mandatarios de Sinaloa y Nayarit, de PRI y PAN respectivamente, a los que ofreció públicamente representaciones diplomáticas una vez que en esos estados ya había ganado Morena las elecciones de gobernador. Ahora tocó a la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y al ex mandatario de Campeche, Carlos Miguel Aysa. Ambos todavía priistas y en cuyos estados el Revolucionario Institucional perdió las pasadas elecciones y, por ende, las dos gubernaturas.