¡Charros, charros!
La iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz es, sin exagerar, un ataque frontal contra la libertad sindical y, por ende, contra los derechos humanos de la clase trabajadora. El régimen que encabeza Rocío Nahle pretende reinstalar un modelo corporativo que ya fue declarado inconstitucional y que contradice tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La propuesta –que originalmente suscribiría directamente la gobernadora, a lo que al final no se atrevió y se la encargaron a un “patiño” de la bancada de Morena en el Congreso local- busca eliminar la pluralidad sindical para que el gobierno únicamente tenga que negociar con un sindicato por área. En otras palabras, reinstalar la hegemonía del sindicato único, con la cláusula de exclusión incluida.
Ambas figuras fueron suprimidas por violar la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a elegir libremente su representación. Pretender su regreso es un retroceso histórico que coloca a Veracruz en la ruta del “charrismo” sindical, ese sistema de control político que convirtió a los sindicatos en brazos dóciles del poder en las mejores épocas del priismo omnímodo, sistema con el que el morenato no solo tiene afinidad: le es consustancial.
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