Autor: 12 Horas GR

La diplomacia mexicana ha tenido un ‘strike’ en Perú. El ultimátum de Lima para que el embajador mexicano Pablo Monroy abandone el país andino es el gesto de mayor contundencia hecho por la presidenta Dina Boluarte contra otro Gobierno de la región, en sus escasas dos semanas de gestión. La expulsión pone un hito en las relaciones entre ambos países, que si bien se estrecharon en el último año durante la administración de Pedro Castillo, entraron en una seguidilla de tensiones después de que el mandatario fuese vacado del cargo y relevado por Boluarte. La cancillería peruana alega que la salida exprés del embajador mexicano obedece a «las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en Perú». Para Lima, hay injerencia en los señalamientos que se han hecho desde México sobre la crisis política que se vive en el país sudamericano, donde la represión a las protestas a favor de Castillo ha ocasionado más de una veintena de muertes.

El estado de Arizona (EU) desmantelará el muro de contenedores con alambre de púas que fue instalado en el valle de San Rafael, ubicado en el sureste del condado de Cochise, en la frontera con México, luego de que el Gobierno federal demandara por esa causa al gobernador republicano saliente, Doug Ducey. Según un acuerdo alcanzado este miércoles entre las autoridades federales y estatales, la demolición del muro y todos los equipos relativos se completará para el comienzo del próximo año. «Antes del 4 de enero de 2023, en la medida de lo posible y para no causar daños a las tierras, propiedades y recursos naturales de los EU, Arizona retirará todos los contenedores de transporte previamente instalados y los equipos, materiales y vehículos asociados», reza el texto del documento. El arreglo de este miércoles se produjo a dos semanas de que el republicano Ducey deje su cargo y se posesione la demócrata Katie Hobbs, ganadora en las pasadas elecciones de medio término y una de las voces en contra del muro.

El Senado de EU ha aprobado este jueves el proyecto de ley del presupuesto federal para 2023, que contempla un gasto de 1,7 billones de dólares, con una enmienda que permite confiscar activos congelados de empresarios rusos para enviarlos como ayuda a Ucrania. La enmienda, presentada inicialmente por el senador republicano del estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham, fue votada por unanimidad. El promotor de la iniciativa enfatizó que este cambio en la legislación estadounidense «permite que el producto de los activos incautados se destine a apoyar los esfuerzos bélicos ucranianos, con lo que el pueblo de Ucrania y el contribuyente estadounidense salen ganando». «Espero que con el tiempo se envíen miles de millones de dólares en activos incautados para ayudar a Ucrania en su lucha por la libertad», tuiteó Graham.

La canciller peruana, Ana Gervasi, informó este jueves que México estaba al tanto de la situación judicial de la exprimera dama Lilia Paredes, esposa del destituido presidente Pedro Castillo, porque su despacho entregó el expediente que armó la justicia para acusarla de presuntamente coordinar una «organización criminal». «Se informó a México que la señora Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. También se ha entregado, junto con los salvoconductos, el expediente judicial de la señora, que fue proveído por las autoridades judiciales correspondientes», dijo Gervasi en declaraciones al medio local RPP. Gervasi agregó que su despacho hizo «una evaluación cuidadosa y legal, solicitó la opinión del Ministerio de Justicia y, a partir de ello, se determinó la obligación de entregar los salvoconductos» de Paredes y sus dos hijos para que viajaran en condición de asilo a México, donde ya se encuentran. La canciller también se refirió sobre la hipótesis de si la justicia peruana llega a condenar a Paredes por los cargos que le imputan. «Dado el caso, si es que el proceso avanza y llega a término, las autoridades judiciales podrán iniciar el proceso de extradición correspondiente de acuerdo a sus facultades. Son las autoridades judiciales las que llevan ese proceso», explicó.