Hacia un error histórico
La noche de este martes se consumó lo que en los hechos es el peor ataque a la división de poderes en México de los últimos 30 años, con la extinción de 13 de los fideicomisos con los que opera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Bajo una falsa premisa –los supuestos “privilegios” de los integrantes del Poder Judicial que serían financiados con ese dinero-, el obradorato no solo instrumentó su venganza contra la Corte por todas las leyes que le ha echado abajo por inconstitucionales. Fue también la primera piedra de lo que llaman el “plan C” para desbaratar la autonomía de los poderes de la Unión si Morena y sus aliados sanguijuelas llegan a obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en las elecciones del año próximo. En total, el régimen le arrebataría al Poder Judicial alrededor de 15 mil millones de pesos, afectando gravemente su funcionamiento, pero también las prestaciones y derechos de los trabajadores, lo cual miserablemente los palafreneros del régimen han querido negar. Así lo explicó con gran claridad la oficial mayor de la SCJN, Gisela Morales, quien aclaró que esos fideicomisos no son privilegios, sino derechos y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, entre éstos, las pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.
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