Nuevo traspié. Viola Cuitláhuac autonomía de la fiscalía general por el caso de Juan Manuel del Río
- En una actitud leguleya y violatoria al estado de derecho, el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez descalificó con singular sevicia al juez de la esfera federal que le concedió el amparo al interno y secretario técnico de la Jucopa del Senado, José Manuel del Río Virgen.
12HORAS / XALAPA, Ver., de 10 marzo de 2022.- Ante el amparo otorgado a José Manuel “N”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez condenó los intereses de quienes no quieren que se sepa la verdad ni se le haga justicia al excandidato René Tovar, su familia y la gente de Cazones.
“Muy lamentable que la mano negra del influyentismo pervierta un proceso judicial”, señaló.
Aseveró que los defensores del presunto responsable del abominable asesinato podrán decir lo que quieran, “pero para los familiares y amigos de la víctima se han desenmascarado y aparecen como verdaderas tapaderas”, mientras que ante la sociedad, “esos políticos caducos quedan como los promotores de la injusticia de la que se beneficiaban sus intereses particulares”.
Consideró que esto tuvo el amparo del poder corruptor de la justicia, siendo deplorable la actitud del juez federal Jesús Arturo Cuéllar Díaz, quien determinó, sin importarle las pruebas, que José Manuel “N” sea un político intocable porque tiene amigos influyentes en el Senado.
“Ahora resulta que son impunes por el amiguismo y la corrupción que lamentablemente aún prevalece en algunos pocos jueces del Poder Judicial de la Federación (…)”.
En conferencia de prensa, el mandatario dejó en claro que se ha mantenido respetuoso y al margen de las instancias fuera de su competencia, pero debía informar al pueblo de Veracruz las perversidades de un régimen caduco y venido a menos.
Con la aberrante decisión del juez federal se dejan sin respuesta a cuestionamientos claves del homicidio que se ventilaron en la audiencia pública de vinculación de Juan Manuel N por su presunta complicidad en el asesinato del candidato de MC.
Por ejemplo:
1. El juez federal no quiso que el imputado aclarara qué hacía en la zona del homicidio.
2. Queda sin responder por qué se trasladó un día antes del homicidio a esa zona como se acreditó en la audiencia y cuya presencia fue confirmada por él mismo ante el juez del caso.
3. Y el punto clave: Juan Manuel N deberá explicar por qué iniciaron los trámites de sustitución del candidato antes de que lo mataran. Repito: ¿cómo sabía que algo le iba a pasar al candidato que iniciaron su sustitución antes de su muerte?
Porque cabe señalar que existen pruebas de este hecho clave en la documentación que se presentó ante el órgano electoral y estuvieron en manos de Juan Manuel N, pues fue quien operó dicha sustitución.
4. Por si eso fuera poco, queda sin aclarar por qué tramitaron la sustitución del candidato asesinado por su coordinador de campaña, si legalmente a este no le correspondía. Y además, el sustituto propuesto resultó ser otro presunto cómplice del homicidio ¿Quién en su sano juicio propone como sustituto al cómplice del asesinato?
5. Hay indicios de que en días previos el coordinador de campaña intentó sobornar al candidato para que aceptara varios millones de pesos que un grupo delictivo le enviaba ¿qué sabe Juan Manuel N al respecto? ¿fue parte de la negociación con el grupo delictivo y por ello decidió sustituirlo por el mismo coordinador de campaña?
6. Por qué el presunto responsable Del Río N amenazó a familiares de la víctima y correligionarios con las palabras “¿quieren otro muerto?” en la reunión donde él decidió que el sustituto sería el coordinador de campaña antes de la elección y poco después del asesinato de René Tovar.
7. Por qué el Presidente Estatal del partido Movimiento Ciudadano señaló que quien operó la sustitución del candidato asesinado fuera de estatutos y procedimientos del partido fue Del Río Virgen.
8. ¿Qué pasó con los millones de pesos que el coordinador de campaña le llevó al candidato cuando lo intentó sobornar? ¿Quién se los quedó?
9. La detención de Juan Manuel N se hizo con orden de aprehensión liberada por un juez, no por ultrajes, sino por homicidio doloso calificado con pruebas que lo hacen sospechoso y presunto responsable de complicidad después de 6 meses de investigación. Se demostró que no se violaron sus derechos ni se inventaron pruebas.
Todas las consideraciones para ser señalado como presunto culpable fueron probadas en la audiencia de vinculación por parte de la fiscalía por lo que el juez del caso decidió vincular a proceso al presunto responsable. Y todas las afirmaciones de la fiscalía respecto a su presencia en la zona de lo hechos, su participación en la reunión cónclave de sustitución, las reuniones previas con el coordinador de campaña, un documento de su puño y letra, etc., fueron reconocidas por el mismo imputado como ciertas ante el juez en la audiencia pública de vinculación, al grado tal que uno de sus abogados le recomendó de que mejor ya no hablara. El delito de homicidio doloso calificado tiene la medida cautelar de prisión preventiva. La Fiscalía no inventó las pruebas y las demostró ante el juez del caso en presencia de 8 abogados defensores del presunto responsable. No hay ninguna violación al proceso judicial.
Por todo lo acontecido, queda este último cuestionamiento: ¿Qué intereses siniestros tras este abominable asesinato quieren ocultar los defensores de los presuntos responsables?
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