LOS COMPROMISOS DEL INDEP
El miércoles 22 de enero del año en curso, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Decreto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador le cambió el kilométrico nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE), por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Quiero pensar que tan ambiciosa y justiciera pretensión presidencial, no es otra retórica promesa de campaña, o un campanazo mediático a los que es tan proclive y de los cuales estamos hasta la coronilla. Hay incumplimientos del jefe del Ejecutivo que encuadran en francas violaciones a mandatos constitucionales, como garantizar la seguridad de los mexicanos, o hacer justicia y aplicar la ley “hasta las últimas consecuencias” (bella frase).
Qué bueno que estén tratando de vender a postores particulares “todo lo robado al pueblo”. ¿Cómo se lo van a devolver?, ese otro cuento (perdón, esa es otra cuestión), a menos que salgan con más rifas reguladas por la Lotería Nacional. Porque en la larga lista de espera hay joyas, relojes, obras de arte, residencias, fincas, helicópteros, avionetas, aviones, yates…
Y algo que no se ha contabilizado aún, que es mucho más importante que todo lo aquí reseñado.
Me gustaría saber, por ejemplo, que en el INDEP habrá ventanillas para que los ciudadanos, cualquiera que sea su condición social, puedan exigir que se les devuelvan la paz y la tranquilidad que la violencia y la inseguridad le han robado al pueblo de México.
Que el flamante organismo (¿o debí decir institución? garantice que la paz pública deje de ser la paz de los cementerios. Que se otorgue justicia expedita a miles de familias víctimas del crimen: hombres, mujeres, niñas y niños.
Que el gobierno aplique la ley y se castiguen ejemplarmente la impunidad y los abusos de género.
Que el gobierno de López Obrador deje a un lado la ambigüedad y defina: A) ¿Se propone acabar con instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos? B) Eliminar al Instituto Nacional Electoral? C) ¿Eliminar de la vida pública de México instituciones de probada solvencia académica, intelectual y moral como el Centro de Investigación y Docencia Económica? Y, en general, ¿aniquilar todo lo que signifique contrapesos para el autoritarismo presidencial?
Que el gobierno ofrezca certeza y claridad sobre la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública (junio de 2019), que implica un no tan velado) retroceso en la garantía de los derechos humanos. Se ha denunciado que serios problemas, tanto en su diseño, como en su estructura, fundamentos y organización, impiden que cumpla con su objetivo de “brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones”.
Que el Ejecutivo actúe sin miramientos contra la impunidad dentro y fuera del gobierno.
Que el gobierno sea el primero en cumplir con la ley y libere a la sociedad del miedo a caminar en paz y a expresarse con libertad.
Y una carta anticipada a los reyes magos: que el presidente Andrés Manuel López Obrador entienda que es criminal exacerbar el odio entre los componentes de una sociedad, por ambiciones personales.
La presentación del decreto presidencial en enero último, dice a la letra (cito) que “tiene un gran valor simbólico para la sociedad y el gobierno mexicano, pues está acorde con los principales objetivos de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hagamos a un lado lo del “gran valor simbólico”.
México está harto de símbolos. Serviría, en aras de la transparencia, precisar qué funciones tendrá el Gabinete Social de la Presidencia de la Republica, integrado por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Bienestar, Educación y Salud; así como por el INDEP, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Este último órgano propondrá y definirá el uso de los recursos y bienes a través de criterios de utilidad, seguridad y justicia social.
Y otras lindezas.