Exhortan a la FGE dar acceso al expediente por desaparición forzada a 3 jóvenes de Tuxpan
- Violaciones graves a derechos humanos ofenden a toda la sociedad: IVAI. Habían clasificado la información como reservada
12HORAS/ XALAPA, Ver., 20 de noviembre de 2019.-El IVAI ordenó a la fiscalía general del Estado (FGE) dar a conocer toda la información relacionada con la detención arbitraria y desaparición forzada de 3 jóvenes, así como un menor de edad, el 19 de marzo de 2016, en hechos ocurridos en Tuxpan.
Al resolver el recurso de revisión IVAI-REV/2886/2018/II, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) revocó el acuerdo de clasificación que había realizado la fiscalía general del Estado de Veracruz sobre estos actos deleznables.
Al dar respuesta, la Fiscalía envió el acta ACT/CT-FGE/SE-56/11/09/2018 por la que el Comité de Transparencia clasificó como reservada la información contenida en la carpeta de investigación FEADPDIZN-PZR/065/2017 generada por la detención arbitraria atribuible a elementos de la policía municipal de Papantla, por considerar que se podría vulnerar el procedimiento ya que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por los sentenciados.
Sin embargo, los comisionados José Rubén Mendoza Hernández, Yolli García Alvarez y Arturo Mariscal Rodríguez destacaron que, tratándose de investigaciones relacionadas con violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, debe prevalecer el principio de máxima publicidad de la información, como lo señala la Ley General de Transparencia y la Ley 875 de la materia en Veracruz, así como otros ordenamientos nacionales e internacionales.
Por lo que, ateniendo a ello y a tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo de investigaciones no pueden clasificarse como confidenciales, ya que el acceso a la información tiene relevancia no solo para las víctimas en forma directa pues ofenden a toda la sociedad; por su gravedad y por las repercusiones que implican en el ámbito local y nacional, existe un interés especial de los ciudadanos en conocer a detalle las acciones y resultados que las autoridades realizan en este tipo de delitos, a fin de tener la certeza de que se encuentran ajustadas a derecho.
Con su resolución, los comisionados del IVAI enfatizaron que la excepción a la regla general de reserva de las averiguaciones previas es acorde con los principios constitucionales que rigen la materia de acceso a información, ya que las razones para proteger la secrecía de investigaciones ministeriales son de menor jerarquía que el interés público de transparentar la gestión gubernamental, en una materia que tiene la más alta trascendencia en sociedades democráticas como es la del respeto a los derechos fundamentales.
En consecuencia, la FGE deberá entregar versión pública de la investigación ministerial en cuestión, así como cualquier otro documento que tenga relación; debiendo informar al solicitante previamente el número de hojas, costo, horario y domicilio para el pago correspondiente. Deberá eliminar las partes o secciones que contengan datos personales de las víctimas, infractor, familiares, testigos o terceros relacionados, como: nombres, domicilios, números telefónicos particulares, datos patrimoniales, estado de salud física y mental o cualquier otro que los haga identificables, con excepción del nombre de las personas desaparecidas.
Asimismo, la Fiscalía tendrá que valorar y, en su caso, reservar por excepción los nombres de los servidores públicos que realizan funciones operativas, preventivas y/o correctivas encaminadas a combatir la delincuencia que se encuentren en la carpeta de investigación –con excepción de aquellos que hayan sido difundidos en fuentes oficiales-, ya que esto podría poner en peligro su vida o su seguridad, incluso, la de sus familiares, pues podrían verse amenazados o presionados en cuanto el seguimiento y vigilancia de los procedimientos.
En la sesión pública de hoy se emitieron 312 sentencias, correspondientes a 764 expedientes, de los cuales 3 fueron denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y 761 fueron recursos de revisión, uno relacionado con protección de datos personales.
Fuente: CS