Justicia militar impone pena de 26 años a 8 militares por colaborar con Los Zetas en Coahuila

Soto y Sócrates, dos de los ocho militares condenados. Foto: Tomada de Internet

• La justicia militar mantiene en prisión a ocho milicianos acusados de colaborar con Los Zetas. Si la justicia civil no lo impide, se pasarán 26 años en prisión

EL PAÍS / MÉXICO.- El Tribunal Supremo Militar de México confirmó este lunes la pena impuesta a ocho militares por colaborar con el cartel de Los Zetas entre 2010 y 2011.

Si la justicia civil no lo impide, se pasarán 26 años en prisión. Ya llevan más de seis. Igual que el jurado que los condenó en primera instancia el pasado abril, el Alto Tribunal ha desestimado las torturas a que fueron sometidos durante el proceso.

Torturas infligidas por policías militares judiciales, que se encargan de investigar delitos en el ámbito castrense. O dicho de otro modo, torturas que sufrieron de mano de sus propios compañeros.

Con alguna variación, los ocho relatan que en marzo de 2011, policías judiciales militares los detuvieron en su batallón, con sede en Saltillo, en el Estado de Coahuila. Les trasladaron a un galpón dentro de las instalaciones del cuartel y les interrogaron.

También les torturaron. Al parecer, los judiciales trataban de probar que los ocho habían pasado información a enlaces de Los Zetas: por dónde saldrían a patrullar, dónde instalarían un puesto de control. Por entonces, Los Zetas habían desplazado al Cartel del Golfo en Coahuila y amenazaban su hegemonía en el norte del país.

Les tuvieron allí durante días, a golpes. En sus declaraciones al Ministerio Público militar, dieron detalles de aquel infierno: «Al sentir que me asfixiaba, comenzaba a manotear (…) Al tiempo de unos minutos me quitó la bolsa de la cara y me volvió a hacer la pregunta, que quién era TAURO, para quién trabajaba y que me dejara de hacer pendejo (…) [Luego] me quitó las esposas y me pidió que me desnude. Al desnudarme, me tira en un colchón, me amarra de pies y prácticamente la totalidad del cuerpo para que no me moviera y poniéndome un trapo en la nariz, comenzaban a tirarme agua en la cara».

Para Ramiro Ramírez, abogado de los ocho, su colaboración o no con Los Zetas no es el tema: «Es un juicio viciado y de esos vicios solo es culpable la misma Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, al permitir a sus agentes de la policía judicial que privaran de la libertad y torturaran a los sentenciados».

Durante el juicio, Ramírez insistió en que había jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apoya la nulidad de procesos, en que uno o más testimonios se obtienen mediante tortura.

En todo caso, insiste el letrado, «en los siete años de proceso, el ministerio público no encontró prueba de que ellos colaboraban con los Zetas. Lo único que existe son las declaraciones de ellos mismos incriminándose, pero por la tortura física y psicológica de la que fueron objeto.

Concretamente», sigue, «la acusación es que ellos transmitían información por medio de llamadas y mensajes de texto, y eso nunca lo pudieron acreditar, a pesar de que tuvieron los teléfonos de todos los militar y de los dos civiles.»

Los dos civiles a los que se refiere son supuestos integrantes de Los Zetas, cuyas declaraciones habrían forzado la intervención de la policía judicial militar. Tauro, mencionado arriba, sería el alias de un militar, contacto de Los Zetas con los demás.

La Sedena reconoce la tortura

Al inicio del proceso, dos de los ocho, Francisco Javier Soto y Sócrates Humberto López, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ombudsman investigó y elaboró un informe que probaba la tortura de los judiciales. Para evitar su publicación la Sedena llegó a un acuerdo, reconoció la tortura y accedió a pagarles una indemnización, 2.500 dólares. Sin embargo, el proceso continuó como si nada.

Al mismo tiempo, el Ejército mandó a un perito para que realizara un informe sobre la salud de todos; para que determinara si efectivamente habían sufrido tortura. En abril, durante el juicio, explicó que sufrían diferentes niveles de estrés postraumático derivado de los tratos que les brindaron durante su detención.

Tras seis años en la justicia militar, el caso llega ahora a la civil. Tras la consiguiente apelación de Ramírez, un tribunal ordinario verá el caso y decidirá. Entre tanto, los ocho pasan sus días en una cárcel federal en Veracruz.