Justicia. Recobra su libertad joven indígena por ‘aborto espontáneo’
Aurelia García celebra su liberación. Guerrero, México, 21 de diciembre de 2022. Twitter / Antimonumenta
- Había sido condenada a una pena de 13 años en un proceso colmado de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos en el estado de Guerrero. En 2019, cuando tenía 19 años, un policía de 50 años la violó varias veces en Xochicalco, una comunidad ubicada en el estado de Guerrero, en el sur de México.
Nazareth Balbás /
RT / MÉXICO.-Aurelia García, una joven indígena mexicana, fue liberada después de pasar tres años en prisión acusada de homicidio, aunque en realidad solo había tenido un aborto espontáneo y, además, su embarazo había sido producto de una violación.
La jueza Mariela Soraya Alfaro declaró a García inocente del delito de «homicidio en razón de parentesco», lo que puso fin a un caso que demostró las múltiples y cotidianas violaciones a los derechos humanos que padecen las mujeres en este país, y que se agravan todavía más en los pueblos indígenas.
En 2019, cuando tenía 19 años, un policía de 50 años la violó varias veces en Xochicalco, una comunidad ubicada en el estado de Guerrero, en el sur de México.
Al quedar embarazada, García decidió mudarse con una tía a la ciudad de Iguala. Sabía que en el pueblo la juzgarían por tener un hijo fuera del matrimonio, y que al abusador no le pasaría nada.
El 2 de octubre de ese año, la joven comenzó a tener fuertes dolores en el vientre y un sangrado abundante. Era un aborto espontáneo. Su tía llamó a una ambulancia y la trasladaron a un hospital. Estaba al borde de la muerte.
Al día siguiente, cuando García se despertó, descubrió que estaba esposada a la cama de la clínica. Los médicos que la atendían le preguntaban por qué había matado a su hijo. Más tarde, varios policías la arrestaron y la llevaron a la cárcel de Iguala.
Violencias
Aunque solo hablaba náhuatl, su lengua indígena, a lo largo del proceso judicial las autoridades siempre se dirigieron a García en español. Jamás contrataron a un traductor.
Además, los abogados que supuestamente tenían que defenderla le recomendaron que aceptara una pena de 13 años de prisión porque, de lo contrario, podrían sentenciarla a 50 años. Ella cedió, pero sin entender nunca por completo qué estaba pasando y sin que nadie le explicara sus derechos.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) intervino en el caso y apeló la condena. Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay se convirtieron en sus nuevas abogadas. Luego la jueza Indalecia Pacheco aceptó reponer el proceso, lo que permitió que se llevara a cabo una nueva investigación que culminó en una absolución.
«En estos tres años en la prisión aprendí a hablar español, ahora voy a estudiar mucho y ojalá pueda lograr mi sueño de ser maestra», dijo García al salir de prisión y encontrarse con su familia y con sus defensoras.
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La criminalización que enfrentó García ya no debería ocurrirle a ninguna otra mujer en Guerrero, ya que en mayo pasado el Congreso estatal despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación, pero todavía falta que en todas las comunidades se conozca y se respete este derecho.
«Aún quedan muchos pendientes por resolver, para ella y para las mujeres que se encuentran recluidas por algún delito relacionado con el aborto», afirmaron en un comunicado la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el Observatorio de Violencias contra las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, así como organizaciones y defensoras de Guerrero.
Los colectivos feministas advirtieron que, además de liberarla, las autoridades que condenaron a García deben reparar el daño causado a su vida y a su salud mental, emocional y física.
También recordaron que el Tribunal Superior de Justicia no ha querido revisar otros casos como el de García a pesar de que hace más de tres años se decretó en Guerrero una Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que supuestamente debería acelerar los procesos, además de cumplir con otras medidas para capacitar y profesionalizar a los y las servidoras públicas en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, con el fin de que den un trato digno a las víctimas y sus defensoras.
«Es urgente que comiencen a juzgar desde estas perspectivas y abandonen comportamientos misóginos que criminalizan a las mujeres, es urgente que dejen de lado sus prejuicios personales y omitir comentarios dolosos que interfieren en la obtención de justicia para mujeres víctimas de graves violaciones a sus derechos», señalaron.
12 Horas de Veracruz
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