Narcotráfico, impunidad y debilidad del estado de derecho socava a la región de Isla

Foto: Ilustración.

• El auge de las actividades visibles del narcotráfico en esta región y el resto de la entidad vienen, por lo menos, desde hace 3 décadas, desde la época del gobierno de Patricio Chirinos Calero (1992/98)  

Gaudencio GARCÍA /

Primera parte

12HORAS / ISLA, Ver.-Con una población de más de 24 mil habitantes, con alta marginación social, mínimos servicios públicos y como palanca de desarrollo la industrialización de la piña, esta localidad del sur de Veracruz tiene décadas que es nicho de las redes del narcotráfico.

Los residentes isleños han soportado estoicamente la industria del secuestro, ejecuciones, derecho de piso y el terrorismo de los cárteles de Los Zetas y de Jalisco Nueva Generación que se disputan el territorio para el tráfico, distribución y comercialización de la droga, ante la pasividad de los gobiernos federal y estatal con el slogan “abrazos, no balazos”.

El auge de las actividades visibles del narcotráfico en esta región y el resto de la entidad vienen, por lo menos, desde hace 3 décadas, desde la época del gobierno de Patricio Chirinos Calero (1992/98).  

Los gobiernos estatales y federales, según investigadores  del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la UV (IIHSUV) sobre el tema del narcotráfico, han sido cómplices con la erosión del estado de derecho,  la impunidad, la corrupción y el rentismo político.

“Por ello, cuando el boom de los cárteles de las drogas llegó, no había autoridades de justicia operacionales en ningún nivel de gobierno”, aseguran.

Alberto J. Olvera, en la introducción del libro ‘Justicia denegada’, Ensayo sobre acceso a la Justicia en Veracruz, describe el gran dilema que enfrenta el aparato político estatal ahora con las siglas partidistas de Morena. “No es un misterio entonces que la justicia haya sido y sea en México una institución casi ficticia”.

“El índice de impunidad  de los delitos lo demuestra: 98.5% de los delitos nunca son sancionados  (Instituto Mexicano para la Competitividad / Imco / 2015).

“El atraso de los casos en los tribunales  es tal que todas las cárceles del país hay más presos sin sentencia  que con ella, lo cual nos habla  del abuso  de la detención preventiva como defectuoso mecanismo de control de la delincuencia, que en realidad castiga la pobreza (Zepeda 2004; Pérez 2013).

El narcotráfico y la trilogía de la corrupción, impunidad y el debilitamiento del estado de derecho, continúan siendo el talón de Aquiles de los gobiernos de AMLO y de Cuitláhuac García, no de  dos o tres años para reducirlo si no más allá de un sexenio.

“Pero lo mismo sucede en temas civiles y mercantiles, laborales  y agrarios. La inaccesibilidad, lentitud, arbitrariedad y carácter impredecible de la justicia  atenta contra los más pobres y los sume aún más en la pobreza”.

Los vicios de procuración, administración de justicia y seguridad tienen su origen en la génesis del Poder Ejecutivo  y en la falta rigurosa de contrapesos de los poderes Judicial y Legislativo, así como en los demás órganos autónomos que son sometidos  bajo diferentes formas de sumisión.

“Las policías también han contribuido-sostiene Alberto Olvera, Doctor en Sociología por la New Schoo for Social  Researchs- históricamente a las funciones de control político de poblaciones y de reparto de la renta entre facciones.

“Los policías municipales fueron la fuente principal de renta para  los gobiernos locales hasta que en  los años noventa inició un proceso de descentralización del gasto público, sin que ello implicara el fin del abuso.

“Las policías estatales carecieron siempre de profesionalismo y eran fuerzas orientadas al control político de ciudadanos y de autoridades locales en caso de necesidad- verbigracia el caso Isla-. No recibían entrenamiento adecuado ni tenían instancias abocadas a la investigación criminal.

“Si las había carecían  de recursos humanos y técnicos, por lo que su trabajo era muy selectivo (Zavaleta 2010)”.  

Con una retrospectiva rigurosa de las principales patologías del aparato político estatal  que frenan la inhibición del crimen organizado y la restauración del estado derecho en Veracruz –vivimos en un Estado disfuncional-, la investigación colectiva que dio origen a ‘Justicia denegada’ aporta luz para que los operadores pasen el bisturí a la génesis de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y, se restablezca el tejido social y política de Veracruz.