Héctor Yunes

La decisión del Presidente López Obrador de exhibirse jugando un partido de béisbol, bromista y relajado, mientras la noticia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, daba la vuelta al mundo, no es más que una evocación de la escena que narra a Nerón tocando la lira mientras Roma se consume en llamas. “Al intentar dar los santos óleos a un hombre que acababa de ser baleado, un religioso recibió disparos del mismo atacante; el segundo cura llegó al lugar y fue muerto a tiros. Un tercer sacerdote no pudo impedir que se llevaran los cuerpos”. El relato es estremecedor. Es la crónica de un país bañado en sangre a causa de la violencia y la impunidad. “Hay tantos asesinatos en México. Estoy cerca, en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia», dijo el Santo Padre, el Papa Francisco, en respuesta a la tragedia vivida por los religiosos y un guía de turistas local. Tal vez el Papa no lo sepa con certeza, pero tiene razón. En México han sido asesinados más de 124 mil personas en lo que va del gobierno de Morena.

Desde su gestación, los tres elefantes blancos de la 4T -el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya- sufrieron de las peores malformaciones posibles: corrupción, ilegalidad, incapacidad, improvisación, arrogancia, desprecio por el medio ambiente y, sobre todo, la obstinación presidencial por proyectos absolutamente inviables en lo operativo y lo financiero. Hoy los tres elefantes blancos agonizan al igual que el régimen que los creó. En principio, el Felipe Ángeles no es un aeropuerto nuevo sino la remodelación de uno que ya existía. Hoy se cumplen siete semanas de su fastuosa inauguración y el AIFA no tiene vuelos ni usuarios; opera sólo con cuatro líneas comerciales. El aeropuerto no interesa a nadie: ni a las aerolíneas, sus pasajeros, bancos o casas de cambio, menos aún a los prestadores de servicios turísticos.

Las iniciativas de reforma que pretende impulsar el presidente López Obrador en materia electoral y para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), simplemente tampoco pasarán. No se trata de un rechazo sistemático a sus propuestas, sino que representan, al igual que la reforma eléctrica, un intento más de desmantelar al Estado para otorgarle más facultades al Presidente y a su gobierno. Estas nuevas iniciativas están inscritas en la misma lógica de la 4T: desconocer el sistema democrático y el fracaso de la política de seguridad. En este momento, como la ha dicho propio Cuauhtémoc Cárdenas, el país no requiere de una nueva reforma electoral. Y menos si el propósito es desaparecer al INE para convertir a López Obrador en el gran elector. Si el propósito es que las reglas del juego electoral funcionen, tendrían que permitir que los ciudadanos sepan de dónde viene el dinero que financia a los partidos y a los candidatos.

El 20 de julio de 2020, en este mismo espacio, dije de manera contundente respecto de mi participación como senador de la República en la aprobación de la reforma energética de 2013: ¡Yo voté por la reforma energética… y lo volvería a hacer! Quienes votamos a favor de esa reforma lo hicimos con responsabilidad, conscientes de la necesidad de incluir a México en una nueva generación de energías limpias y baratas, con una competencia abierta a favor de los consumidores. No tuvimos que recurrir a discursos patrioteros sin fundamentos. La contra reforma eléctrica que propuso el Presidente López Obrador no es patriótica. Tampoco son patriotas quienes este domingo votaron por ella, por el contrario. Estar en contra de esta reforma es tratar de evitar el “error más grande de todo el sexenio”, como lo advirtió el primer secretario de Hacienda de este gobierno, Carlos Urzúa.

​​Sobran razones para no ir a votar el próximo 10 de abril. La primera de ellas y tal vez la más importante, es que marcará el inicio de un autogolpe de Estado que el Presidente ha venido fraguando, paradójicamente, desde el mismo día en que ganó la elección presidencial. La consulta para la revocación de mandato no es algo tan superficial como lo han interpretado algunos críticos de López Obrador. No se trata de una megalomanía crónica que lo obliga a estar siempre en una boleta electoral; tampoco hablamos de un ejercicio costoso e inútil por lo anticipado del resultado, menos aún de un acto desesperado por la notoria caída en las encuestas y la aceptación de la gente. Eso pretenden hacernos creer.

Si usted, como cualquier mexicano interesado en la vida pública, desea conocer el contenido de los supuestos contratos que firmó México con las distintas farmacéuticas del mundo, las muertes por Covid-19, los convenios para la construcción de obras como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, los contratos de Pemex y la CFE, el proceso de venta del avión presidencial y hasta la razón por la que se liberó a Ovidio Guzmán, deberá esperar a que concluya este gobierno.

La desaparición de los organismos autónomos ha sido una tentación permanente para el Presidente López Obrador. No le gustan porque, al no ser parte de su gobierno, no están sujetos a su voluntad. Es la “arrogancia de sentirse libres” lo que enfada al Presidente. En la mayoría de los casos, estos organismos plantean límites al Poder Ejecutivo y establecen un sistema de pesos y contrapesos. Ninguno de ellos está adscrito ni subordinados a otro poder del Estado, aunque sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales. En realidad, los organismos autónomos no estorban al gobierno, le estorban al Presidente. La pretensión de desaparecerlos no es más que la búsqueda de un atajo hacia el sueño morenista de una presidencial imperial.

​​​El falso e inmoral ofrecimiento que ha hecho el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de “donar” la mitad de las prerrogativas de ese partido para la compra de la vacuna contra el Covid19 sólo vendría a confirmar que el gobierno de la 4T ya se gastó los más de 32 mil millones de pesos del dinero obtenido por la desaparición de los fideicomisos y que sería utilizado para tal fin. Las cuentas de Morena no le salen a Morena. Según el Presidente, el costo de la vacuna ha sido de cuatro dólares –unos 80 pesos al tipo de cambio-; aplicar hasta dos dosis de la vacuna a 128 millones de mexicanos tendría un costo de 20,489 millones de pesos, es decir, el gobierno aún tendría un remanente de más de 11 mil 500 mdp de los más de 32 mil millones que le quitó a los fideicomisos.

​​La decisión de postergar en la Cámara de Diputados la discusión sobre la reforma a la Ley del Banco de México aprobada por la mayoría morenista del Senado de la República el miércoles 9 de diciembre, sólo vino a confirmar el despropósito del Gobierno Federal de convertir al Banxico en la moderna lavadora “chaca-chaca” de dólares de la 4T. Esta reforma permitiría a los bancos y casas de cambio de nuestro país la compra libre e ilimitada de dólares, al mismo tiempo que obligaría al Banco de México a comprárselos. Sin embargo, también abriría la puerta a millones de dólares en efectivo que circulan en México y que provienen del tráfico de drogas u otras actividades ilegales.

En medio de su desvarío ante una pandemia que se desborda, el gobierno federal decidió el viernes pasado conceder a Veracruz la calificación de semáforo verde, lo que en teoría reconoce condiciones propicias para recuperar la normalidad, ya que se permite realizar todas las actividades, incluso el regreso a clases. Lo absurdo del caso es que se concedió esta distinción justo el día en que se quintuplicaron los casos de contagio (181) y aumentó el número de decesos respecto al día anterior (36). Hasta esa fecha, Veracruz registró un total acumulado de 40,184 personas infectadas –de los cuales han fallecido 5,843- con 10,287 casos sospechosos.