Héctor Yunes

La desaparición de los organismos autónomos ha sido una tentación permanente para el Presidente López Obrador. No le gustan porque, al no ser parte de su gobierno, no están sujetos a su voluntad. Es la “arrogancia de sentirse libres” lo que enfada al Presidente. En la mayoría de los casos, estos organismos plantean límites al Poder Ejecutivo y establecen un sistema de pesos y contrapesos. Ninguno de ellos está adscrito ni subordinados a otro poder del Estado, aunque sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales. En realidad, los organismos autónomos no estorban al gobierno, le estorban al Presidente. La pretensión de desaparecerlos no es más que la búsqueda de un atajo hacia el sueño morenista de una presidencial imperial.

​​​El falso e inmoral ofrecimiento que ha hecho el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de “donar” la mitad de las prerrogativas de ese partido para la compra de la vacuna contra el Covid19 sólo vendría a confirmar que el gobierno de la 4T ya se gastó los más de 32 mil millones de pesos del dinero obtenido por la desaparición de los fideicomisos y que sería utilizado para tal fin. Las cuentas de Morena no le salen a Morena. Según el Presidente, el costo de la vacuna ha sido de cuatro dólares –unos 80 pesos al tipo de cambio-; aplicar hasta dos dosis de la vacuna a 128 millones de mexicanos tendría un costo de 20,489 millones de pesos, es decir, el gobierno aún tendría un remanente de más de 11 mil 500 mdp de los más de 32 mil millones que le quitó a los fideicomisos.

​​La decisión de postergar en la Cámara de Diputados la discusión sobre la reforma a la Ley del Banco de México aprobada por la mayoría morenista del Senado de la República el miércoles 9 de diciembre, sólo vino a confirmar el despropósito del Gobierno Federal de convertir al Banxico en la moderna lavadora “chaca-chaca” de dólares de la 4T. Esta reforma permitiría a los bancos y casas de cambio de nuestro país la compra libre e ilimitada de dólares, al mismo tiempo que obligaría al Banco de México a comprárselos. Sin embargo, también abriría la puerta a millones de dólares en efectivo que circulan en México y que provienen del tráfico de drogas u otras actividades ilegales.

En medio de su desvarío ante una pandemia que se desborda, el gobierno federal decidió el viernes pasado conceder a Veracruz la calificación de semáforo verde, lo que en teoría reconoce condiciones propicias para recuperar la normalidad, ya que se permite realizar todas las actividades, incluso el regreso a clases. Lo absurdo del caso es que se concedió esta distinción justo el día en que se quintuplicaron los casos de contagio (181) y aumentó el número de decesos respecto al día anterior (36). Hasta esa fecha, Veracruz registró un total acumulado de 40,184 personas infectadas –de los cuales han fallecido 5,843- con 10,287 casos sospechosos.

La legalización del consumo de la marihuana representará un gran negocio para el gobierno federal pero un verdadero problema para la salud y la seguridad pública de los mexicanos. En un país donde no hay recursos suficientes siquiera para garantizar el abasto de medicinas a niños con cáncer, hoy el cuatroteísmo se lanza a la aventura de legalizar la marihuana sin programas, presupuesto ni infraestructura para prevenir adicciones y atender a los miles de nuevos potenciales consumidores; a cambio, las arcas de la Secretaría de Hacienda ya se alistan para recibir cientos de millones de pesos en impuestos. Los grandes productores de la droga también.

El viernes pasado, durante la conmemoración del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el discurso del secretario de la Defensa Nacional, general Cresencio Sandoval, tuvo en todo momento un tono de reivindicación a su antecesor, el también general Salvador Cienfuegos, y de desagravio para las Fuerzas Armadas que ambos representan. Fue un mensaje a la tropa pero también al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República. “El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo; cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino.

Conforme al mandato de la Constitución Política del Estado, ayer domingo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, hizo entrega de su Segundo Informe de Gobierno. El documento resulta ser un catálogo de muchas excusas y muy pocos resultados, que deberá ser analizado a la luz de la situación que prevalece en la entidad respecto a hace dos años y no del autoelogio y la complacencia.

​​​La confirmación del triunfo electoral de Joe Biden –el Presidente número 46 de los Estados Unidos- fue una buena noticia para México y una pésima para el Presidente López Obrador, quien desde un inicio apostó todo su capital político a favor de la candidatura de Donald Trump. No se hablará más del muro fronterizo como un tema de discriminación y supremacía racial; no habrá más niños recluidos en jaulas y separados de sus padres migrantes –545 pequeños no se han podido reunir con sus progenitores-; se extingue el riesgo de la desaparición del DACA, el programa de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños..

Contrario a la impresión que intenta imponer el gobierno federal, el debate sobre un nuevo federalismo y una nueva coordinación fiscal no es nuevo; no se trata de una súbita insurgencia de los gobernadores en contra del Presidente, sino de la necesidad de ajustar un modelo de organización política y fiscal a las necesidades de los gobiernos estatales y sus municipios. En el caso de Veracruz, es urgente que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sume a la exigencia de un federalismo que favorezca la inversión y el desarrollo de nuestro estado; conformarnos sólo con los programas sociales que “generosamente” envía el gobierno federal..

Como desde el día de su detención en el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿acaso el Departamento de Defensa de Estados Unidos habría otorgado al General Salvador Cienfuegos Zepeda la condecoración “Legión al Mérito”, en el grado de comandante, si hubiera tenido el menor indicio de lo que hoy se le acusa? ¿Habría hecho el General un viaje de turismo a ese país si tuviera la responsabilidad de vínculos inconfesables con delincuentes?