Héctor Yunes

El plagio de una tesis de licenciatura cometido hace 35 años por la Ministro Yasmín Esquivel Mossa ha desatado la peor crisis institucional que hayan tenido que enfrentar la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El acto de corrupción de la Ministro Esquivel resulta apenas el síntoma de una enfermedad que ha hecho metástasis: la corrupción al interior de la Corte respecto de los perfiles de algunos de sus integrantes -coincidentemente a propuesta de la 4T- y el plagio académico al interior de la UNAM. Por tratarse de dos de las instituciones más importantes del país, estamos ante una crisis de Estado. Tanto la SCJN como la UNAM están obligadas a iniciar una profunda investigación sobre estas prácticas para intentar rescatar algo del prestigio perdido con el ‘tesisgate’ de la Ministro Esquivel. ¿Quién podrá confiar en el futuro en una resolución emitida por una Corte presidida por quien hizo trampa para titularse? ¿Cuántos, a partir de esta triquiñuela de Esquivel, dudarán de la legitimidad del título de un egresado de la UNAM? Ambas instituciones están ante una encrucijada.

Durante el gobierno de López Obrador han sido asesinados en México un total de 63 periodistas. Tal vez el más mediático fue precisamente el que no se consumó, el de Ciro Gómez Leyva, identificado por el propio Presidente como uno de sus más acérrimos adversarios. La agresión que sufrió el periodista a unos metros de su casa la noche del jueves no es un hecho aislado; tampoco una casualidad. Se dio precisamente durante la primera quincena del mes de diciembre, la más violenta del año. Además, sucede casi al terminar el 2022, en lo que ya es el año más mortífero para periodistas en las últimas tres décadas. Tan sólo en el año que está por concluir han sido ejecutados 15 periodistas. Por mucho, México es el país donde más homicidios de comunicadores se han registrado – incluso el doble de los ocurridos en Ucrania-, según la organización Reporteros Sin Fronteras. El gobierno no mata periodistas, han dicho una vez ante la duda creciente sobre la autoría intelectual de las agresiones. En todo caso, si el gobierno no los mata, tampoco hace nada para protegerlos; por el contrario, ha creado todas las condiciones –polarización, descalificación, omisión, impunidad- para que esto suceda con mayor frecuencia.

Ante la creciente posibilidad de que la Cuarta Transformación se convierta únicamente en la cuarta alternancia presidencial, el debate no debe enfocarse solo en la incapacidad y autoritarismo del gobierno de López Obrador, sino también en las características de un nuevo sistema político que sustituya al presidencialismo: el gobierno de coalición. Paradójicamente, la iniciativa de un gobierno de coalición cobró fuerza hace más de una década ante un presidencialismo débil, incapaz de transitar reformas de gran calado en un Congreso dominado por la oposición. Sin embargo, hoy se presenta como la alternativa más sólida para frenar el hiper presidencialismo y construir un nuevo sistema político en México. El sistema presidencialista está agotado. La democracia ha sido una puerta abierta a los excesos del poder en todos sus niveles, en todos sus poderes, en todos sus gobiernos. La fallida 4T sólo exacerbó estos vicios.

​Movido por el resentimiento y la frustración, el Presidente ha respondido a cientos de miles de ciudadanos que se movilizaron en defensa del Instituto Nacional Electoral: “¡Quédense con el INE! ¡Les falta pueblo!”. López Obrador sabe que la batalla de la reforma electoral está perdida y hoy busca un plan B: hacer de lo que siempre se dijo víctima: el fraude electoral desde el poder. La marcha promovida y financiada por el Presidente y sus gobernadores no cumplió su objetivo: no alivió la inquina presidencial, no mostró músculo ni generó las condiciones para sacar adelante su reforma electoral en el Congreso. Le faltó pueblo. López Obrador ya no podrá cambiar el método para elegir a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF; tampoco reducir el número de diputados y senadores, ni quitar el presupuesto a los partidos. Las tres iniciativas eran claves para romper los contrapesos al Presidente.

La escena era verdaderamente dramática: adolescentes que no podían respirar, les dolía el pecho, vomitaban, se desmayaban. Empezaron a llorar y gritar, quedaron tirados en el piso y los pasillos, mientras maestros y padres de familia corrían presas del miedo y la incertidumbre. Salvo el Presidente y su gobierno, nadie en Bochil, en los Altos de Chiapas, olvidará la escena de pánico en la escuela Juana de Asbaje. Lo mismo sucedió en dos secundarias federales de Tapachula y el Colegio de Bachilleres de Tuxtla Gutiérrez. Sólo en Bochil, 72 estudiantes tuvieron que ser hospitalizados; una semana después, once de ellos seguían en el nosocomio; por fortuna, el caso más grave había salido del coma. ¿Qué intoxicó a 154 adolescentes, lo mismo de ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez que de un pequeño municipio rural? ¿Quién tuvo libre acceso a las escuelas, a la alimentación de los estudiantes y cómo lo distribuyó al interior de los centros escolares? ¿Qué pretendían los autores este crimen atroz? Lo más grave del caso es que las autoridades de salud y de procuración de justicia no tienen la más peregrina idea de lo que ahí sucedió.

​​En 2018, meses antes de la elección del candidato al Gobierno del estado en Veracruz, me reuní con un emisario muy cercano a quien manda en Morena. Me trasmitió su invitación para ser el abanderado de ese partido al cargo de Gobernador. Invitación que agradecí y decliné, a pesar de las extraordinarias posibilidades de triunfo. Decidí entonces apoyar la candidatura de Pepe Yunes. El encuentro se realizó en el restaurante VIPS, frente la antigua glorieta de Colón en la ciudad de México. Siempre he sido un opositor nato, real. Como diputado local, Coordinador del GPPRI y Presidente de la Jucopo, voté en contra de la bursatilización y también subí a tribuna a razonar mi voto en contra. Me opuse a la candidatura de Javier Duarte, con quien tuve desencuentros públicos y en privado, como la emblemática caña de pescar. Cuando se fugó, fui el único que le pidió públicamente que se entregara. Incontables veces –como diputado federal y ahora como ciudadano- me he opuesto a las ocurrencias de los gobiernos de Morena. También he sido propositivo, como cuando me entrevisté con el gobernador en su tercer día de su gobierno y le expresé mi disposición a colaborar en la solución de los problemas del estado. Y ahora, mediante un listado de 15 propuestas, donde sugiero la manera de resolver la tragedia a la que nos ha llevado la 4T.

Los recientes episodios de violencia que vivimos en la región de Orizaba, los problemas para la atención de la población civil por la presencia de fenómenos meteorológicos –entre ellos, el colapso de la carretera costera del Golfo-, así como la crisis provocada por la falta de autonomía y transparencia del Poder Judicial, han puesto en evidencia la fragilidad institucional del estado. Por ello, en esta segunda entrega, me permito poner a consideración de los veracruzanos nuevas iniciativas y propuestas –a las que se irán incorporando las inquietudes y necesidades de más ciudadanos y organizaciones- que serán materia de trabajo del frente ciudadano que hemos propuestopara atender la agenda de un Veracruz en emergencia.Planteamos: 7. Poner en marcha un programa de activismo cívico urgente, para reducir drásticamente la comisión de delitos;hacer conciencia social de las consecuencias que implican para todos, las conductas criminales; y propiciar acuerdos vecinales y comunales para la promoción de los valores de convivencia, el respeto a la ley y la civilidad.

​​​Cuentan quienes asistieron al Palacio Nacional como invitados especiales al Cuarto Informe de Gobierno que en su camino al estrado donde habría de pronunciar su mensaje, el Presidente López Obrador dejó caer accidentalmente un manojo de hojas que contenía la esencia de sus palabras. Comparto los datos del extravío. Las grandes obras. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) no tiene vuelos internacionales y lo han convertido en la arena de lucha libre más cara del mundo. Dos Bocas ya costó más del doble del presupuesto inicial y es posible que el propio Presidente no vea un barril de gasolina ahí refinada en lo que queda de su gobierno. El Tren Maya sigue su paso devastador por la selva peninsular, sin que hasta ahora nadie sepa quien se benefició con la madera, producto de la tala criminal que han cometido.

​​La violencia que se vive en Coatzacoalcos no es nueva, pero nunca como ahora. Tampoco de trata de hechos aislados. Es la radiografía del terror que se vive en toda la región sur del estado, donde incluso autoridades municipales han sido ejecutadas o han denunciado ser víctimas de secuestro y extorsión por parte de la delincuencia. Nadie está a salvo. La quema este sábado de patrullas de la policía estatal con bombas molotov afuera de un taller mecánico en Coatzacoalcos, vino a recordar que las heridas por las masacres del bar “Caballo Blanco” en ese municipio y la palapa “Los Potros” en Minatitlán –en ambos eventos fueron ejecutadas 45 personas-, siguen abiertas. Estas masacres que conmocionaron al país entero siguen impunes. Luego de tres años, la autoridad no ha resuelto ninguno de los casos; algunos de los detenidos fueron liberados por falta de pruebas y las víctimas han sido ignoradas en su petición de justicia. Los responsables solo han recibido de la autoridad estatal perdón y olvido.