¡Salvemos de la 4T a las Universidades Públicas

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Héctor Yunes Landa


​Yo estudié en una universidad pública, la Universidad Veracruzana (UV), una de las diez más importantes del país. A muchos de mis paisanos- y de otros estados del sureste mexicano que pasamos por sus aulas-, nos cambió la vida y nos dio las herramientas necesarias para nuestro desempeño profesional. Gracias a la UV, pudimos confirmar que la educación hace la diferencia en cualquier actividad.

No se trata de abrir un debate sobre la calidad de las universidades públicas y privadas; tampoco del tamaño y la importancia de cada una de ellas o del innegable aporte que hacen al desarrollo del país. Se trata de que, ante las dificultades que enfrenta la educación superior en México, es hora de que salvemos a nuestras universidades públicas.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha lanzado un llamado de alerta, informando que nueve universidades públicas del país enfrentarán a finales de año un pasivo superior a los 16 mil  millones de pesos, lo que les impedirá pagar la nómina y prestar servicios tan básicos como la impartición de la cátedra en el aula. De no tomarse acciones inmediatas, quedarán paralizadas.

Según el informe de la ANUIES, la principal causa externa del déficit es la insuficiencia financiera y la reducción de los fondos extraordinarios que se eliminaron del presupuesto federal. Se trata de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, las universidades autónomas del Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Chiapas las que “experimentan problemas financieros críticos que ponen en riesgo su operación”.

Los rectores de estas universidades aluden otras razones igual de importantes: el aumento de la matrícula sin incremento presupuestal, el estancamiento de los subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los recursos estatales, pagos de pensiones a trabajadores y maestros, adeudos al SAT, deudas bancarias y plantillas de profesores no reconocidas tanto por la SEP como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Estas nueve instituciones públicas de educación superior cuentan con una nómina de alrededor de 60 mil trabajadores –entre investigadores, académicos y personal administrativo-, así como una matrícula de 212 mil 582 estudiantes. Su situación financiera es tan precaria que deben siete de cada 10 pesos que les entrega el gobierno federal como subsidio público, por lo que es urgente una solución estructural al problema.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha extendido hasta las universidades públicas el prejuicio de una corrupción generalizada –casi nunca comprobable- para aplicar recortes presupuestales que debilitan a las instituciones, con el único propósito de emprender una política pública sin fundamento. Es el caso de las nuevas universidades del bienestar.

Por supuesto que en un país como México -donde sólo 17 de cada 100 personas logra cursar estudios de nivel superior- la ampliación de la matrícula es una urgente necesidad. Nadie puede cuestionar la intención del gobierno federal de llevar educación superior a más mexicanos, pero no puede hacerse a costa de otras universidades públicas donde millones de jóvenes construyen su único futuro posible.

La formación de al menos medio millón de estudiantes universitarios está en riesgo. De no encontrarse una solución inmediata a la crisis económica que enfrenta la educación superior en México, los más afectados serán los sectores estudiantiles con menos recursos, pero también se cerrarían las oportunidades a muchos jóvenes investigadores y académicos que estarían buscando un espacio laboral en estas universidades.

Pero hay un riesgo aún mayor. La iniciativa del Presidente López Obrador de fundar un centenar de universidades gratuitas, podría terminar sacrificando la calidad y la operación de instituciones públicas muy reconocidas, generando una educación popular de segunda clase, como ya sucedió en la Ciudad de México.

La cuarta transformación se podrá robar la razón de algunos, pero no el futuro de todos.

*Candidato perdedor del PRI a la gubernatura de Veracruz en los comicios de 2016 y en el proceso interno del tricolor en 2018 por el efecto Meade.      

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