Jurista Carrancá: sería homicidio

La Grilla en Tabasco.

¿Ya hubo marcha atrás? ¿O solo se matizó? Juristas del más alto nivel, como Raúl Carrancá y Rivas, alzaron la voz para denunciar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del documento emitido por el gobierno mexicano, mediante el cual se dictan protocolos para decidir a quién se le dejaría morir cuando llegue la fase más grave del COVID-19 y escaseen equipos médicos.

Por su parte, la rectoría de la UNAM, en su calidad de integrante del Consejo de Salubridad General que encabeza el Presidente de la República, desautorizó tal instructivo que prevé escenarios “para la toma de decisiones de triaje, cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19”.

Pasado el mediodía, en el sitio web oficial ya se había modificado el título del referido documento, que ahora dice: “Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica”. Al caer la tarde, en la página del CSG se leía: “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Este documento es un borrador que se está actualizando constantemente, dado que se trata de una guía orientadora y dinámica que debe ser evaluada por el Consejo de Salubridad General”.

La cuestión de fondo es que se contempla la inminencia de una situación gravísima en nuestro país, en virtud de que el sistema de salud no está preparado para la magnitud de la catástrofe sanitaria que se avecina, aunque curiosamente en Tabasco la secretaria de Salud, Silvia Roldán, declaró que “Tabasco está preparado para enfrentar la fase 3 de la pandemia”.

A continuación, una serie de mensajes publicados en Twitter por el doctor Carrancá, profesor emérito de la UNAM quien a finales de los años noventa participó en la elaboración de reformas al Código Penal de Tabasco y es ampliamente conocido aquí entre la comunidad de profesionales del derecho, así como en el ámbito internacional:

1. La ética médica no puede ser ajena o contraria a la ética jurídica. Si así fuera retrocederíamos siglos en la historia de la humanidad. Sin derecho se vendrían abajo todos los principios morales d ella propia humanidad.

2. Ninguna emergencia sanitaria puede ir contra el derecho. Este tiene fórmulas jurídicas para enfrentarse al problema, no la medicina ni tampoco el médico.

3. Ninguna Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica puede estar por encima del derecho y de la ley, que en el Código Penal tipifica el delito de homicidio. Es un principio universal de derecho. Homicidio es “privar de la vida a otro”.

4. Que recuerden los médicos el juramento hipocrático, a propósito de “decidir” ellos entre un joven y un viejo para atender solo a uno con un respirador. Quien diga lo contrario, desde la Organización Mundial de la Salud hasta el más modesto médico, solapa un homicidio.

5. Si el médico decide entre un joven y un viejo con coronavirus a quién de los dos salvar con un respirador, su decisión conlleva un homicidio. Salvo casos extremos de incertidumbre, dilemáticos, que la doctrina comprende, el médico no puede ni debe ser juez. Su misión es sanar.

Hasta ahí, las precisiones del doctor Raúl Carrancá, quien previamente formuló una amplia disertación sobre el tema a través de Facebook Live.

De cualquier manera, el instructivo aunque matizado en su presentación se mantiene y detalla pasos a seguir, aunque se agregó el siguiente comentario inicial:

«Esta guía no es un documento definitivo, sino dinámica y únicamente sería discutida y acordada como disposición general por parte del Consejo de Salubridad General, conforme a lo previsto en su Reglamento Interior y, en su caso, entraría en operación si la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada, o está cerca de ser sobrepasada, y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada”.

En el terreno de los hechos, resulta ser frecuente que un médico deba decidir entre la vida y la muerte, basado en su formación y ética profesional. Situación muy diferente, muy grave, es que un gobierno instruya, ordene al respecto.

Twitter: @JOchoaVidal

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