Juez protege a Elektra Macuspana
La Grilla en Tabasco.
Juan Ochoa Vidal
El decreto que establece estado de emergencia sanitaria nacional por la pandemia, emitido por el Presidente de la República el 30 de marzo y publicado esa misma noche por el Diario Oficial de la Federación, hay quienes se lo están pasando por donde no da el sol. Nos enfocamos en un caso sucedido en Macuspana, que involucra a una cadena comercial y compromete, ante la opinión pública, al juez cuarto de distrito en el estado.
El referido funcionario del Poder Judicial de la Federación, Guadalupe Servando Quiroz Ayuso, sorprendentemente, con fecha 5 de abril, concedió amparo a la sucursal de Banco Azteca en ese municipio.
Fue clausurada por el ayuntamiento, junto con la tienda Elektra en cuyo interior se ubica, en virtud de que el que el funcionamiento de la institución financiera se utilizó como pretexto para continuar en la comercialización de todo tipo de productos y la indebida concentración de personas, sin que al o los responsables les importe la salud de la población, pero sí el vil lucro.
Veamos:
El gobierno de México decretó el estado de emergencia sanitaria nacional por la pandemia del coronavirus, para frenar la velocidad de los contagios, y solicitó a las personas no salir de sus hogares hasta el 30 de abril, ni realizar reuniones de más de 50 personas. La noticia se dio poco después de que la Secretaría de Salud confirmara que el número de infectados con el SARS-CoV-2 ya había superado las mil personas en el país.
El decreto, firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ordena la suspensión de todas las actividades públicas y privadas no esenciales. A nombre del gobierno federal, el canciller Marcelo Ebrard informó que los negocios o empresas que violen las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud serán sujetos a castigos que pueden ir desde sanciones administrativas y hasta penales.
El subsecretario Hugo López-Gatell advirtió ese día que la declaratoria no implica por ahora un “estado de excepción” -que de ser necesario corresponderá al Congreso de la Unión aprobarlo- o toque de queda.
Las actividades que no se suspenden son las relacionadas con la rama médica y del sector salud, tanto público y privado, así como las de seguridad pública, integridad y soberanía nacional. Tampoco se suspende la actividad legislativa ni la de sectores esenciales para el funcionamiento de la economía e incluso los programas de bienestar del gobierno federal.
No obstante, en una acción que arroja interrogantes en cuanto a sus motivaciones, el 5 de abril el juez concedió a la parte quejosa, representada por María de la Paz Zayas Gil, apoderada legal de Banco Azteca, la suspensión de oficio y de plano del acto que reclama consistente en la confiscación de bienes, en franca burla al estado de derecho y, más aún, desafiando un decreto firmado por la primera autoridad del país.
Así le fue comunicado al ayuntamiento, mediante oficio suscrito por el secretario del juzgado, Gandhi Alarcón Ramírez, con la “chicanada”:
“Pídase a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes con justificación que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación del presente proveído, en el que expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado”.
Aquí no estamos ante un caso en el que inexplicablemente, por el poder que se le confirió, un juez libera a un delincuente; pero sí ante un amparo para que de manera impune la tienda continúe lucrando, al tiempo que pone en riesgo la salud de la población, en una situación que contrasta terriblemente con lo que hacen los demás negocios, grandes, medianos, pequeños, pequeñitos, de Macuspana y el resto del país.
¿Tan poderoso es el grupo empresarial de Elektra y Banco Azteca? ¿Cómo se atreve un juez a desafiar al Presidente, así como al gobernador de Tabasco, quien conforme a sus propias atribuciones emitió similar decreto?
¿Será entonces necesario que, ante el desacato, el gobierno mexicano solicite al Poder Legislativo el estado de excepción y suspensión de garantías individuales? ¿Son intocables los que se burlan de la ley y del sufrimiento del pueblo?
Twitter: @JOchoaVidal