Seguridad Nacional

La Fiscalía General de Chihuahua, en su sección zona norte, llevó a cabo este viernes la inhumación de 56 cuerpos no identificados en fosas individuales, como parte de un procedimiento que busca dar un destino digno a quienes fallecieron sin ser reclamados.
Entre los cuerpos se encuentran 54 hombres y dos mujeres, algunos de los cuales podrían ser migrantes que perdieron la vida en su intento por cruzar la frontera rumbo a Estados Unidos.
“De las 56 personas que trajimos -54 hombres y dos mujeres- la más antigua es del 2022 y la más reciente es del 2024“, explicó a EFE el coordinador de servicios periciales y ciencias forenses en zona norte, Héctor Manuel Jaco Hernández.
Explicó que el procedimiento de identificación de los cuerpos es un proceso minucioso que involucra la recolección de un “archivo básico”, que contiene información médico-forense, datos genéticos, fichas necrodactilares y otros elementos para facilitar la identificación.
“Una persona identificada es ya cuando hay alguna familia que lo reclama, que nos brinda información para poder identificar”, detalló el perito.

Tras el informe presentado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, respecto a los hallazgos del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, defensoras de derechos humanos criticaron en Aristegui en Vivo el retraso de la atracción del caso por autoridades federales, deficiencias en el proceso investigativo y la necesidad de reformar a las fiscalías estatales.
Ana Lorena Delgadillo, defensora de derechos humanos y fundadora de la Fundación para la Justicia, subrayó “las falencias” de la Fiscalía General de la República (FGR) y cuestionó que no haya iniciado una investigación y atracción del caso a pesar de los elementos que apuntaban a delitos de su competencia.
Señaló que, en el caso de Jalisco, el fiscal reconoció la existencia de elementos de delincuencia organizada y el uso de armas exclusivas del Ejército. “Mi pregunta es, ¿por qué no se inició?”, cuestionó.
Asimismo, criticó que a pesar de la intervención del Ejército y la Guardia Nacional en septiembre de 2024 no haya derivado en una investigación federal.
“Si hubo una intervención del Ejército, hubo una intervención de la Guardia Nacional, había personas secuestradas, claramente había elementos de delincuencia organizada, ¿por qué en ese entonces la Fiscalía no inició la investigación?, ¿por qué se la tuvo que pasar al gobierno local?”.

La presidenta Claudia Sheinbaum denunció este martes que, a raíz del hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, se desató una millonaria «guerra sucia digital» en su contra para instalar de manera ficticia el hashtag #narcopresidenta en un vano intento de relacionarla a ella y a su Gobierno con el crimen organizado.
«Este caso es una campaña orquestada con dinero, con compra de bots, de robots, de cuentas que no pertenecen a una persona y recursos que no sabemos de dónde vienen para poder inflar una tendencia (…) ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca», afirmó la mandataria en rueda de prensa.
Esto, al presentar un análisis pormenorizado de los ataques que ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibieron en la red social X del 12 al 17 de marzo, después de que el país se conmocionara con las imágenes de Teuchitlán.
«Es muy importante denunciarlo porque alguien está destinando recursos, 20 millones de pesos (un millón de dólares) en cuatro días para poder levantar una tendencia falsa», dijo al aclarar que sólo el 20 % de la población en México usa X, por lo que se trata de un sector minoritario que intenta distorsionar la conversación pública.