Opinión

Tema central, obligación de siempre es atender, cuidar y vigilar evaluación, fiscalización y Contraloría social, de todo tipo de gobierno; y, en particular, del trabajo realizado por los gobernantes, funcionarios y servidores públicos de actualidad. Fiscalizar, es un derecho ciudadano y social y, a la vez, una obligación institucional y del servidor público a cargo. Lo grave es cuando el fiscalizar se corrompe, para no cumplir con su deber y dejar hacer y dejar pasar hechos y actividades condenables. Luego entonces fiscalizar al fiscalizador es más que un derecho, es una obligación. Los primeros que deben enfrentar la ley son aquellos que, debiendo cumplir y hacer cumplirla, no lo hacen y se pasan de listos. Así que no debe extrañar que se exija poner atención y ocuparse de todas las actividades gubernamentales; y en particular, de todo lo relativo a informes de resultados, su seguimiento y control, su evaluación y fiscalización, así como la disponibilidad, uso y destino de los recursos públicos y, desde luego, del ejercicio de las atribuciones institucionales. ¿Qué y cómo lo ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son los resultados, respecto a los deberes y obligaciones que se deben cumplir? ¿Dónde están los resultados y las acciones de los fiscalizadores bien pagados? ¿Qué hacen aparte de hacer como que hacen?

De entrada, hay que precisar que es indispensable considerar, analizar y decidir siempre, sobre las finanzas públicas. Imprescindible considerarlo tema prioritario y someterlo, a verdaderas y auténticas actividades de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, así como asegurar en forma permanente en cada caso, seguimiento, control y fiscalización. Todo ello, con una garantizada participación, evaluación y Contraloría ciudadana y social. Dígase lo que se diga, la deuda pública aumenta y se debe más y más. El colmo, es la obstinación enfermiza de negar la realidad, aunque se pruebe y compruebe que crece y crece el tamaño del daño. Una y otra vez, los vemos intentar ocultar lo inocultable y negar que sigue aumentando lo que se debe. Simulación, distracción y encubrimiento pretenden ignorar o minimizar una realidad que ya pesa demasiado, tan solo el ámbito federal para 2022, en deuda pública financiera se habla de un monto aproximado de 14 billones de pesos, hay que actualizar y analizar los ámbitos estatal y municipal, así como lo correspondiente a organismos descentralizados, como PEMEX Y CEFE, que ya son un escándalo.