Emilio Cárdenas Escobosa

En todas las democracias modernas es común que el partido que gobierna busque su permanencia en el poder y que la ciudadanía que en un momento determinado les otorgó su confianza se la refrende en el siguiente proceso electoral. Este propósito implicaría, en primer lugar, que al llegar a las administraciones públicas los candidatos emanados de una fuerza política cumplan puntualmente con los compromisos contraídos con la población y que derivado de ello su legitimidad se afiance a grado tal que los electores deseen renovarles el mandato. Es una aspiración legítima e incuestionable.

Este 23 de marzo se firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia al que convocó a las y los mandatarios estatales el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo central del compromiso suscrito por todos los gobernadores con excepción de los de Sinaloa y Jalisco es que las autoridades federales y locales se comprometen a no intervenir en el proceso electoral en curso a favor de ningún candidato o partido político, y que tampoco usarán el presupuesto público para apoyar campañas electorales. Lo pactado se extiende a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar trampas; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas u otras prácticas ilegales y antidemocráticas.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y eso es lo que pasó en el México de los años cuarenta del siglo pasado cuando se estableció el delito de disolución social en un contexto y con objetivos muy distintos a los que habría de servir al final, y que llevó a la persecución de cientos de disidentes del monolítico régimen político de aquellos tiempos. Recordemos que esta norma surgió en una época muy compleja para la seguridad nacional del país como fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que en el año de 1941 el entonces presidente Manuel Ávila Camacho envía una iniciativa al Congreso de la Unión, que adicionaba el delito de espionaje en tiempos de paz y creaba, en el artículo 145 del Código Penal, el tristemente célebre delito de disolución social, que a la letra decía:

El tema del feminismo incomoda al presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario pese a su claro afán de priorizar en su gobierno a los que menos tienen, de abatir las desigualdades y poner el centro de la acción gubernamental en atender los rezagos, en orientar programas sociales para ello y distribuir recursos entre amplios sectores, en abanderar –aunque las más de las veces solo de palabra- el combate a la corrupción, ha tropezado definitivamente con las mujeres. En diversos momentos de su gestión López Obrador ha mostrado una evidente misoginia intelectual cuando se le pregunta sobre el tema de la violencia doméstica, de los feminicidios, de los reclamos por una vida libre de violencia contra ellas, de las marchas que reivindican esas causas.

En el sector público, la fiscalización o función fiscalizadora tiene como objetivo que la actividad económico-financiera del aparato estatal se sujete a los principios de legalidad, eficiencia y economía, a través de órganos públicos denominados entidades fiscalizadoras superiores, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada en 1999 y dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en las entidades federativas como Veracruz con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en funciones desde el año 2000 y que rinde cuentas al Congreso local.

La figura de los candidatos independientes surgió en México como una de tantas vías que se han ensayado para ciudadanizar la política, hacer efectivos derechos políticos consagrados en las leyes y atender, aunque sea de manera tangencial, la creciente demanda de la gente para que los representantes populares rindan cuentas. Se creyó que al abrir la posibilidad de que un ciudadano busque acceder a cargos de elección sin pasar por las maquinarias de los partidos lo alejaría de las prácticas tradicionales que invariablemente sujetan a un político a los intereses de gobiernos o dirigencias partidistas para acercarlo al ideal de responder sin cortapisas al elector.

En menos de 6 meses los veracruzanos iremos a las urnas para elegir de entre una variada gama de opciones a las mujeres y hombres que habrán de ser nuestros representantes en el Congreso del Estado y las autoridades municipales para los próximos cuatro años. Desde ya esos aguerridos combatientes de la política buscarán convencernos de las bondades de sus propósitos y de su capacidad para servir eficazmente a los intereses y preocupaciones colectivas. En cada uno de nosotros está el creer o no en sus ofertas, movidos por el conocimiento que podamos tener sobre ellos, las plataformas electorales que dirán defender, o el historial y la práctica de gobierno de los partidos que los postulan.

Iniciado el 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid 19 que todavía va para largo en todo el país y a la que no podemos verle freno, en Veracruz sigue la otra pandemia, la de la violencia criminal, que no da tregua y para la que parece no haber vacuna. Las desapariciones, los levantones, los secuestros, las ejecuciones, las extorsiones, la quema de negocios, de unidades del transporte público, en represalia por no cubrir cuotas a los delincuentes, la aparición de mantas en diversos puntos del estado con amenazas y mensajes de grupos criminales, son parte de nuestra realidad que por más que se trate de minimizar no puede ocultarse. El gobierno del estado no ha podido con el problema, por más cuentas alegres que haga o pretenda maquillar la dura realidad.

Las violentas escenas que vivió Estados Unidos este miércoles 6 cuando simpatizantes del presidente saliente irrumpieron en el Capitolio deteniendo el conteo de los votos electorales en la sesión del Congreso de Estados Unidos convocada con el fin de declarar formalmente la victoria del presidente electo Joe Biden dejaron estupefacto al mundo. Era inconcebible que el mandatario saliente, un descompuesto e iracundo Donald Trump, intentara una suerte de Golpe de Estado y azuzara a la turba de sus seguidores a protagonizar un escenario de violencia y caos que dejó cuatro muertos, decenas de detenidos e imágenes impensables en una democracia como la norteamericana que, pese a todo, ha sido referente internacional desde hace dos siglos. Estos hechos sin precedentes generaron fuertes críticas al liderazgo de Trump dentro de su propio partido y en todo el mundo, que catalogaron de «vergonzoso», «impactante» y «preocupante» lo sucedido dentro y fuera del Capitolio, y expresaron su preocupación por el «ataque contra la democracia».

Este 16 de diciembre dio inicio el proceso electoral por el que los veracruzanos renovaremos en junio del próximo año la Legislatura del Congreso del Estado y los 212 ayuntamientos de la entidad. 14 partidos políticos, cuatro locales y tres nacionales de nueva creación, además de los siete partidos nacionales ya conocidos, inician la lucha por conquistar las preferencias de los ciudadanos. Estarán en juego mil 104 cargos de elección: 30 diputaciones de mayoría relativa, 20 de representación proporcional, 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidurías. Estos comicios se anuncian de pronóstico reservado porque en la misma jornada habrá también elecciones federales para elegir a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.