Opinión

A casi 90 días del encarcelamiento del ex fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, el grupo político al que pertenece ha guardado silencio total, ni el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares o sus hijos Fernando o Miguel Yunes Márquez ofrecieron algún pronunciamiento; mucho menos quién se decía su íntima amiga la diputada panista Marijose Gamboa Torales ha vuelto a decir algo al respecto. Jorge Winckler recluido injustamente o no por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, ha sido enterrado en el mapa de los Yunes, desechable como la mayoría de los que integran su estructura política, solo fue un objeto más y todo parece indicar que ellos mismos fueron los que provocaron su captura a finales del mes de julio. Cuentan que, al momento de su detención, el abogado trató de comunicarse directamente con quién fuera ejecutivo estatal por dos años, sin embargo, Yunes Linares se negó a recibir cualquier llamada de quién fuera su brazo ejecutor ya sea para encarcelar a Duartistas o provocar en sí, el famoso “vomito negro”.

Vaya exhibida que recibió la diputada local por el Partido Verde, Citlalli Medellín Careaga por andar “turisteando” en Corea en medio de una investigación por daño patrimonial a su paso como alcaldesa de Tamiahua. La legisladora desfachatadamente subió varias imágenes en sus redes sociales, las cuales las hizo públicas, recibiendo múltiples críticas por su desvergüenza, ya que, a pesar de enfrentar severas acusaciones por daño patrimonial y denuncias en su contra por falsificación de documentos y abuso de autoridad, a ella todo “le vale”.

Pese a tener un quebranto financiero de más de $33 millones de pesos tan solo en el pasado ejercicio 2021, o de más de $74 millones de pesos en los últimos 3 años, el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla ha trabajado de manera correcta, ordenada y sin quejarse de lo que pudo o no pudo hacer la administración anterior. Le explico. Con todo y que el expresidente municipal sanandrescano Tavo Pérez Garay, aseguraba que entregaría buenas cuentas y que dejaría dinero “en caja”, fue todo lo contrario; y ahora con tremendas observaciones de presuntos daños al patrimonio público, el expresidente municipal tendrá que aclarar estos señalamientos tanto administrativos como de mala ejecución de obra pública ante el Órgano de Fiscalización Superior y en el Congreso del Estado.

Los enredos de un caso resuelto. Parece contradictorio el título que le puse a esta colaboración y en realidad casi en cualquier parte del mundo lo sería, pero resulta que estamos en México, el cual es un país en el que hasta las cosas más inverosímiles pueden llegar a suceder. Y un buen ejemplo de ello es el famoso caso de Ayotzinapa, el cual en lo general fue esclarecido desde un principio, ya que desde las primeras indagatorias quedó establecido que los “estudiantes” fueron asesinados por miembros del crimen organizado, quienes actuaron en contubernio con policías municipales a cargo de José Luis Abarca Velázquez, quien a la sazón era alcalde de Iguala, Guerrero. Ahora bien, aunque el marco general del crimen quedó establecido, dicha situación no dejó satisfechos a los agraviados (los padres de familia de los asesinados), ya que es entendible que quieran que se busque, capture y juzgue a los individuos que cometieron ese crimen, algo para lo cual el Estado mexicano siempre ha sido incapaz de conseguir.