Opinión

Durante el gobierno de López Obrador han sido asesinados en México un total de 63 periodistas. Tal vez el más mediático fue precisamente el que no se consumó, el de Ciro Gómez Leyva, identificado por el propio Presidente como uno de sus más acérrimos adversarios. La agresión que sufrió el periodista a unos metros de su casa la noche del jueves no es un hecho aislado; tampoco una casualidad. Se dio precisamente durante la primera quincena del mes de diciembre, la más violenta del año. Además, sucede casi al terminar el 2022, en lo que ya es el año más mortífero para periodistas en las últimas tres décadas. Tan sólo en el año que está por concluir han sido ejecutados 15 periodistas. Por mucho, México es el país donde más homicidios de comunicadores se han registrado – incluso el doble de los ocurridos en Ucrania-, según la organización Reporteros Sin Fronteras. El gobierno no mata periodistas, han dicho una vez ante la duda creciente sobre la autoría intelectual de las agresiones. En todo caso, si el gobierno no los mata, tampoco hace nada para protegerlos; por el contrario, ha creado todas las condiciones –polarización, descalificación, omisión, impunidad- para que esto suceda con mayor frecuencia.

Ante la creciente posibilidad de que la Cuarta Transformación se convierta únicamente en la cuarta alternancia presidencial, el debate no debe enfocarse solo en la incapacidad y autoritarismo del gobierno de López Obrador, sino también en las características de un nuevo sistema político que sustituya al presidencialismo: el gobierno de coalición. Paradójicamente, la iniciativa de un gobierno de coalición cobró fuerza hace más de una década ante un presidencialismo débil, incapaz de transitar reformas de gran calado en un Congreso dominado por la oposición. Sin embargo, hoy se presenta como la alternativa más sólida para frenar el hiper presidencialismo y construir un nuevo sistema político en México. El sistema presidencialista está agotado. La democracia ha sido una puerta abierta a los excesos del poder en todos sus niveles, en todos sus poderes, en todos sus gobiernos. La fallida 4T sólo exacerbó estos vicios.

​Movido por el resentimiento y la frustración, el Presidente ha respondido a cientos de miles de ciudadanos que se movilizaron en defensa del Instituto Nacional Electoral: “¡Quédense con el INE! ¡Les falta pueblo!”. López Obrador sabe que la batalla de la reforma electoral está perdida y hoy busca un plan B: hacer de lo que siempre se dijo víctima: el fraude electoral desde el poder. La marcha promovida y financiada por el Presidente y sus gobernadores no cumplió su objetivo: no alivió la inquina presidencial, no mostró músculo ni generó las condiciones para sacar adelante su reforma electoral en el Congreso. Le faltó pueblo. López Obrador ya no podrá cambiar el método para elegir a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF; tampoco reducir el número de diputados y senadores, ni quitar el presupuesto a los partidos. Las tres iniciativas eran claves para romper los contrapesos al Presidente.