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Durante el proceso electoral municipal de 2021, varias expresiones de candidatos y representantes partidistas fueron sancionadas dentro de los parámetros de la violencia política de género, al pretender desacreditar a las mujeres que participaron en la contienda. Esto fue especialmente notorio en la elección por la presidencia municipal de Veracruz. La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Patricia Lobeira Rodríguez, fue objeto de múltiples denuestos y descalificaciones para intentar reducirla al papel de mera “esposa de” quien originalmente buscó la postulación a la alcaldía, Miguel Ángel Yunes Márquez. Lobeira Rodríguez denunció estos hechos como violencia política de género ante la autoridad electoral. En una primera instancia, el Tribunal Electoral de Veracruz desechó la denuncia. Pero la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación le ordenó a este organismo emitir una nueva sentencia, ya que el contenido de las manifestaciones denunciadas “presupone un tipo de violencia política de género, el cual ha sido catalogado como violencia simbólica, es decir, se realiza una comparación entre las candidaturas para la presidencia municipal”.

El “show” político montado por el régimen de la autodenominada “cuarta transformación” para darle cauce a la postulación de la candidatura presidencial de Morena, es una suerte de simulación combinada con un mecanismo de control de daños ante eventuales rupturas. Nadie con dos dedos de frente y un mínimo de honestidad intelectual puede negar que el obradorato es, esencialmente, una restauración de las prácticas del antiguo régimen priista postrrevolucionario, que anteponen la hegemonía del Estado por sobre los individuos y que es, necesariamente, autoritario, como un mecanismo para mantener y perpetuarse en el poder. Uno de los pilares del sistema ultrapresidencialista que sostuvo esa hegemonía del PRI durante 70 años es lo que el ex rector de la UNAM Jorge Carpizo definió como las “facultades metaconstitucionales del presidente”, que como el concepto mismo lo indica, son atribuciones que no están plasmadas en la Constitución ni en ley alguna, pero que el mandatario en turno ejercía a plenitud.

Las elecciones de este domingo representan el punto de arranque de la sucesión presidencial de 2024, tanto por lo simbólico como por sus alcances en lo político. Los resultados de los comicios tanto en Coahuila como en el Estado de México no sorprenden. En realidad, ya se esperaba este desenlace, en el que Morena destronara al PRI en territorio mexiquense, mientras que el tricolor se quedaba el estado lagunero como premio de consolación y como un último salvavidas antes de su inevitable naufragio, para el que ya no falta mucho tiempo. De cara a la sucesión, hay un ánimo triunfalista en las huestes obradoristas, que al fin lograron apoderarse de la “joya de la corona”, el Estado de México, que es el corazón mismo del priismo, que hoy ha quedado reducido a una presencia regionalizada en la comarca lagunera (Coahuila y Durango), que en términos de recursos y volumen poblacional valen mucho menos que lo que perdieron este domingo. ¿Esto significa que la sucesión presidencial ya está decidida? Por supuesto que no. De un año a otro las circunstancias pueden cambiar. Pero lo cierto es que a día de hoy, no se ve cómo la oposición pueda hacerle frente a una aplanadora que basa su fuerza en el discurso populista, la política clientelar y, particularmente, los yerros de sus adversarios en los partidos opositores, que siguen sin entender que no pueden lograr resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre.