Tentaciones del poder
Los hechos son tangibles. Si se mide por las consecuencias, la visión de la “justicia” que imparte el presidente de la república desde que asumió el poder, tiene al estado de derecho y a la ley de espaldas a la pared.
Dejó caer toda la furia de su temible (y temida) investidura contra dos jueces de distrito, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa (dos, al momento en que escribo estas líneas), porque se atrevieron a conceder suspensiones provisionales contra la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Pero no vacila en mancillar la misma investidura: para dejar en libertad al hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, de nombre Ovidio, cuando sobre él había una solicitud de aprehensión de autoridades judiciales estadounidenses; tampoco para saludar pública y “amistosamente” a la madre de Guzmán Loera, condenado a prisión perpetua en Nueva York por narcotraficante; hace mutis, por decir lo menos, ante la protección.
Hizo mutis (hay que respetar la autonomía sindical, pues), cuando dos líderes, el tamaulipeco Carlos Antonio Romero Deschamps (que dirigió el sindicato petrolero del 22 de junio de 1993 hasta el 16 de octubre de 2019), y Napoleón Gómez Urrutia, fueron señalados con índices de fuego por la corrupción imperante en sus respectivos gremios, el petrolero y el minero; y sin embargo, ambos fueron premiados con un escaño en el Senado; Romero Deschamps, por cierto, renunció a su planta en Pemex el reciente lunes 15 de marzo, “por exhorto presidencial”-
Gómez Urrutia es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana desde su elección unánime en el 2002. En febrero de 2006 salió del país y se exilió con su familia en Canadá, tras la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, que dejó 65 muertos.
En 2014, la Interpol emitió una ficha roja contra Gómez Urrutia, por fraude de 55 millones de dólares contra los trabajadores mineros, pero ese mismo año un abogado del líder sindical informó que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal cancelaba la última orden de aprehensión vigente en contra de su representante.
Para Andrés Manuel López Obrador el dirigente minero fue siempre un perseguido político, millonario pero perseguido. Le cayó como anillo al dedo. Era precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, cuando AMLO se comprometió a que, de ganar las elecciones, generaría las condiciones adecuadas para que Napoleón Gómez Urrutia regresara de su exilio. Y le cumplió: el dirigente es senador de Morena desde 2018.
En la bruma parecen entrampadas las gravísimas desapariciones de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Mucho ruido levantó desde entonces AMLO para exigir el esclarecimiento de esas desapariciones. Exigencia que, sin embargo, se ha ido diluyendo desde que el tabasqueño se aposentó en el Palacio Nacional.
Algo parecido está dejando en la penumbra el asesinato de tres mujeres y siete menores, ocurrido la noche del 5 de noviembre de 2019, cuando una caravana de tres camionetas con 16 integrantes de una comunidad mormona-estadounidense (LeBarón, Langford, Miller y Johnson), cayó en una emboscada de presuntos narcotraficantes, cerca del poblado La Mora, Sonora. Iban hacia Tucson, Arizona.
A la larga lista del déficit justiciero en nuestro país, se suman los 14 indocumentados guatemaltecos calcinados en Tamaulipas victimados por criminales. Deudos y gobierno del vecino país del sur, reclaman justicia y castigo. Hasta donde tengo noticias, allí no ha metido las manos el jefe del Ejecutivo.
No vaya a resultar que las víctimas eran “provocadores”, como “provocadoras” resultaron (para los escrutadores palaciegos), los miles de mujeres que salieron a exigir el 7 de marzo, frente a Palacio Nacional que cesen los secuestros, las violaciones, los asesinatos de niñas y mujeres. Exigían justicia y seguridad. Nada más. Nada menos. Miles entre una veintena de jóvenes agresivas. ¿Qué recibieron a cambio? Recriminaciones del presidente y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Alguna vez advertí que el Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, atendería con eficiencia su difícil tarea si el presidente resistiera la frecuente tentación de entrometerse en el trabajo de abogados de primera, como Gertz Manero.
Lo mismo digo, convencido, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Funcionaría mucho si se respetara su autonomía. Si el presidente dejara de ser todólogo o, en su caso, intentara gobernar por las vías institucionales y legales. No con suspicacias, no con insinuaciones, no con tácticas o medidas de amedrentamiento que, me atrevo a pensar, un presidente fuerte y respetado, no necesita.
Son dos los riesgos: abusar de su poder, o caer en yerros ridículos.