El Estado mexicano frente al reto de la corrupción judicial

La papa caliente del general ,- exsecretario de la Defensa nacional de Peña Nieto-, Cienfuegos pondrá a prueba al estado mexicano,- haber si como ronca duerme-, que ya no siente lo duro, sino lo tupido de los conflictos judiciales que existen y , si no hemos resuelto la serie de condenas internacionales de la ONU y la Corte Interamericana de derechos humanos ,y al agregarse a nuestra cartera delincuencial al militar , presunto delincuente de lavado de dinero , tráfico de drogas y de apoyar al carteles mexicanos, no sabemos a donde vamos a parar, si la parsimonia jurisdiccional se mantiene a este ritmo, donde a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, les interesan seguirse enriqueciéndose con remuneraciones descomunales, violando el artículo 127 constitucional que determina que nadie puede ganar más que el presidente de la república, en lugar de afrontar, con dignidad, el reto que las condiciones actuales le han brindado.

Definitivamente, esto no tiene para cuando acabar, si se observa que, pese a los esfuerzos que el presidente López Obrador está haciendo para lograr una auténtica cuarta transformación y extirpar la corrupción e impunidad del país y, por mucha confianza que se le tenga al fiscal de la República Gertz Manero, no vemos que dará zarpazos en la cúspide, es decir, enjuiciar a los ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación, que avalaron los crimines con motivo de la lucha que libraron campesinos de San Salvador Atenco y Texcoco en contra de la construcción del aeropuerto que la oligarquía quería construir, para engullirse cerca de trescientos mil millones de pesos, en un sito fangoso y de alto riesgo.

El voto particular del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel , que sienta un precedente histórico,- no tiene desperdicio- y siendo concordante con la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado mexicano, no solo tiene que abrirse las carpetas de investigación y llamar a cuenta a quienes, de una u otra forma, fueron complacientes o cómplices y es precisamente a los integrantes de ese poder, en que se divide el estado mexicano , es decir, el poder judicial, pues de ahí nace y se nutre la injusticia que se denuncia y que a la distancia, duerme el sueño de los justos.

La dos sentencias emblemática que están a tiro de canate para procesar a los integrantes o impartidores de justicia, es la de Ayotzinapa, donde un tribunal colegiado de Tamaulipas-de esa sentencia se presume – ordenó al estado mexicano castigar a todos los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes y la de Atenco, donde la corte interamericana ha determinado el crimen de lesa humanidad del gobierno de la república cuyos responsables están señalados en el voto particular del ministro en retiro Góngora Pimentel que involucra, entre otros, al exgobernador del Estado de México Peña Nieto y al director de la Policía Federal, Medina Mora, -por cierto propuesto ministro de la Suprema violándose el artículo 94 constitucional y en estos momentos defenestrado de ese cargo- y hasta el momento se está litigando si la competencia de integración le corresponde a la federación o al Estado de México cuando, por ser una sentencia internacional, el representante del estado mexicano es el presidente de la república y en consecuencia es competencia federal.

Para que se pondere con serenidad el reto del estado mexicano, ante los serios intereses económicos y políticos que están inmersos o involucrados y que están retrasando el cumplimiento de la sentencia de Atenco, a resultas de la investigación constitucional que realizó el alto tribunal en torno a los hechos acaecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, en sesión del nueve de febrero de dos mil nueve, en el dictamen se concluye a que las violaciones graves «se diluye y termina por desaparecer ante la lamentable decisión de la mayoría de los ministros de limitar la responsabilidad por los hechos a los mandos medios que intervinieron en los brutales operativos policiacos»

Esas expresiones, evidencian que somos un país bananero, sin instituciones sólidas o fortalecidas, de ahí que, agrega el ministro demérito » en cualquier democracia constitucional sólida, un pronunciamiento del tribunal constitucional en el sentido de que con motivo del uso de la fuerza pública se violaron gravemente garantías individuales- incluyendo el derecho a la vida- daría lugar a la renuncia inmediata de los más altos mandos policiales», aquí, en cambio «la mayoría de los ministros optó por limitar la responsabilidad a quienes intervinieron materialmente en los hechos», es decir, mayor negligencia de los ministros, magistrados y jueces no puede excluirlos de su responsabilidad en toda la cadena de investigación .

Puede afirmarse, sin hipérbole, que la fiscalía general de la república no llegará a tanto, de manera que el general Cienfuegos pondrá a prueba la impartición de la justicia, pues si es bueno que el estado mexicano lo haya reclamado al gobierno de los Estados Unidos, para que se juzgue en México, no menos cierto es , que es una papa caliente y se demostrará de que esta hecho este gobierno que democráticamente ganó la elección con más de treinta millones de votos, lo que es un hito irrepetible.

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