Cinco focos rojos que afectan el proceso electoral. ‘La injerencia sistemática de Obrador y el crimen organizado”: ANIE
Foto: Cuartoscuro
- A través de su tercer informe sobre integridad en el Proceso Electoral 2023-2024, la agrupación indicó que el foco rojo más preocupante es la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante sus conferencias matutinas.
Jorge Monroy /
LATINUS / MÉXICO.-Académicos, sector empresarial y organizaciones sociales agrupados en el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (Anie) alertaron de cinco focos rojos en el desarrollo del proceso electoral en marcha entre los que destacan el involucramiento sistemático del presidente de la República, el cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades electorales, así como la intervención del crimen organizado en los comicios.
A través de su tercer informe sobre integridad en el Proceso Electoral 2023-2024, la agrupación indicó que el foco rojo más preocupante es la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante sus conferencias matutinas.
“A pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales, el titular del Ejecutivo federal ha persistido en vulnerar el principio de neutralidad y ha utilizado recursos públicos para favorecer al partido y la candidata de su preferencia”, señala el documento elaborado por instituciones como la UNAM y su programa Voto Informado; la Coparmex Ciudad de México, y organizaciones como Causa en Común y Laboratorio Electoral.
Refirió que en al menos 30 ocasiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado conductas del presidente que violan la normativa electoral vigente, lo que representa una grave amenaza para la equidad de la contienda y socava la credibilidad del proceso electoral.
“El uso de las conferencias matutinas del presidente como plataforma para promover la agenda partidista, la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y el apoyo explícito a la candidata oficialista son algunas de las prácticas recurrentes que han sido documentadas y sancionadas por las autoridades competentes”, destacó.
El informe urgió a las autoridades electorales a que tomen medidas contundentes para garantizar que todas las personas funcionarias públicas, incluyendo al titular del Ejecutivo, se apeguen estrictamente a los principios constitucionales de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda.
El segundo foco rojo alertado por el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, es la transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas.
El tercer foco rojo fue el desempeño de los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral, quienes han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de arbitraje.
“Por un lado, el INE ha experimentado conflictos y divisiones entre sus consejeros, lo que ha dificultado la toma de decisiones y ha generado dudas sobre la estabilidad de los criterios aplicados en la organización y fiscalización del proceso electoral”, indica.
Y agrega: “El TEPJF también ha sido objeto de controversias y señalamientos. Las diferencias entre las magistraturas han quedado de manifiesto no sólo en los criterios divergentes aplicados en las sentencias, sino también en la falta de unidad y coordinación en su actuación pública”.
El cuarto foco rojo se relaciona con la persistencia de diversos tipos de violencia por parte del crimen organizado que ponen en riesgo directo a los candidatos.
“La intervención del crimen organizado en las elecciones locales, particularmente en estados con alta incidencia delictiva, ha alcanzado niveles alarmantes y representa un desafío sin precedentes para la seguridad de los actores políticos y la libertad del voto ciudadano”, se lee.
Finalmente, en el quinto foco rojo, el tercer informe de Anie se refirió al uso de los procedimientos especiales sancionadores por parte de los partidos políticos para tratar de silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación.
“Durante el periodo de intercampañas hemos observado un aumento en el número de denuncias presentadas por candidatos y partidos en contra de periodistas, líderes de opinión y ciudadanía que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales. Bajo el argumento de supuestas violaciones a la normativa electoral o acusaciones de violencia política de género, estos actores han buscado utilizar los mecanismos legales para limitar la libertad de expresión y disuadir la participación en el debate público”, apuntó.
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