Seguridad Nacional

El hijo de Araceli Gómez es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8 de la UNAM. En abril pasado se dio cuenta que su cuenta del Banco del Bienestar estaba en ceros. Araceli y su hijo se comunicaron al teléfono del banco para saber qué había sucedido. Allí les dieron un número de folio. Y también instrucciones para que acudieran a cualquier sucursal del Banco de Bienestar; orden que acataron. Les dijeron, luego, que tenían que mandar una carta al banco. Lo hicieron. Tenían que pedirle al banco que investigara el caso. Les respondieron que, por ley, tenían aproximadamente en 90 días para darles una respuesta, pero que en tres semanas seguramente ya tenían algo que decirles, que iban a solicitar al Citibanamex la sábana del cajero en donde se había realizado el eventual retiro. Así lo hicieron. En cinco semanas volvieron a la sucursal en la que levantaron la queja. Allí les informaron que la queja era improcedente, porque Citibanamex no había proporcionado la información que se requería para que “ellos” (Banco de Bienestar) pudieran darles una solución. Que se dirigieran directamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que se requirieran los documentos.

-Hombres armados asesinaron a Minerva Pérez, jefa de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera de Baja California, reporta AP, que cita informes de las autoridades locales divulgados este martes. Pérez fue ultimada la noche del lunes 8 de julio en la ciudad de Ensenada, pocas horas después de que se quejara en público por la proliferación de pesca ilegal en la zona, aunque previamente había denunciado a los cárteles de la droga, a los que indicó de extorsionar a barcos, distribuidores, camioneros y restaurantes. En concreto, la lideresa sostuvo en un encuentro con periodistas que «los productos del mar pescados ilegalmente van a los mismos mercados que los productos del mar legales, pero sin los costos de producción», a lo que sumó que tampoco cumplen con los estándares ambientales, lo que acarea problemas para la fauna en peligro de extinción. «Estamos investigando todas las cuestiones relacionadas con si esto estuvo relacionado con conflictos relacionados con la pesca», afirmó la fiscal general del estado de Baja California, María Elena Andrade.