Seguridad Nacional

A dos años del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes en 2023, sobrevivientes y familiares de víctimas pidieron justicia y que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), “pagué por las personas que fallecieron”.
En un pronunciamiento, los sobrevivientes compartieron la manera en la que este hecho ha afectado su vida como secuelas en su salud.
«A todas y todos ustedes les pedimos justicia, que esas personas que no tuvieron corazón de abrirles las puertas deben pagar. Lo que pido es que se haga justicia, que este hecho no se repita”, dice un comunicado con distintos testimonios difundido por la Fundación para la Justicia.
“Espero que los jueces hagan valer sus palabras y sus juramentos: velar por la justicia. Y que el señor Garduño pagué por las personas que fallecieron y las 27 lesionadas, porque su vida ya no es fácil para ellos.», agrega el pronunciamiento.
En sus relatos, los sobrevivientes y los familiares comentan como han cambiado sus vidas después del fatal incendio, tanto por las secuelas en la salud que les provocó, así como por la ausencia de quienes fallecieron.

Un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, en Tulancingo, Hidalgo, el lunes pasado, desató un conflicto con la población local debido a la falta de coordinación y protocolos en la intervención, según el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.
El mandatario hidalguense dijo que los agentes de la FGR actuaron de manera imprudente al no avisar previamente sobre el operativo, lo que generó un ambiente de desconfianza y tensión.
Menchaca calificó la actuación de la FGR como “una imprudencia” y señaló que “hubo un mal manejo, un mal protocolo” al utilizar armas de fuego, lo que puso en riesgo la seguridad de los habitantes.
“Sacaron armas de fuego, al parecer las utilizaron contra algunas personas“, dijo el gobernador a medios de comunicación.
Señaló que, la falta de información por parte de la FGR y la nula coordinación con las autoridades locales agravaron la situación, lo que llevó a los habitantes a retener a varios de los agentes de la FGR.
En respuesta, el gobierno estatal, explicó el mandatario, movilizó rápidamente a la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia, para garantizar la seguridad de los involucrados.

Este miércoles fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Antonio Alfaro Jr., de 22 años, requerido por la Corte del Distrito Southern en Texas, Estados Unidos, por su probable participación en los delitos de tráfico de personas y lavado de dinero.
En una tarjeta informativa, las autoridades informaron que la detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación, en las que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El operativo se llevó a cabo como parte de una investigación para capturar a personas prófugas de la justicia, tras obtenerse información sobre la zona de movilidad del detenido, quien fue localizado en la colonia Granjas Económicas de Nuevo Laredo.
La autoridad informó que los agentes de seguridad realizaron vigilancias fijas y móviles que les permitieron localizar a un individuo que coincidía con las características del hombre buscado, procediendo a su detención.
Al no acreditar su legal estancia en el país, fue presentado ante el Instituto Nacional de Migración (INM), quien posteriormente lo entregó a los agentes de los Marshals de Estados Unidos para su deportación.