Opinión

Inicia la presente semana con la discusión de lo ilegal que puede llegar a considerarse la Sesión que el grupo legislativo de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, llevaron a cabo en la Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la noche y madrugada del pasado viernes 28 del pasado mes de abril. Sede que debió considerarse como alterna, al Salón de Sesiones del edificio de Paseo de la Reforma, debido a que senadores integrantes de los grupos legislativos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Grupo Plural, tomaron la tribuna debido al incumplimiento del compromiso que había anunciado el senador Ricardo Monreal, de que se votaría y aprobaría el nombramiento de uno de los tres comisionados que faltan al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que la institución autónoma pueda sesionar, como lo manda la legislación respectiva.

A partir de la circulación en diversos medios de comunicación de la carta enviada al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, en relación con el cambio de directiva de ese partido en esta entidad, han circulado una gran cantidad de opiniones. Misiva supuestamente enviada por aproximadamente 248 priistas distinguidos, entre los que se encuentran: ex presidentes; ex y aún en funciones legisladores locales y federales; ex alcaldes; dirigentes actuales y militantes. Documento que contiene como principal tema el cambio de la dirigencia estatal, que según estatutos de la organización política debe ser el próximo 14 de mayo del año en curso. Relevo que solicitan los supuestamente interesados que enviaron la carta el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se debe llevar a cabo en la fecha señalada estatutariamente, en forma seria, y ratificando la unidad que siempre ha caracterizado a los priistas en este tipo de actividades.

Con la suspensión de la entrada en vigor del llamado “Plan B”, las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial se han puesto difíciles, por iniciativa del inquilino del Palacio Nacional, indebidamente y sin razón lógica alguna. La decisión ahora de declarar fundada la controversia constitucional que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), promovió en contra del llamado “decretazo” que Andrés Manuel López Obrador mandó publicar el 22 de noviembre del año 2021, por parte del ministro Juan Luis González Alcántara, por razones obvias las tensará más, lo que no debe ser. Como se sabe, el “decretazo” consiste en blindar las obras de infraestructura del Gobierno Federal, dentro del régimen de seguridad nacional, lo que es inconstitucional, además de poner al Ejecutivo Federal por encima de la ley. Ya que se evaden diversas normas que tienen como función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. Se puede considerar que el citado “decretazo” fue hecho con dedicatoria directa para proteger las obras emblemáticas de la mal llamada cuarta transformación, como son: el Tren Maya, la Refinería Olmeca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Hace algunas semanas cuando el ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa se refirió al interesante tema de las candidaturas ciudadanas lo abordamos en este espacio. De esa fecha hasta estos días, han pasado diversos acontecimientos con relación al álgido tema, siendo que uno de los principales es la opinión que los ciudadanos tienen con relación a que los partidos de oposición están muy lentos en cuanto a la decisión de definir a quién abanderaran para la Presidencia de la República. Lo que en parte puede calificarse como cierto, pero también no. Ya que la población desde hace más de un año ha estado inmersa en la estrategia que Andrés Manuel optó, de en forma totalmente anticipada, sin importarle la normatividad electoral, en una de sus desprestigiadas mañaneras, dio a conocer o como lo dijo en ese momento “destapó a sus corcholatas”, que son algunos integrantes de su movimiento a quiénes reconoció como sus favoritos para sucederlo en el cargo de Presidente de la República. Estrategia que seguramente consideró positiva, suponiendo que sí sus preferidos y preferida eran conocidos por los electores desde esas fechas, les llevarían una gran ventaja a cualquier otro aspirante que surgiera después. Pero lamentablemente como todo lo que hace, la estrategia también le falló.

Definitivamente el ocultamiento de la verdad en cuanto a los costos en todo lo que ha hecho y continúa haciendo Andrés Manuel durante los cargos que ha ocupado como servidor público, no es nuevo. Bástenos recordar su comportamiento totalmente negativo cuando estuvo al frente del gobierno Ciudad de México, en lo que se refiere a permitir la instalación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de la capital del país, en esas fechas, a lo que se opuso totalmente, en la forma que él sabe hacer este tipo de acciones, que fue el negar el presupuesto para la instalación de la importante institución. Por lo que ahora no es de extrañar su desprecio hacia el INAI en su versión nacional, ya que la dependencia representa con su autonomía y eficacia con la que ha operado desde su fundación, una amenaza para su administración en cuanto a lo gastado en obra pública y adquisiciones de todo tipo.