Opinión

Al momento de escribir estas líneas, está sucediendo algo inédito en la historia de México y es que el presidente de la república está actuando en franco desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual, si no es frenado de inmediato, se puede convertir en una alteración al orden constitucional que constituye un tipo de golpe de Estado. En resumen, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la SCJN resuelve una controversia constitucional planteada por el INAI en contra de un decreto del presidente que ordena clasificar como información reservada, por ser de seguridad nacional, el monto de los gastos que se erogan en las obras que está llevando a cabo, tales como la refinería del pantano y el trenecito destruye selvas. Dicha resolución, se basó en que un decreto es una norma de jerarquía menor, la cual por su naturaleza no puede estar por encima de las de mayor jerarquía como las leyes y ni se diga, la constitución, y es que, ese decreto iba en contra de los derechos humanos de petición, a la información y al principio de máxima publicidad consagrados en la constitución, ya que al pretender reservar todo tipo de información relacionada con la obra pública del gobierno federal, se vulneran los derechos humanos antes mencionados.

Tanto el presidente de la república como los legisladores y los gobernadores de su partido (MRN) mienten descaradamente cuando claman a los cuatro vientos que la SCJN usurpó las funciones de los legisladores al echar abajo las dos primeras leyes que conforman el paquete de reformas legales en materia electoral, mejor conocido como el plan B de López Obrador. También mienten los sujetos ya mencionados cuando alegan que la SCJN no es electa democráticamente dando a entender que, por votación popular, y que a pesar de ello se pretende imponer a los otros dos poderes que sí son electos de esa manera. Y sí, mienten descaradamente y ello es así, porque la constitución establece detalladamente tanto las facultades de la SCJN y del poder judicial en general, como el método por el cual son elegidos los ministros que la integran y en el cual, por cierto, intervienen los otros dos poderes. Ahora bien, ¿Por qué fue absolutamente legal la resolución que tomo la SCJN de declarar la invalidez de las primeras dos leyes que integran el llamado plan B de López?

En la última Desde a Janela de 2022 (Ricardo Monreal: el falso rebelde) detallamos como Monreal nada más aparenta ser diferente al oficialismo y también como engaña a la oposición y la hora buena, se pliega a los deseos del presidente; en aquella ocasión fue por el cochinero de leyes electorales que aprobaron y ahora les volvió a repetir la dosis. Bueno, así como en aquella ocasión advertimos que Ricardo Monreal era un embustero, ahora, debemos de hacer lo propio con otro personaje del oficialismo que, aunque es menos sagaz que el senador, lleva un juego similar y de ser posible, busca engañar a muchos opositores, tanto en los partidos como en la sociedad civil, aparentando ser el hijo desobediente, cuando en realidad ha sido uno de los hombres más fieles que López Obrador ha tenido en su carrera política. Así es, Marcelo Ebrard es leal entre los leales, Marcelo Ebrard le ha cuidado las espaldas a su jefe como su sucesor en el entonces Distrito Federal y también Marcelo Ebrard sostuvo a su patrón, cuando este no tenía cargo formal pero sí una farsa de gobierno que sostener y que fue sostenido por el fiel Marcelo, quien diligentemente dispuso de los fondos de los capitalinos para que la carpa del “gobierno legítimo” siguiera recorriendo el país.