Opinión

Todavía la constitución mexicana establece que la libertad de expresión es un derecho humano que debe de ser respetado por el Estado, y digo todavía, porque con la mayoría espuria de la que se hizo el oficialismo en las cámaras esto puede cambiar.

Ya nos dimos cuenta que ganas de acabar con la libertad de expresión no le faltan al gobierno de la transformación que no fue y ni tampoco será, pues el 15 de noviembre aplicaron todas las recetas cubanas y de Maduro para acallar a las voces que hacían genuinos reclamos al gobierno.

Desde antes de esa fecha, la señora Sheinbaum se dedicó a descalificar con todos los medios a su alcance a los protestantes, ya que dijo que no eran jóvenes, que estaba la “ultraderecha internacional” detrás de ellos y un sinnúmero de descalificaciones.

Llegado el día de la protesta mandó a bloquear casi todas las entradas al Zócalo de la Ciudad de México dejando libre solamente una para así atrapar a quienes marchaban, luego desplegó grupos vandálicos que generaron violencia y envió a la policía a golpear, gasear y apresar solamente a quienes protestaban, ya que a ningún encapuchado atraparon.

Lo peor que se le puede hacer a alguien que ha sido víctima de un delito es volver a victimizar al supuestamente tratar de esclarecer el delito, porque no conformes con lo que esa persona sufrió a manos del delincuente, ahora lo tiene que volver a hacer ante las autoridades que deben de esclarecer el caso y aplicar la justicia.

Y si a esto le sumamos que quién sufrió el delito perdió la vida, la revictimización se agrava debido a que la autoridad dictaminó que el asesinado perdió la vida por que quiso hacerlo y no por los fallos negligentes y/o voluntarios de la propia autoridad que debió de protegerlo y más cuando el occiso se lo pidió en reiteradas ocasiones justificando plenamente su necesidad de protección debido a las actividades que realizaba.

Y si se creé que esto es lo peor, todavía falta agregar que la revictimización se politiza de una manera muy sucia por parte de los corifeos del gobierno, debido a que el asesinado era un importante líder local que se oponía de manera radical a lo peor del régimen que gobierna en México: su vinculación con el crimen organizado y como consecuencia de ello, México no lo sabía más Michoacán sí, se estaba convirtiendo en alguien que pudo haber liderado un movimiento político muy poderoso debido a su alta eficiencia como alcalde y sobre todo por su combate frontal en contra de todo tipo de criminales.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán Carlos Manso es una espina clavada en el alma de todo México.

Y lo es, porque su muerte es aún más que otra cifra dolorosa a las que ya estamos muy mal acostumbrados.

Su muerte significa un atentado en contra de todos los mexicanos que aún repudiamos al crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones, su muerte es la mayor muestra de que en México el crimen es quien realmente es el soberano y no hay poder que lo frene, porque simple y llanamente México en 2025 es un narcoestado.

Y sí, México en el 2025 es un narcoestado porque no hay otra manera de explicar cómo es posible que un alcalde independiente en todo el sentido de la palabra, es decir, sin partido político y también sin vínculos con ninguna organización criminal, haya sido abandonado a su suerte por los niveles superiores de gobierno y asesinado por el crimen organizado, solo por buscar pacificar a su municipio y combatir por igual a todos los criminales que operan ahí.

Y aunque el gobierno federal diga una misa completa (incluso en latín) y el gobierno de Michoacán volteé para otro lado, la realidad es que los criminales lo pudieron asesinar debido a que no lo protegieron.