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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, así como por la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para sus familiares, de acuerdo con la sentencia notificada este 16 de diciembre de 2025.

En el fallo del caso Ascencio Rosario y otros vs. México, el tribunal internacional concluyó que Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, fue víctima de violación sexual y graves lesiones en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

La Corte determinó que los hechos fueron perpetrados por integrantes del Ejército mexicano y que la agresión constituyó un acto de tortura.

“El Tribunal constató que la señora Ernestina fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007”, señala la resolución, en la que se subraya que la agresión ocurrió en un contexto de militarización derivado de la estrategia de combate al narcotráfico iniciada por el Estado mexicano en 2006.

La Corte IDH también estableció que el Estado incumplió su obligación de brindar atención médica oportuna, accesible y adecuada. Tras la agresión, Ernestina Ascencio fue trasladada por sus familiares durante aproximadamente 10 horas en busca de atención médica, hasta llegar al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2007 sin haber sido intervenida quirúrgicamente.

La directora de Fundación Antonio Hagenbeck y de Lama, Carmela Rivero, acusó que Refugio Franciscano A.C. mantuvo a miles de perros hacinados, muchos incluso enfermos con tumores y moquillo, en un predio que los franciscanos ocupaban bajo la figura de comodato y del cual fueron desalojados tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

En entrevista para Aristegui Noticias, Rivero explicó que la sentencia emitida el pasado 8 de diciembre tiene como origen el incumplimiento de un convenio celebrado en 2022 entre la Fundación Hagenbeck y Refugio Franciscano cuyo objetivo era construir un mejor albergue  para los animales que actualmente están en el predio ubicado en la carretera México-Toluca, kilómetro 17.5 y el cual resulta insuficiente para atender las necesidades de los perros.

“Tener estas instalaciones es peor que el estado de los antirrábicos en su peor momento”, expresó Carmela Rivero y detalló que muchos de los perros a cargo de los franciscanos se encuentran con enfermedades mortales y contagiosas, por ejemplo moquillo o Tumor Venéreo Transmisible (TVT), un cáncer canino contagioso que se transmite por contacto directo.

En videos compartidos a este medio de comunicación se ven perros con heridas profundas, aparente desnutrición, llagas en la piel y con síntomas de enfermedades que afectan el sistema nervioso. Asimismo, se aprecian jaulas pequeñas, en mal estado y sucias, donde según dijo Carmela Rivero se mantenía a los perros hacinados por horas

¿Cómo fue el proceso legal que llevó al desalojo del refugio?

Tal como se aprecia en la sentencia, a la cual este medio tuvo acceso, el convenio estipulaba que los franciscanos desocuparían y entregarían una fracción del predio original y a cambio la Fundación se comprometía a realizar construcciones en un nuevo inmueble, ubicado en Texcoco, Estado de México.