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Legisladores del PT y PVEM expresaron disposición para tener comunicación con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez, pero advirtieron que sus partidos no están dispuestos a negociar con él los términos de esa reforma que es impulsada por Morena y el gobierno federal. 

Entrevistados por separado, el senador Luis Armando Melgar del PVEM, y la diputada Lilia Aguilar del PT, coincidieron en que pueden escuchar a Pablo Gómez sobre las conclusiones de las consultas que realizó desde octubre sobre la reforma, pero advirtieron que el poder de negociación es con los líderes en el Congreso y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si Pablo Gómez nos muestra lo que él ha estado recibiendo en los foros, información que tampoco conocemos. De ahí que podamos avanzar en una negociación, por supuesto que no es el foro; el foro no es ahí, el foro es en el Poder Legislativo. Nosotros somos representantes del Poder Legislativo, y ahí es donde debemos de ver y negociar las cosas, y conocer y recibir por parte del Ejecutivo lo que va a ser esa iniciativa”, expresó Melgar Bravo. 

En el mismo sentido, Lilia Aguilar planteó: “nosotros somos representantes. Y yo no sé si sea Pablo Gómez el interlocutor o alguien más, lo cierto es que él encabeza una comisión, pero una comisión del Ejecutivo y las leyes las hace, como he dicho, el Legislativo”.

La tarde del jueves, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, acudió a una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde de acuerdo con legisladores de ese partido hablaron acerca de los 12 temas que contenía la reforma, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los congresistas demócratas Joaquin Castro (Texas), Sara Jacobs (California) y Greg Stanton (Arizona) introdujeron formalmente este miércoles la ley denominada No Unauthorized War in Mexico Act (Ley contra la Guerra no Autorizada en México), la cual busca prohibir de manera explícita el uso de fondos de los contribuyentes para financiar cualquier intervención bélica o uso de la fuerza militar en territorio mexicano que no cuente con la autorización previa del Congreso de los Estados Unidos.

La introducción de esta medida ocurre tras una serie de ataques ejecutados por las fuerzas estadounidenses frente a las costas de México. Asimismo, los legisladores citaron como un factor determinante las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en la cadena Fox News, donde afirmó que su país podría realizar ataques en territorio terrestre mexicano dirigidos contra los cárteles de la droga.

Los autores del proyecto de ley argumentan que una escalada militar unilateral tendría consecuencias severas para la estabilidad regional y la economía binacional.

El congresista Joaquin Castro, miembro de mayor rango del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó la posibilidad de un conflicto como un movimiento desestabilizador.

“Lanzar a los Estados Unidos a otra guerra innecesaria – y no autorizada -en América Latina es un movimiento desestabilizador que volverá para perseguir a la nación. Mis electores en San Antonio no quieren que EU gaste miles de millones en otra guerra que corre el riesgo de desestabilizar la región, generar migración masiva y abusos a los derechos humanos”.