Columnistas

Aunque un tanto opacadas por el tema de la revocación de mandato y otros que acaparan la agenda político-mediática, la elección de dirigentes magisteriales de la semana pasada fue otro duelo entre el régimen que a lo único que llegó fue a apropiarse de los espacios de poder –quítate tú para ponerme yo- usando las mismas prácticas y lógica de antaño, contra los viejos cacicazgos que mudan de color, pero que mantienen el control de sus cotos jugando un juego que bien conocen. La elección de Secretario General de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha representado siempre un ambicionado botín político del que por muchos años se sirvió el PRI para tener una muy importante fuente de votos en todos los procesos electorales. A cambio, sus líderes han recibieron a lo largo del tiempo toda clase de prebendas de parte del sistema, como plazas que cobraban sin trabajar y que repartían entre sus allegados, presidencias municipales, diputaciones, senadurías y derecho de picaporte con el poder en turno, lo que se traducía además en grandes sumas de dinero.

Este fin de semana se emprendió una escalada contra la democracia en México que augura tiempos negros para el país. La desesperación por el previsible fracaso para alcanzar el porcentaje mínimo que le dé validez legal a los resultados de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ejercicio que ha sido pervertido por el régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, ha terminado por revelarlos en toda su podredumbre política: como violadores contumaces de la ley. Además, con un descaro que ni el PRI se atrevía a mostrar tan abiertamente. Con un discurso de pandillero, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández arremetió –para no variar- contra el Instituto Nacional Electoral, augurando que los consejeros “ya se van”, mientras él violaba la Constitución promoviendo la consulta de revocación en un acto político en Sonora.

La noche del pasado lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el “Decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental”, mejor conocido como el “decretazo”, al considerarlo inaplicable e inconstitucional. Los magistrados electorales consideraron que dicho decreto –con el cual mayoría lopezobradorista en el Congreso de la Unión decidió permitir a los funcionarios públicos hacer propaganda para promover la consulta de revocación de mandato- no realizaba una interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”, sino que solamente se estableció una excepción a la prohibición de difusión de la misma -prevista en la propia Constitución General de la República- durante el proceso de revocación de mandato, lo cual, evidentemente, resultaba violatorio de lo dispuesto en la Carta Magna.

Resulta evidente la desesperación del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por convencer a la ciudadanía de acudir a la consulta de revocación de mandato, un ejercicio que resulta inútil para el país, pero cuyo trasfondo representa un enorme riesgo para el sistema democrático en México. En los últimos días han arreciado las diatribas y ataques de los personeros y textoservidores de la “4t” y desde el propio gobierno contra quien expresa su desacuerdo con una consulta que carece de legitimidad, ya que la misma no surge de la sociedad sino desde el mismo gobierno que en teoría sería revocado, con lo cual el mecanismo resulta ocioso, pues de antemano se conoce el resultado. Tal obviedad, así como el hecho de que el electorado ya votó por el presidente López Obrador y por lo tanto tiene un mandato que cumplir -y que, reiteramos, nadie le está pidiendo masivamente que abandone, salvo algunos trasnochados tontos útiles-, no podría tener otro efecto más que la desidia de una población que, además, está cansada de ir a procesos de votación a cada rato.