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Este miércoles, el Senado de la República ratificará lo que falta del llamado “Plan B” electoral promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cerrazón y el autoritarismo de un régimen que, irónicamente, no ve ni oye a quienes disienten –exactamente de la misma forma como los ignoraban y avasallaban en el “periodo neoliberal”- ha quedado de manifiesto con su negativa a dialogar siquiera con los sectores de la sociedad civil que se le oponen para, por lo menos, escuchar lo que tienen que decir. Esto, en un afán desbocado por debilitar a tal grado el sistema electoral del país que de ninguna manera se pueda evitar que se enquisten en el poder y con ello, dar marcha atrás a las luchas democráticas que, por estúpido que parezca, encabezaron muchos de quienes hoy aplauden su destrucción. Es por ello que les irrita tanto la marcha que para protestar por la embestida antidemocrática del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se celebrará en más de 80 ciudades de la República –nueve de ellas en el estado de Veracruz- este domingo 26 de febrero: no soportan que la sociedad se organice fuera de la férula de un gobierno que pretende controlarlo todo, incluso la manera de pensar, como en cualquier autocracia bananera.

Entre las excusas, los dislates y las tonterías con las que pretenden tomarle el pelo a los veracruzanos para sostener el discurso de la supuesta honestidad, al gobierno de Cuitláhuac García le cayó como bomba el nuevo informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que evidencia el manejo desaseado de los recursos públicos en Veracruz. En los Informes Individuales de la Fiscalización Superior la Cuenta Pública 2021, la ASF reportó que el gobierno de Veracruz tiene miles de millones de pesos por aclarar entre los recursos del gasto federalizado, el gasto federalizado programable y el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. En el caso del gasto federalizado, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tiene irregularidades por un total de mil 438.8 millones de pesos, de acuerdo con el informe consolidado. Revisando un poco el detalle, solamente en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, la ASF determinó, entre otras irregularidades, que los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) “no destinaron todos los recursos del programa y los rendimientos financieros generados al cumplimiento del objeto del programa” y realizaron pagos por 77 millones 192.1 pesos por “conceptos de nómina no autorizados para financiarse con cargo en los recursos del programa”.

Mientras las autoridades veracruzanas buscaban desesperadamente convencer a la opinión pública que no son corruptas, aunque las evidencias les hayan estallado en la cara con el caso de Araly Rodríguez, dos casos de violencia volvieron a colocar en la palestra el problema más grande que el actual gobierno estatal ha sido totalmente incapaz de siquiera atender. El pasado viernes, se confirmó que Sara Hilda Olarte Cid, trabajadora jubilada del Seguro Social que se reportó como desaparecida el lunes de la semana pasada, fue encontrada debajo de un puente en la desviación de las congregaciones de El Tronconal y Chiltoyac de la capital veracruzana. Asesinada. Este nuevo feminicidio reforzó el lugar de la entidad veracruzana entre las más brutales para las mujeres en todo el país, donde gobierna un régimen que simula combatir la violencia en su contra, pero que no protege ni respeta a sus propias trabajadoras, las cuales sufren un constante acoso dentro de la misma administración estatal. La respuesta del gobierno de Cuitláhuac García fue detener a tres sujetos, uno de ellos un sobrino de la víctima, achacándoles el crimen. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones policiacas deja más dudas que certezas sobre lo que en realidad sucedió, en especial por la particular fruición que tienen por mentir.

Atrapados in fraganti en lo que ya no quedan muchas dudas de que serían sendos actos de corrupción, en el gobierno de Cuitláhuac García optaron por aplicar una máxima: negar la fiesta aunque traigan el confeti en los calzones. Luego de que la supuesta supercontratista del gobierno de Veracruz Araly Rodríguez difundiera un presunto desmentido -plagado de contradicciones- sobre todo lo publicado en torno de las más que evidentes irregularidades en el otorgamiento de contratos por asignación directa por al menos 100 millones 902 mil pesos que le dio la actual administración, fue el propio Cuitláhuac García quien entró a continuar con el rosario de desatinos con el que pretenden engañar a la opinión pública. En conferencia de prensa en palacio de gobierno y sin un gramo de vergüenza, este jueves García Jiménez salió a desdecirse de lo declarado por él mismo hace unos pocos días.