Héctor Yunes

En un año exactamente, los mexicanos y los veracruzanos tendremos un nuevo Presidente de México y al nuevo Gobernador de Veracruz. Si bien ambos tomarán posesión meses después, la suerte de generaciones de mexicanos estará echada. En un año terminará la pesadilla llamada Morena. Pero antes de eso, México vivirá un escenario sumamente complejo, con una crisis de fin de sexenio no vista desde hace 30 años. La historia y los tribunales conocerán de los agravios, la corrupción y los delitos cometidos por un morenismo voraz y revanchista que prometió ayudar a los pobres y que sólo lucró con ellos. Tanto el Presidente de México como el Gobernador de Veracruz saben que sus gobiernos, son gobiernos fallidos. Que son los gobiernos más corruptos y violentos. Los abrazos y no balazos no fue una estrategia de seguridad. Fue un cheque en blanco a la impunidad de la delincuencia organizada. Por eso los delincuentes suelen “portarse muy bien” en las elecciones, como lo ha dicho cínicamente López Obrador.

El homicidio de seis personas en dos ataques diferentes en los municipios de Tuxpan y Tecolutla el viernes pasado, confirman que la realidad que vive el estado es muy distinta al mundo maravilloso que se observa desde el cristal del Palacio de Gobierno. Veracruz está mucho peor de lo que imaginábamos. Este fin de semana cumplí los primeros tres meses de mi recorrido por la entidad. He visitado 42 municipios, de Pánuco a Coatzacoalcos, desde la huasteca hasta los llanos del Sotavento, pasando por la serranía de Otontepec, Papantla, Misantla y Zongolica. He tenido la oportunidad de sostener más de 200 reuniones con veracruzanos que nos representan a todos: líderes sociales muy reconocidos, vecinos y colonos, colectivos de personas desaparecidas, locatarios de mercados, comerciantes y empresarios, rectores de universidades, académicos, estudiantes, líderes religiosos, actores políticos, exrepresentantes populares, sindicatos y, por supuesto, algunos de los medios de comunicación más influyentes de Veracruz.

El miércoles 22 de marzo, mediante memorándum No. HRXDLFN/SERVICIO CIRUGÍA GENERAL 57/2023, el doctor Melito Lozano Morales, Jefe del Servicio General del Hospital Luis F. Nachón de Xalapa, informó a la Subdirectora del Hospital, doctora Reina Uscanga Uscanga, que a partir de esa fecha “se suspenden las cirugías programadas y la consulta externa de la especialidad” en ese nosocomio. En el mismo documento, el doctor Lozano reconoce que no se trata de una emergencia, sino que “obedece a la situación actual del servicio de anestesiología que usted ampliamente conoce”. Por tanto, no se trató de un rumor. No es información falsa como ha dicho cínicamente el gobernador del estado, ni se trata de una confusión, como intentó justificar de manera vergonzosa el secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales. Es información oficial emitida por las propias autoridades del hospital. La medida emergente que tenía un carácter “indefinido”, tuvo que ser resuelta casi de inmediato, ante el escándalo nacional por una decisión negligente que podría haber costado la vida a decenas de personas que llevan meses esperando ingresar al quirófano.

Durante dos décadas, desde que gobernó la ciudad de México hasta llegar a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, su familia y colaboradores más cercanos se financiaron a través de una amplia red de recaudación de dinero en efectivo para no dejar rastros. Desde entonces, miles de millones de pesos en efectivo han pasado por los bolsillos del Presidente y su corte real. Es la monarquía del cash. El Rey del Cash –título del libro de la periodista Elena Chávez donde se revela el modus operandi que han utilizado durante más de 20 años para “financiar el movimiento”- sumó a su perniciosa realeza a toda clase de personajes, el último de ellos, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. En Veracruz también tenemos a Cuitláhuac García, el príncipe del cash, en cuyo gobierno florecen las empresas fantasmas. Hace unos días se reveló que una modesta empleada eventual de la SEV recibió 33 contratos por más de 100 millones de pesos; de hecho, en Veracruz 99 de cada 100 contratos se hacen por asignación directa a amigos, socios y cómplices.

El plagio de una tesis de licenciatura cometido hace 35 años por la Ministro Yasmín Esquivel Mossa ha desatado la peor crisis institucional que hayan tenido que enfrentar la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El acto de corrupción de la Ministro Esquivel resulta apenas el síntoma de una enfermedad que ha hecho metástasis: la corrupción al interior de la Corte respecto de los perfiles de algunos de sus integrantes -coincidentemente a propuesta de la 4T- y el plagio académico al interior de la UNAM. Por tratarse de dos de las instituciones más importantes del país, estamos ante una crisis de Estado. Tanto la SCJN como la UNAM están obligadas a iniciar una profunda investigación sobre estas prácticas para intentar rescatar algo del prestigio perdido con el ‘tesisgate’ de la Ministro Esquivel. ¿Quién podrá confiar en el futuro en una resolución emitida por una Corte presidida por quien hizo trampa para titularse? ¿Cuántos, a partir de esta triquiñuela de Esquivel, dudarán de la legitimidad del título de un egresado de la UNAM? Ambas instituciones están ante una encrucijada.

Durante el gobierno de López Obrador han sido asesinados en México un total de 63 periodistas. Tal vez el más mediático fue precisamente el que no se consumó, el de Ciro Gómez Leyva, identificado por el propio Presidente como uno de sus más acérrimos adversarios. La agresión que sufrió el periodista a unos metros de su casa la noche del jueves no es un hecho aislado; tampoco una casualidad. Se dio precisamente durante la primera quincena del mes de diciembre, la más violenta del año. Además, sucede casi al terminar el 2022, en lo que ya es el año más mortífero para periodistas en las últimas tres décadas. Tan sólo en el año que está por concluir han sido ejecutados 15 periodistas. Por mucho, México es el país donde más homicidios de comunicadores se han registrado – incluso el doble de los ocurridos en Ucrania-, según la organización Reporteros Sin Fronteras. El gobierno no mata periodistas, han dicho una vez ante la duda creciente sobre la autoría intelectual de las agresiones. En todo caso, si el gobierno no los mata, tampoco hace nada para protegerlos; por el contrario, ha creado todas las condiciones –polarización, descalificación, omisión, impunidad- para que esto suceda con mayor frecuencia.

Ante la creciente posibilidad de que la Cuarta Transformación se convierta únicamente en la cuarta alternancia presidencial, el debate no debe enfocarse solo en la incapacidad y autoritarismo del gobierno de López Obrador, sino también en las características de un nuevo sistema político que sustituya al presidencialismo: el gobierno de coalición. Paradójicamente, la iniciativa de un gobierno de coalición cobró fuerza hace más de una década ante un presidencialismo débil, incapaz de transitar reformas de gran calado en un Congreso dominado por la oposición. Sin embargo, hoy se presenta como la alternativa más sólida para frenar el hiper presidencialismo y construir un nuevo sistema político en México. El sistema presidencialista está agotado. La democracia ha sido una puerta abierta a los excesos del poder en todos sus niveles, en todos sus poderes, en todos sus gobiernos. La fallida 4T sólo exacerbó estos vicios.

​Movido por el resentimiento y la frustración, el Presidente ha respondido a cientos de miles de ciudadanos que se movilizaron en defensa del Instituto Nacional Electoral: “¡Quédense con el INE! ¡Les falta pueblo!”. López Obrador sabe que la batalla de la reforma electoral está perdida y hoy busca un plan B: hacer de lo que siempre se dijo víctima: el fraude electoral desde el poder. La marcha promovida y financiada por el Presidente y sus gobernadores no cumplió su objetivo: no alivió la inquina presidencial, no mostró músculo ni generó las condiciones para sacar adelante su reforma electoral en el Congreso. Le faltó pueblo. López Obrador ya no podrá cambiar el método para elegir a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF; tampoco reducir el número de diputados y senadores, ni quitar el presupuesto a los partidos. Las tres iniciativas eran claves para romper los contrapesos al Presidente.

La escena era verdaderamente dramática: adolescentes que no podían respirar, les dolía el pecho, vomitaban, se desmayaban. Empezaron a llorar y gritar, quedaron tirados en el piso y los pasillos, mientras maestros y padres de familia corrían presas del miedo y la incertidumbre. Salvo el Presidente y su gobierno, nadie en Bochil, en los Altos de Chiapas, olvidará la escena de pánico en la escuela Juana de Asbaje. Lo mismo sucedió en dos secundarias federales de Tapachula y el Colegio de Bachilleres de Tuxtla Gutiérrez. Sólo en Bochil, 72 estudiantes tuvieron que ser hospitalizados; una semana después, once de ellos seguían en el nosocomio; por fortuna, el caso más grave había salido del coma. ¿Qué intoxicó a 154 adolescentes, lo mismo de ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez que de un pequeño municipio rural? ¿Quién tuvo libre acceso a las escuelas, a la alimentación de los estudiantes y cómo lo distribuyó al interior de los centros escolares? ¿Qué pretendían los autores este crimen atroz? Lo más grave del caso es que las autoridades de salud y de procuración de justicia no tienen la más peregrina idea de lo que ahí sucedió.