Columnas de Interes

La prórroga del mandato del rector Martín Aguilar Sánchez, otorgada por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), ha generado graves escenarios de riesgo para la comunidad universitaria: estudiantes, investigadores, docentes, trabajadores en general, ya que este acto representa una violación clara a la legalidad interna, un intento de perpetuación del poder y un atropello a los principios de autonomía y alternancia. Más allá del debate normativo, lo urgente ahora es visibilizar las graves consecuencias sociales y estructurales que esta decisión puede tener, no solo dentro de la Universidad, sino para toda la sociedad veracruzana.

I. Jóvenes universitarios: los más vulnerables en el conflicto institucional

1. Pérdida de confianza en la institución

Cuando el rectorado es percibido como ilegítimo o impuesto, los estudiantes ven con escepticismo todo el modelo educativo. La idea de que las reglas pueden doblarse desde arriba genera una ruptura en la credibilidad institucional, minando el sentido de pertenencia y el compromiso con su formación.

En días pasados el diputado Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso Legislativo de Veracruz, cuestionó el destino del presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana (UV), en medio de las discusiones para la asignación de recursos del año 2026; pero, sobre todo, en un momento en que nuestra Máxima Casa de Estudios registra una severa crisis de legalidad, por cuanto la Junta de Gobierno le otorgó, de manera ilegal, una prórroga por 4 años más al frente de la Rectoría, a Martín Gerardo Aguilar Sánchez.

Frente a este escenario, la comunidad universitaria está en espera de que lo aseverado por el diputado Esteban Bautista, al cuestionar el destino del presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana para 2026, encuentre eco ante los órganos fiscalizadores de la cuenta pública, tanto federal como estatal, a fin de que se revise el presupuesto ejercido durante la gestión del señor Martín Aguilar al frente de Nuestra Máxima Casa de Estudios y de no solventarse las observaciones que las legislaturas y los entes de fiscalización hayan detectado, se ejerzan las acciones legales a fin de deslindar responsabilidades y aplicar las indemnizaciones que correspondan. Por ello, nuestro apoyo a la Gobernadora de Veracruz y a Esteban Bautista, en su afán de ejercer un manejo responsable de los dineros, cuya opacidad ha imperado en los últimos cuatro años en la Universidad Veracruzana.

La vida de las universidades públicas en México está regida por un principio fundamental: la autonomía. Esta no solo implica la libertad para definir planes académicos o de investigación, sino, sobre todo, la capacidad de autorregularse dentro de un marco legal. Por tanto, la legalidad no es opcional, sino una obligación ineludible que todas las universidades deben acatar. En este sentido, la elección de autoridades universitarias, especialmente de los rectores, debe estar sujeta a los estatutos y reglamentos internos, más allá de quién designe al rector o de la edad que tenga el aspirante. Sin embargo, este principio ha sido violado recientemente en la Universidad Veracruzana (UV), donde la Junta de Gobierno ha prorrogado ilegalmente el mandato del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, generando una grave crisis institucional cuyos principales afectados son los jóvenes universitarios.

Un análisis comparativo entre las universidades públicas del país permite entender que, si bien cada institución tiene autonomía y particularidades propias, todas comparten un elemento esencial: la necesidad de respetar su normatividad interna. Por ejemplo:

Universidades como la UNAM, la UAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) establecen con claridad límites de edad para quien aspire a la rectoría (entre 30 y 70 años).

El próximo miércoles 27 de agosto del actual, los Consejeros Universitarios hemos sido convocados al Consejo Universitario General (CUG), para dar testimonio del 4to y último (esperemos que así sea) informe de la administración del Rector Martín Gerardo Agilar Sánchez, al frente de la Universidad Veracruzana (UV). Con el ánimo de abreviar su informe, a continuación les presento a manera de numeraria (información sin adjetivos), un previo de lo que ha sido su administración, sustentado en mi trabajo de investigación de año y medio, publicado con el título: Universidad Veracruzana: su pasado inmediato y sus retos actuales (diagnóstico necesario). El cual se puede descargar de manera gratuita de la página www.enfoqueveracruz.org

1. Avance lento en infraestructura y cobertura

La UV cubre únicamente 21 de los 212 municipios de Veracruz, lo que equivale apenas el 24.5% del territorio estatal. Además, los estudiantes provienen en promedio de solo 52 municipios.

La tasa de crecimiento del patrimonio inmobiliario se ha limitado al 0.62% anual durante su rectorado, frente al 1.18% anual registrado entre 2005 y 2021.

2. Crecimiento débil de matrícula y baja vinculación laboral

La matrícula creció apenas un 4.11% entre 2022 y 2025, mientras que en rectorados anteriores fue del 34.56% (2005–2013) y del 5.91% (2014–2021).

Solo se ha logrado vincular laboralmente al 0.872% de los egresados desde 2014, muy por debajo del 10% que en promedio logran otras universidades públicas del país.

En días pasados el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con Rectores de Universidades Públicas del país, a este evento acudió el Rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, e incluso difundió una fotografía donde está posando junto a Hugo Aguilar, quizás con la intención de enviar un mensaje, de presunta fortaleza en sus relaciones con el poder judicial,  a los universitarios quienes hemos interpuesto juicios de amparo a nivel federal, por la ilegítima e ilegal prórroga que la Junta de Gobierno extendió por 4 años más al rector Aguilar: es decir, aspira a cuatro años más de exclusión y retroceso.

La pregunta que surge es ¿Será que el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga conocimiento de la discriminación que la administración de Martín Aguilar ha ejercido en contra de los indígenas de Veracruz? Pues es importante precisar que la entidad cuenta con más de un millón de habitantes indígenas y que, sin embargo, la Universidad Veracruzana (UV) apenas abre sus puertas a un 1.45% de ellos: la administración universitaria actual no ha incorporado reformas a la Universidad Veracruzana Intercultural para mejorar condiciones de estudio para los indígenas.

La Universidad Veracruzana (UV), por décadas, fue orgullo académico y cultural de Veracruz y de México. Sus egresados eran sinónimo de excelencia, con formación sólida en ciencias, artes, tecnología y humanidades. Eran profesionistas altamente demandados en el mercado laboral, ocupando puestos bien remunerados y de gran responsabilidad. El prestigio académico de nuestra Alma Mater, su producción científica, su impulso a las artes y su contribución al desarrollo económico del estado la convirtieron en una institución modelo. Sin embargo, en los últimos años, la UV atraviesa una crisis profunda que amenaza su esencia, su autonomía y su capacidad para responder a las demandas de una época de transformaciones aceleradas.

Hoy, la Universidad Veracruzana enfrenta una doble problemática:

La transgresión a su marco legal. La decisión de la Junta de Gobierno de otorgar, de manera ilegal, una prórroga de cuatro años al actual rector Martín Aguilar Sánchez, rompe con los principios normativos que regulan la vida universitaria. Esta medida, percibida como un acto de control político por parte de grupos de poder, ha despertado una inconformidad generalizada en la comunidad universitaria. La Universidad, en lugar de ser un espacio de debate académico libre y autónomo, corre el riesgo de convertirse en un instrumento al servicio de intereses ajenos a su misión educativa y científica.

El retroceso en la mayoría de los indicadores académicos y de calidad
de la actual administración son alarmantes: en el ranking internacional Quacquarelli Symonds, la UV se ubica en el lugar 1,483 de 1,500 universidades evaluadas a nivel global y ocupa el último lugar entre las 32 universidades mexicanas consideradas. Este deterioro no solo afecta su prestigio, sino también el valor del título que obtienen sus egresados, debilitando sus posibilidades de competir en un mercado laboral cada vez más exigente y globalizado.

A la comunidad universitaria: docentes, académicos, investigadores, estudiantes, trabajadores manuales y administrativos.

Hoy la Universidad Veracruzana (UV), nuestra Máxima Casa de Estudios, se encuentra en un momento histórico que marcará su destino. Nos enfrentamos a una realidad dolorosa: la Junta de Gobierno ha otorgado de manera ilegal una prórroga de cuatro años más al Rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, desafiando la legalidad que debe regir nuestra institución y vulnerando el espíritu democrático y colegiado que nos ha dado identidad durante décadas.

Esta decisión no solo es injusta, es también peligrosa, porque abre la puerta al deterioro institucional, a la falta de rendición de cuentas y a la pérdida de confianza de la sociedad veracruzana. Una Universidad que no respeta sus propios principios deja de ser ejemplo de ética y justicia.

¿Por qué debemos alzar la voz?

Porque los resultados de esta administración han sido desalentadores y ponen en riesgo el prestigio y el papel histórico de la UV:

Recientemente, en el emblemático Museo de Antropología del Estado de Veracruz, presentamos una obra que simboliza más que un producto editorial: es una propuesta de futuro. El Atlas Agrícola de Veracruz 1960–2022, elaborado con la destacada colaboración de la Dra. Josefa Carolina Fortuno Hernández, es el resultado de casi tres años de trabajo riguroso, apasionado y comprometido con la transformación del campo veracruzano.

Durante su presentación, que incluyó la entrega gratuita de ejemplares impresos, tuvimos el privilegio de contar con especialistas del más alto nivel, como el Dr. Ramiro Sánchez Uranga del Tecnológico Agropecuario de Úrsulo Galván. Pero lo que realmente marcó un precedente fue la presencia institucional del Mtro. Raúl Gámez González, Subsecretario de Desarrollo Agrícola de la SEDARPA, y del Subsecretario de Ganadería, Carlos Manuel Jiménez Díaz. Esta participación activa revela que, al menos desde el Gobierno estatal, hay un interés genuino por articular esfuerzos entre ciencia, política pública y sector productivo, bajo el enfoque de la Triple Hélice: Gobierno, Academia y Empresa.

La deuda nacional es el dinero que el gobierno tiene por gastar más allá de lo que recauda, e incluye tanto el capital como los intereses y, cuando es elevada, puede comprometer el presupuesto público, limitando los recursos para sectores esenciales como salud, educación e infraestructura. Se divide en:

Deuda interna: contraída dentro del país, en pesos, con bancos o inversionistas locales, a través de la emisión de bonos, como son los CETES, o emisión de circulante.

Deuda externa: es aquella adquirida en el extranjero, generalmente en dólares, con organismos internacionales o mercados financieros.

Al cierre de 2024, según México Evalúa (con datos oficiales) la deuda pública federal sumaba 17.4 billones de pesos (51.4% del PIB). Esto reflejó un incremento de 23% respecto a 2018, explicado casi totalmente por la deuda interna: el gobierno tomó préstamos domésticos que elevaron la deuda interna en 4.1 billones (un 45.5% más) mientras la externa bajó en unos 0.9 billones. A marzo de 2025, el 82.8 % de la deuda bruta del sector público era interna, emitida principalmente en pesos a través de instrumentos como Cetes, Bonos M y UDI bonos; la diferencia porcentual es deuda externa Es importante señalar que la deuda neta del gobierno ascendía al 49.7 % del PIB al cierre de la gestión de López Obrador.

Es necesario precisar que el incremento de la deuda interna incide directamente en la disponibilidad de recursos para ser invertidos en el desarrollo del país, pero a su vez, tiene un efecto negativo en la inversión privada (efecto crowding out). Actualmente el costo financiero de la deuda total —intereses y amortización— representa cerca del 3.8 % del Producto Interno Bruto (PIB).