Columnas de Interes

A pocos días de que las nuevas autoridades municipales entren en funciones, situación que se cristalizará el 1 de enero de 2026, un instrumento inédito promete convertirse en la pieza clave para transformar la forma en que se diseña el desarrollo local. Se trata del Atlas Económico de Veracruz 2025, una investigación de gran calado elaborada por universitarios que estamos comprometidos con el progreso de Veracruz.

Este Atlas será publicada en tres tomos dedicados a los sectores que sostienen la economía estatal: manufactura, comercio y servicios. Su contenido no solo describe la actividad económica municipal; va mucho más allá. Ofrece, por primera vez, una radiografía precisa de las capacidades productivas, laborales y territoriales de los 212 municipios del estado, con información sustentada en el Censo Económico 2025, mapas, fichas analíticas y el cálculo del Coeficiente de Especialización Económica (COEE), insumo crucial para identificar vocaciones reales y ventajas comparativas.

Consideramos que el momento de su lanzamiento es estratégico para potenciar el desarrollo regional, ya que los ayuntamientos que tomarán protesta en 2026 contarán únicamente con cuatro meses para elaborar su Plan Municipal de Desarrollo 2026–2029, y este Atlas brinda los datos que permitirán dejar atrás los planes genéricos para construir por primera vez planes municipales realistas, funcionales y orientados al crecimiento económico, con impacto medible en la generación de empleos y la reducción de la pobreza.

En días recientes, el Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, pronunció palabras que, dadas las circunstancias actuales de Veracruz, resuenan con particular fuerza: “Veracruz vale más que cualquier rencilla; Veracruz es más grande que cualquier ambición personal, política o económica.” Lo dijo con oportunidad, antes de que en la sede del Congreso Local comenzaran a asomarse tensiones y signos de violencia.

Su mensaje, cargado de un llamado a la madurez, la civilidad, el diálogo y el entendimiento, pareció, en ese momento, una voz aislada. Sin embargo, su gesto político —su mano extendida hacia todas las fuerzas y actores, incluso hacia quienes la propia administración estatal ha mantenido a la distancia— merece ser retomado con seriedad.

Hoy, yo acepto tomarle la palabra como compromiso y le estrecho la mano. Y lo hago en mi calidad de académico, a título estrictamente personal, como veracruzano por convicción y como universitario preocupado por la crisis que atraviesa nuestra Máxima Casa de Estudios: la Universidad Veracruzana (UV).

La Universidad Veracruzana (UV) vive una crisis que ya rebasó los límites de lo institucional. Lo que comenzó con la prórroga ilegal otorgada por la Junta de Gobierno al rector Martín Aguilar Sánchez se ha convertido en un deterioro profundo que golpea, sin matices, a quienes menos responsabilidad tienen: los jóvenes universitarios.

La comunidad ha pasado más de seis meses protestando, amparándose y exigiendo legalidad. Mientras tanto, tribunales federales han aplicado normativas anteriores a las reformas constitucionales de 2011 y a la Ley de Amparo reformada en 2013, dejando indefensos a quienes buscan que se respete el Estado de Derecho dentro de la UV.

Si el Congreso no actúa pronto mediante una interpretación auténtica que eche abajo la prórroga, esta ilegalidad podría prolongarse hasta enero de 2026, un semestre académico más y las consecuencias serían devastadoras para toda una generación, por ello, es importante reflexionar acerca de la realidad cruda que hoy viven los estudiantes y que debe ser conocida por la opinión pública.

La primera víctima: el futuro profesional de los jóvenes

En días pasados, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, resolvió el recurso de queja 362/2025, promovido por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV).

La resolución, firmada por los magistrados Israel Herrera Severiano, Ahleli Antonia Feria Hernández y Rosenda Tapia García, constituye un documento que pasará a la historia jurídica del estado no por su rigor, sino por su burdo intento de justificar lo injustificable: proteger a un grupo enquistado en el poder universitario, al costo de negar el acceso a la justicia y vulnerar los derechos fundamentales de toda una comunidad académica. El Tribunal dictó un fallo incongruente, infundado y abiertamente protector de intereses políticos, no de la justicia.

Una resolución sin análisis ni congruencia. El fallo —cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Feria Hernández— declara “sin materia” el recurso de queja interpuesto por la Junta de Gobierno contra el acuerdo del 8 de julio de 2025, mediante el cual el Juzgado Primero de Distrito de Xalapa había admitido mi demanda de amparo por violación a mis derechos constitucionales para participar en el proceso de selección del nuevo rector.

La Universidad Veracruzana (UV), institución histórica y símbolo de la educación pública en el estado, atraviesa una de las etapas más oscuras de su vida moderna. La Junta de Gobierno (JdG), órgano que debería ser garante de la autonomía y la legalidad universitaria, se ha convertido en el epicentro de una crisis institucional marcada por la ilegalidad, la opacidad y la manipulación política.

En la entrevista que recientemente realizó nuestro amigo Sergio González Levet, a 3 prestigiados académicos, 2 de ellos ex integrantes de la JdG de la UV, se evidencia la actitud complaciente, defensiva y tendenciosa de varios de sus integrantes; de hecho, exhibe un comportamiento que no sólo contradice los valores universitarios, sino que destruye la confianza en el autogobierno universitario. Su decisión de prorrogar el mandato de Martín Gerardo Aguilar Sánchez —sin un proceso claro, sin consulta amplia y con interpretaciones normativas a conveniencia— ha generado un quiebre moral dentro de la comunidad universitaria. Detrás de los discursos formales sobre la “autonomía” y la “estabilidad institucional”, se esconde un acto que muchos juristas y académicos califican de aberrante e ilegal: la usurpación del principio de legalidad, el desprecio por el consenso universitario y la perpetuación de intereses personales.

La podredumbre dentro del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) llegó al más alto nivel, destapando un caso de película, donde una banda de rufianes con charolas de la dependencia, llegaron al extremo de reemplazar una millonaria incautación de cocaína y poner leche en polvo para quemarla y aparentar cumplir con los protocolos de ley.

Casi 900 kilos de cocaína desaparecidos como por arte de magia sin que se sepa a ciencia cierta dónde quedaron y contratos irregulares, fueron las causas principales por las que el anterior titular del OIC, Arturo Serrano Meneses, fue “renunciado” y tendrá que rendir cuentas a las autorizaciones ministeriales.

En lo que es un caso de película la FGR trabaja horas extras en el armado de las carpetas de investigación que involucra por lo menos a otros nueve miembros del equipo anterior en el OIC.

Después de descubrirse los bochornosos hechos, en lo que debía ser la Unidad que garantizara la buena y correcta operación de la FGR, la cosa no estaba nada sencilla para buscar un encargado que estuviera a la altura del cargo y, sobre todo, de la circunstancia.

Apenas el 23 de septiembre la Cámara de Diputados tomó protesta a Óscar Daniel Del Río Serrano como el nuevo titular de ese puesto y por primera vez en muchos años me hizo pensar de verdad que no todo está perdido con la 4T en temas de la lucha contra la corrupción.

La prórroga del mandato del rector Martín Aguilar Sánchez, otorgada por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), ha generado graves escenarios de riesgo para la comunidad universitaria: estudiantes, investigadores, docentes, trabajadores en general, ya que este acto representa una violación clara a la legalidad interna, un intento de perpetuación del poder y un atropello a los principios de autonomía y alternancia. Más allá del debate normativo, lo urgente ahora es visibilizar las graves consecuencias sociales y estructurales que esta decisión puede tener, no solo dentro de la Universidad, sino para toda la sociedad veracruzana.

I. Jóvenes universitarios: los más vulnerables en el conflicto institucional

1. Pérdida de confianza en la institución

Cuando el rectorado es percibido como ilegítimo o impuesto, los estudiantes ven con escepticismo todo el modelo educativo. La idea de que las reglas pueden doblarse desde arriba genera una ruptura en la credibilidad institucional, minando el sentido de pertenencia y el compromiso con su formación.