Aurelio Contreras Moreno

Claudia Sheinbaum y su gobierno decidieron enfrentar la convocatoria de la llamada “Marcha de la Generación Z” con una estrategia que revela su acendrado autoritarismo: una campaña de linchamiento mediático, intimidación y desacreditación contra quienes se atrevieron a organizarse.

Desde la tribuna presidencial se ha intentado reducir la movilización a un “montaje” financiado por la oposición –cuyos partidos ni por asomo tienen algo cercano a ese alcance- y esa entelequia a la que llaman “la derecha”; se han señalado cuentas en redes sociales como si se tratase de “conspiraciones internacionales” y hasta se ha buscado ridiculizar a quienes promueven la protesta. El mensaje es claro: deslegitimar antes que escuchar.

La resolución que tomó el Poder Judicial Federal la semana pasada al negarse a analizar el fondo de las solicitudes de amparo contra la prórroga ilegalmente concedida a Martín Aguilar en la rectoría de la Universidad Veracruzana, es apenas el síntoma más visible de una enfermedad más profunda: la claudicación del Estado de Derecho.

En lugar de analizar de fondo la legalidad de la extensión del mandato rectoral, un juez –ha de ser de “tómbola”- del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa optó por desechar los amparos con argumentos procesales anacrónicos, invocando jurisprudencias previas a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, alegando que como la UV es autónoma, las decisiones de sus autoridades no causan violaciones a los derechos humanos de los universitarios. Una brutalidad, digna del retroceso que vive el país.

Contra la versión que la rectoría espuria divulga, no se resolvió si la prórroga fue legal o no. Simplemente se negó el acceso a la justicia. En palabras de los académicos promoventes de los amparos, “ningún tribunal confirmó la validez de la prórroga”. Pero sí cerraron la puerta a su revisión.

La espiral de violencia que consume a México escaló a un nuevo nivel este fin de semana con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue ejecutado en público, durante un festival al que acudió una gran cantidad de personas en pleno centro de esa ciudad michoacana, sin que la supuesta escolta de 14 elementos de la Guardia Nacional que el gobierno federal dice que tenía asignados, hiciera nada para protegerlo.

La respuesta oficial fue la misma de siempre. Dijeran por ahí, de manual: atrincherada en la negación y en lugar de asumir con responsabilidad el más que evidente deterioro de la seguridad pública en todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por descalificar toda crítica y colocarle el sambenito de “campaña de odio” o “uso político del dolor”. Algo debe saber de eso, pues ella, su mentor y su partido se especializaron en hacer eso mismo durante más de dos décadas.

Pero lo único cierto es que el país se le va de las manos. La realidad es que los cárteles del crimen organizado han tomado el control de regiones enteras en las que los alcaldes están bajo amenaza –porque no podría decirse que gobiernan-, y los ciudadanos viven entre el miedo y la desesperación.

La figura de la revocación de mandato fue presentada e impulsada por Andrés Manuel López Obrador como una de las grandes conquistas democráticas de la “cuarta transformación”. Un mecanismo para que el pueblo “ponga o quite” a sus gobernantes, en ejercicio directo de su soberanía.

Para ello, se reformó la Constitución federal, se legisló su reglamentación y en 2022 se realizó la primera consulta nacional, aplicada a él mismo, aunque con resultados más que cuestionables por su diseño –su verdadera intención era sustentar una intentona de extensión de mandato con una “revocación” empujada desde el poder, no desde la ciudadanía- y ejecución que, al final, no tuvo efecto legal alguno, pues no se alcanzó el requisito mínimo de votación para que el ejercicio fuese vinculante.

Pero la figura legal quedó ahí, establecida en la Constitución de la República y, para no desentonar ni contrariar los deseos y ejemplo del “patriarca”, se incluyó en la legislación de varias entidades federativas, principalmente las controladas por Morena.

En medio de un despliegue militar y mediático, con decenas de elementos castrenses presentes en labores de apoyo tras las inundaciones, y el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nahle acudieron a la ciudad, en Álamo la violencia volvió a imponerse con brutal claridad.

Este jueves 23 de octubre, a plena luz del día, en una localidad de ese municipio fue asesinado a balazos el empresario citrícola de 43 años Javier Vargas Arias. Un abierto desafío al Estado mexicano, cuyo aparato estaba concentrado en sus tres niveles en esa ciudad, semidestruida por las lluvias y la negligencia de las autoridades.

Ni la presencia castrense, ni la visita presidencial ni la devastación y la emergencia impidieron que un grupo armado ejecutara a Vargas Arias en la vía pública, a plena luz del día. La escena es tan absurda como reveladora: mientras se hablaba de reconstrucción, se perpetraba un asesinato. Mientras se prometía seguridad, se sembraba miedo.

La emergencia provocada por las lluvias en el norte de Veracruz no solo dejó comunidades bajo el agua, caminos destruidos y miles de familias damnificadas. También desnudó el oportunismo y la precariedad institucional con que se ejerce el poder en el estado y el país.

Durante su conferencia “mañanera” de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las familias damnificadas recibirán, cada una, ¡20 mil pesos! como apoyo emergente. Veinte mil pesos. Y si la vivienda tuvo pérdida total, se promete un apoyo adicional de ¡70 mil pesos!

Sin necesidad de analizar mucho, resulta más que obvio que el gobierno pretende darle “mejoralitos” o, peor aún, un placebo a la población afectada, a la que no puede responderle con un verdadero plan de ayuda y reconstrucción porque, como sabemos, desde el sexenio pasado el régimen desapareció el mecanismo que permitía accionar de manera inmediata ante las emergencias: el Fondo de Desastres Naturales.

A Claudia Sheinbaum le tomó tres días asomarse al desastre. Tres días para que la presidenta de la República pusiera un pie en el norte de Veracruz y en los otros estados donde miles de familias perdieron todo bajo el agua y la gente sobrevivió como pudo, mientras desde el poder se intentaba imponer una narrativa de “coordinación, atención y trabajo conjunto” que no resiste el menor contraste con la realidad.

Aun cuando tuvo más valor y responsabilidad que Andrés Manuel López Obrador, que jamás se dignó a exponerse a los reclamos del “pueblo bueno” cuando sucedía un desastre natural como aquel que devastó Acapulco, Claudia Sheinbaum no salió ilesa y mostró su lado más intolerante cuando, agobiada por los reclamos de la población en Poza Rica a la que visitó este domingo, amenazó con irse si no se callaban y a gritos pretendía imponerse a la desesperación de quienes perdieron patrimonio y seres queridos.

Este lunes, comenzó el intento de control de daños políticos, porque el de los daños a infraestructura y vidas van para largo. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum soltó una frase que resume la actitud del régimen ante su responsabilidad en la tragedia: “No había ninguna condición científica o meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud”.

El maltrato que sufrieron los integrantes del grupo “Son de Madera” y otros miembros de conjuntos artísticos veracruzanos en su traslado al Festival Cervantino esta semana, más que un “accidente logístico” o una mera desatención, es en realidad síntoma de una política cultural que en Veracruz desprecia a sus protagonistas. Que los instrumentaliza para la foto oficial y los aprovecha para alimentar la narrativa propagandística, pero que los humilla en el camino. No es la primera vez. Y lamentablemente, no parece que vaya a ser la última.

Este año, el estado de Veracruz, junto con el Reino Unido, son los invitados especiales a la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, uno de los más importantes referentes culturales de Iberoamérica. La cartelera de actividades relacionadas con la cultura veracruzana es bastante amplia y supone una enorme oportunidad para promover a la entidad, incluso, como se hizo, bajo la frívola consigna de que “Veracruz está de moda”, eslogan de la administración de Rocío Nahle que, sin duda, la define bien.

Con todo y ello, el escaparate es gigantesco y debería aprovecharse la vastísima riqueza cultural y artística con la que cuenta la entidad para proyectar una imagen diferente a la que ha definido a Veracruz los últimos años: la de la corrupción desmedida y la violencia sin freno. Sin duda, este estado también es creación, y no solo destrucción.

Desde siempre, el uso de la represión policíaca contra la ciudadanía erosiona la legitimidad democrática y demuestra que ante la ausencia de argumentos y de capacidad, lo único que se impone es la fuerza.

La movilización de granaderos para disolver manifestaciones ciudadanas de los últimos días en Xalapa —de maestros jubilados y padres de familia de zonas indígenas, específicamente— muestra el talante autoritario de la gobernadora Rocío Nahle, que a menos de un año de haber asumido el poder demuestra cómo es que está dispuesta a ejercerlo, y que lejos de dialogar, opta por blindarse.

No parece ser un hecho aislado ni una reacción improvisada, sino más bien una respuesta de Estado al descontento que crece en una de las áreas más delicadas de la administración estatal: la de la educación. Aunque las de la salud y la seguridad no están muy lejos de provocar reacciones similares.

La revisión de la Cuenta Pública 2024 por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha confirmado lo que durante años se denunció y era tan evidente como el Pico de Orizaba: el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no solo fue incompetente en la gestión pública, sino que convirtió sus obras “insignia” en monumentos al desvío, la simulación y la corrupción que tanto juró combatir, llenándose la boca al afirmar con displicencia “no somos iguales”.

El presunto daño patrimonial del gobierno de Cuitláhuac García en el último año de su desastrosa y corrupta administración asciende a casi mil 600 millones de pesos entre las secretarías de despacho, que acumulan irregularidades por 830 millones 868 mil pesos en dependencias clave como la SEV, la SIOP, Sedesol, Sedema y Sedarpa, y los organismos públicos descentralizados, que presentaron posibles desvíos por 766 millones 765 mil pesos.

Es en este último rubro donde se ha puesto énfasis en tres proyectos que, siempre en una triste y patética imitación de López Obrador, García Jiménez pretendió erigir como sus supuestas “obras insignia”. Lo cual, habrá que reconocer, logró. Se convirtieron en insignia de su corrupción.