Aurelio Contreras Moreno

Aun cuando en teoría no cuenta con los votos necesarios en el Congreso de la Unión para sacar adelante las 20 iniciativas de reformas constitucionales que envió este lunes 5 de febrero, no es gratuito que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido “jugarse su resto” en el último tramo de su sexenio. El paquete de reformas es una mezcolanza de temas y rubros con los que, principalmente, López Obrador buscará tomar el control de la agenda pública durante el proceso electoral. Es una manera de meterse en la campaña sin ser él, formalmente, el candidato. Y los principales temas a discutir serán previsiblemente las amenazas de desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la elección de ministros se vuelva un tianguis electoral; la desaparición de los organismos autónomos, a lo que en su discurso calificó de «onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal”; así como la “joya de la corona”: el aumento en los montos de las pensiones, becas y programas clientelares, que son la base de su éxito y popularidad. Mientras quede dinero para derrocharlo, por supuesto.

Cada que se acerca el fin de un periodo de gobierno, quienes ejercieron el poder a plenitud (o estuvieron en la plenitud del pinche poder, diría un clásico), buscan la manera de “cuidarse las espaldas”. Esto es, de evitar ser llamados a cuentas una vez que esa condición de poder termine. Para ello luchan por imponer como sucesor(a) a un incondicional –o que creen que les será incondicional-. Pero cuando las condiciones políticas no les son favorables para alcanzar ese propósito, otra vía es la de hacer nombramientos en áreas estratégicas, de preferencia transexenales. En los últimos años, los casos más comunes son los de los fiscales, que a partir de las reformas al sistema de procuración e impartición de justicia de la década pasada adquirieron esa característica de trascender los periodos de gobierno. Pero también las magistraturas en los tribunales superiores de justicia estatales ofrecen el acceso necesario para influir en las decisiones de quienes tienen en sus manos casos de probable –o muy comprobable- corrupción.

Junto con el supuesto “fin” de la corrupción, que no ha pasado de ser pura retórica demagógica, la violencia y la inseguridad representan el mayor de los fracasos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La violencia que asuela a prácticamente todo el país ha alcanzado niveles insoportables, por más que el presidente intente “marear” a quienes lo cuestionan y engañar a quienes le creen sus “otros datos”. Durante lo que va del agonizante sexenio obradorista se han registrado más de 160 mil asesinatos dolosos en el país. La sola cifra, sin tener que compararla con nada, es brutal, evidencia de una tragedia gigantesca para la que el gobierno no tuvo nunca una estrategia real. La idea de “atacar el problema de raíz” atendiendo las causas de la delincuencia como la pobreza o la ausencia de oportunidades de desarrollo, sonaría bien y hasta podría haber dado algún resultado si el gobierno hubiese instrumentado una verdadera política pública para elevar la calidad de vida de la población. En cambio, lo único que hizo fue implementar programas clientelares, repartir dinero público con el único fin de ganar elecciones comprando voluntades y consciencias. El resultado está a la vista.

Parte de la discusión pública actual sobre las opciones existentes en el tablero de la elección del próximo 2 de junio tiene qué ver con el rechazo a lo que representan muchos de quienes buscan ser protagonistas del país el sexenio siguiente. Esta disyuntiva existe sobre todo entre quienes no están plenamente convencidos de por quién votar. No solo para la Presidencia de la República, sino para todos los cargos que estarán en disputa. Y con especial importancia, para el Congreso de la Unión. Las personas formadas en la izquierda tradicional afirman que les resulta impensable votar por un partido de derecha como Acción Nacional (aunque su actual tendencia al centro político alejó del blanquiazul a la ultraderecha más fundamentalista), o por el símbolo de la represión antidemocrática que ven en el PRI. Y bajo esa base, justifican su inclinación por Morena, que se presenta ante el electorado como una opción “progresista” de “izquierda”.

La violación contumaz de las leyes en que incurre cotidianamente el obradorato en el poder tiene que ver con una actitud propia de los regímenes autoritarios: la sensación de que no va a pasar nada, la certeza de la impunidad, que a su vez se traduce en una grosera soberbia y un cinismo soez. Las adelantadísimas campañas que con cargo al erario realizaron gran cantidad de funcionarios durante por los menos dos años antes de los periodos legales establecidos, deberían haber sido motivo suficiente para negar el registro de buena parte de las candidaturas que hoy buscan acceder a nuevos puestos de poder. Pero la realidad es que el sistema electoral que hace poco más de dos décadas abrió paso a la alternancia en el poder en México y que llegó a ser verdaderamente ejemplar, hoy ha sido rebasado. Se le ha debilitado a tal grado, que las autoridades electorales no se atreven a actuar contra los infractores. Menos aún, si son del bando que se encuentra en el gobierno.

Conforme se acerca el fin de su infame sexenio, Cuitláhuac García se desespera más, se torna agresivo y se encierra en su cada vez más reducido círculo, habida cuenta de que terminando, habrá cuentas que le exigirán pagar en varios frentes. En los hechos, Cuitláhuac García nunca ha gobernado a plenitud. Los primeros cinco años fue públicamente eclipsado por el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien durante algún tiempo representó los intereses de la secretaria de Energía Rocío Nahle García y que por esa causa, concentró en su persona los hilos del poder y abusó procazmente del mismo. El papel de Cuitláhuac García, entonces como ahora, era el de la formalidad institucional luego de que un golpe de suerte lo hiciera gobernador de Veracruz. Pero las principales decisiones siempre se tomaron en un escritorio diferente al suyo. Si acaso, le dieron la oportunidad de colocar algunos alfiles en dependencias importantes, en especial en la Secretaría de Finanzas, donde su primo hermano Eleazar Guerrero ha saqueado los recursos del estado para destinarlos a la operación política y electoral a través del organismo fachada llamado “Unidos Todos”. Hoy mismo, tienen el estado inundado de propaganda para promover a candidaturas de Morena a los personeros del “primo incómodo” del gobernador. Pero todas las trapacerías y abusos que se han cometido durante el sexenio que agoniza tienen un único responsable: el titular del Ejecutivo del estado, que es quien debe responder por lo que quizás –dándole todavía el beneficio de la duda- él no ordenó ejecutar. Pero que sin lugar a dudas dejó pasar o bien cerró los ojos, lo que lo convierte en cómplice, por obra u omisión.

El 2024 comenzó en medio de la incertidumbre para trabajadores, burócratas y académicos a los que les han regateado el pago de sueldos, becas y prestaciones, a pesar de que el gobierno –federal y estatal- jura que las finanzas se encuentran bien. Incluso, trabajadores del gobierno del estado de Veracruz, como los de la Secretaría de Salud –uno de los principales “hoyos negros” de corrupción de la administración de Cuitláhuac García Jiménez- se vieron obligados a salir a protestar a principios de año porque ni siquiera les habían terminado de pagar sus aguinaldos. Varias otras dependencias y organismos estatales están en la misma situación: les retrasan el pago de sus sueldos, se los difieren y los cubren en partes o por obligación cuando detectan que hay una protesta por estallar. El pasado viernes 12 de enero, ya había pasado de mediodía y varios trabajadores de la Universidad Veracruzana no habían recibido el pago de su quincena. Fue hasta la tarde de ese día que la casa de estudios comenzó a dispersar el resto del dinero, cuando el asunto estaba llegando a los medios de comunicación y los trabajadores universitarios se aprestaban para manifestarse.

Desde el inicio del actual sexenio, fue evidente y agresiva la embestida del régimen para tomar por asalto los medios públicos y convertirlos, en lugar de medios del Estado, en órganos propagandísticos del gobierno. Emisoras como el Canal Once y el 22, otrora referentes de la televisión cultural a nivel mundial, se vieron secuestradas por facilitadores, propagandistas, voceros y paleros de la “4t”, usando sus espacios no solo para ensalzar al régimen, sino para atacar, con recursos del Estado mexicano, a ciudadanos que expresaban desacuerdo con el gobierno o a los que éste catalogaba como “adversarios”, pero a los que en realidad les da trato de enemigos. Mención aparte merece el caso de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Al frente fue colocada una periodista militante del obradorismo, Sanjuana Martínez, que con las fobias que caracterizaron su desastrosa gestión terminó por destruir a un medio estatal que, aunque siempre fue de orientación oficialista, sí prestaba un valioso servicio informativo.

Desde hace varios meses, la posición de Movimiento Ciudadano es clara: ser una comparsa del régimen gobernante y ayudarle a Morena a fragmentar el voto de la oposición. El fallido intento de precandidatura del impresentable gobernador de Nuevo León, Samuel García, estuvo en esa tesitura desde el principio: sus baterías se enfocaron contra la coalición opositora y su abanderada Xóchitl Gálvez, mientras que a la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, no la tocó ni con el “pétalo” de una suave crítica. Una vez que la oposición frenó su intentona por dejar un sustituto a modo en la gubernatura de Nuevo León brincándose lo establecido en la Constitución de su estado, García –cuyo único “mérito” político es su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, sin la cual no habría ganado ni una jefatura de manzana- se quitó la máscara y se lanzó abiertamente en contra de la coalición opositora, al igual que el dueño de la franquicia, el ex gobernador ex priista de Veracruz Dante Delgado Rannauro. Las veleidades del líder de Movimiento Ciudadano son antológicas. Como candidato al Senado por la oposición de izquierda en el año 2000, nunca esbozó señalamiento alguno contra la más vieja política representada por su contrincante priista, Fernando Gutiérrez Barrios –la mano ejecutora de la matanza de Tlatelolco en 1968 y de la “guerra sucia” de los 70-, su mentor y quien lo dejó como gobernador de Veracruz en 1988.

Hace mucho que resulta evidente que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” solo representa la refundación del priismo más recalcitrante, del que hizo del abuso de poder, el autoritarismo, el clientelismo, el fraude y la simulación democrática su modus vivendi para sostenerse en el poder durante siete décadas. El cierre de 2023 no fue sino la confirmación de que no solo el obradorato y el priismo son básicamente lo mismo, sino que cada vez son más los mismos. Aquellos que un día antes eran de la “mafia del poder”, símbolo de la corrupción del neoliberalismo, parte de los saqueadores y “traidores” a la patria, por obra y gracia de un malabar producto de la ambición, fueron “perdonados” por el régimen para integrarse a la “4t” y ponerse “del lado correcto de la historia”, como justifican con infinita cursilería en su discurso propagandístico más chafa. La desbandada de priistas y algunos panistas a los brazos del régimen, directamente a través de Morena o por vía de sus satélites, no tiene nada que ver con convicciones, ideales o revelaciones súbitas de corrección de rumbo. En todos los casos, se trata de ambiciones vulgares –para utilizar un término de los que les gustan a los morenistas- por saltar a cargos y candidaturas que, al no encontrar eco ni espacio en los partidos de los que medraron por años, ven en el obradorismo el camino para mantenerse enchufados en el presupuesto.