Autor: 12 Horas GR

Por mayoría de seis votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ejercer su facultad de atracción para resolverde a forma definitiva si la condena impuesta a Mario Aburto Martínez  por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio ebe ser de 30 o 45 años de prisión, definiendo también la libertad del tijuanense.

La diferencia de 15 años de cárcel se explica por la aplicación del fuero estatal o federal para juzgar este caso. En caso de que se aplique la pena estatal, Aburto Martínez quedaría libre de inmediato, mientras que la pena federal prolongaría la estancia del magnicida por 14 años más.

Durante la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida para analizar el caso, debido a que el expediente y proceso penal contra Aburto estuvo bajo su mando cuando fue Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), impedimento que fue avalado por la mayoría de los ministros.

El juicio de amparo 104/2021 presentado por la defensa de Mario Aburto afirma que su cliente debería haber salido libre en 2024, cuando se cumplieron 30 años de sentencia por el magnicidio de Colosio, argumentando que esa era la pena máxima impuesta por el Código Penal del Estado de Baja California al momento de los hechos.

En contraste, la FGR argumentó que la pena máxima que se debe imponer a Aburto es la de 45 años de cárcel, aplicando la pena máxima contemplada en el Código Penal Federal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a un grupo de juezas y magistradas mexicanas que admitió para revisión una petición presentada por las juzgadoras federales en contra de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, argumentando que la aplicación de la citada norma viola sus derechos humanos.

La notificación constituye un paso previo a la admisión de fondo, denominado Informe de Admisibilidad, con el cual una petición o demanda ante la CIDH se convierte en un caso al que se le asigna número de identificación, para posteriormente entrar a la etapa de resolución de fondo.

De acuerdo con fuentes judiciales, la notificación fue enviada a los abogados del Centro Vance por la Justicia Internacional, quienes llevan la representación legal de 14 juezas y magistradas federales que denunciaron la reforma judicial por la violación a sus derechos humanos.

La notificación todavía no aparece en la página oficial de la CIDH, pero fue confirmada a Aristegui Noticias por la magistrada Julia María García González, nueva titular de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Para la admisión de fondo, la Corte Interamericana debe verificar que una petición contra un Estado o gobierno de la región cumpla con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el procedimiento establecido en el reglamento interno de la propia Comisión.