165 mil menores de edad y familiares dejan las desapariciones en México como víctimas indirectas
Un informe estima que alrededor de 165 mil menores podrían ser hijas e hijos de personas desaparecidas en México, una población invisibilizada ante la falta de registros oficiales y atención diferenciada.
En México habría cerca de 165 mil niñas, niños y adolescentes potencialmente vinculados a personas desaparecidas, según una estimación presentada en un encuentro sobre desapariciones. El cálculo surge del informe “Hijas e hijos de personas desaparecidas en México”, elaborado por Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe e Infancia Latina, a partir de 103 mil 176 registros de personas desaparecidas de entre 15 y 49 años en agosto de 2026.
Los autores aclararon que la cifra no constituye un conteo oficial, sino un ejercicio exploratorio para dimensionar la población afectada y evidenciar la falta de información institucional que permita relacionar a las personas desaparecidas con sus familias. El Estado desconoce cuántos menores son, qué edades tienen, qué necesidades enfrentan y qué atención reciben, lo que mantiene invisibilizada su condición como víctimas indirectas.
Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, señaló que el objetivo es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y víctimas indirectas. Destacó que aún se desconoce cómo cambia su vida cotidiana, qué ocurre con su desempeño escolar y cómo se aborda la desaparición dentro de las familias. En muchos casos, los adultos optan por ocultarles la verdad, lo que puede derivar en miedo, tristeza, abandono escolar y afectaciones emocionales.
María Luisa Castellanos López, presidenta de Buscadoras de Nuevo León, advirtió que la atención a las infancias afectadas es incipiente y que el problema alcanza también a hermanos, sobrinos y nietos de personas desaparecidas. Las familias han identificado casos de menores que requieren atención psicológica y enfrentan consumo de sustancias, autolesiones y bullying, sin que los apoyos disponibles cuenten con el enfoque diferenciado previsto en la Ley General de Víctimas.
Castellanos López, quien busca a su esposo y cuñado desde 2011, señaló que las familias han asumido durante años la atención de menores afectados, pese a que el Estado no ha generado políticas públicas específicas. El informe plantea como tareas urgentes identificar a las hijas e hijos de personas desaparecidas, conocer sus necesidades, garantizar atención integral y asegurar su participación en decisiones que afectan su vida.
- 165 mil niñas, niños y adolescentes potencialmente afectados.
- 103,176 personas desaparecidas de 15 a 49 años (agosto 2026).
- 2011–2026: casos con afectaciones prolongadas en familias.
- 30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Olga Susana Méndez Arellano — presidenta de la CEDHNL.
María Luisa Castellanos López — presidenta de Buscadoras de Nuevo León.
Tejiendo Redes Infancia / Infancia Latina — autores del informe.
Familias de personas desaparecidas — víctimas directas e indirectas.
“La cifra no constituye un conteo oficial, sino una estimación para dimensionar la población afectada.”
Foto: AN / Infancias afectadas por desapariciones en México
- El Estado no sabe cuántos son ni qué necesidades enfrentan, mientras las familias asumen una atención que aún resulta insuficiente.
AN / MÉXICO.-En México hay alrededor de 165 mil niñas, niños y adolescentes que podrían ser hijas e hijos de personas desaparecidas, una población que permanece prácticamente invisibilizada ante la falta de registros oficiales.
La estimación fue presentada en un encuentro sobre desapariciones en México, a partir del informe “Hijas e hijos de personas desaparecidas en México. Estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes”, elaborado por Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe e Infancia Latina.
El documento parte de 103 mil 176 registros de personas de entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas o no localizadas en agosto de 2026 y, mediante una estimación exploratoria, calcula aproximadamente 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con ese universo.
Según los autores del informe, la cifra no constituye un conteo oficial ni pretende sustituir un registro institucional, sino dimensionar la población afectada y evidenciar la falta de información que permita relacionar a las personas desaparecidas con sus familias.
Así como cuántas personas en total son, qué edades tienen, qué necesidades tienen y qué atención reciben.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), señaló que el objetivo es reconocer a las familias como víctimas indirectas y, al mismo tiempo, a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos.
Lo que quisimos fue impulsar la perspectiva y la obligación de las autoridades de reconocer a las personas como víctimas indirectas y a su vez como titulares de derecho.
Dijo que se realizó una audiencia participativa para escuchar directamente a niñas, niños y adolescentes afectados por la desaparición de algún familiar.
Méndez Arellano destacó que aún se desconoce cómo cambia su vida cotidiana, qué ocurre con su desempeño escolar, cómo se aborda la desaparición dentro de las familias y qué información reciben.
En muchos casos, dijo, los adultos optan por ocultarles la desaparición para protegerlos, aunque esa falta de información también puede tener consecuencias.
“Muchas veces se les oculta la verdad para no lastimarlos”, señaló y advirtió que entre las consecuencias aparecen miedo, tristeza, modificaciones en su proyecto de vida y riesgo de abandonar las instituciones educativas.
Por su parte, María Luisa Castellanos López, presidenta de Buscadoras de Nuevo León, también en entrevista, consideró que la atención a las infancias afectadas por desapariciones apenas comienza.
En el tema de la atención de las infancias es incipiente, estamos en pañales.
Castellanos López sostuvo que las familias han concentrado durante años sus esfuerzos en lograr el reconocimiento como víctimas y en exigir búsquedas efectivas, pero no se había colocado con la misma fuerza el impacto de la desaparición sobre niñas, niños y adolescentes.
Además, advirtió que el problema no se limita a hijos e hijas, también alcanza a hermanos, hermanas, sobrinos y nietos de las personas desaparecidas, quienes pueden quedar involucrados en los procesos de búsqueda y enfrentar sus propias afectaciones.
La presidenta de Buscadoras de Nuevo León relató que las familias han identificado casos en los que niñas, niños y adolescentes requieren atención psicológica y enfrentan consumo de sustancias, autolesiones y bullying en las escuelas.
Sin embargo, cuestionó que los apoyos disponibles no siempre cuentan con el enfoque diferenciado previsto en la Ley General de Víctimas.
“Nos falta mucho trabajo por hacer”, reconoció, aunque consideró que el trabajo conjunto con la CEDHNL y Tejiendo Redes Infancia puede convertirse en un punto de partida para impulsar políticas públicas que coloquen a las infancias en el centro de la atención.
Castellanos López conoce directamente las consecuencias de una desaparición, porque desde 2011 busca a su esposo y a su cuñado, Nicolás y Reyes; a 15 años de los hechos, continúa sin certeza sobre dónde desaparecieron.
Explicó que ambas familias siguen trabajando con autoridades de distintos estados porque no se ha establecido si la desaparición ocurrió en Nuevo León o Tamaulipas, donde fue localizado el vehículo en el que viajaban.
Mientras continúa la búsqueda, dijo, sus hijos e hijas han crecido y avanzado en sus vidas, mientras mantiene la búsqueda de sus familiares y acompaña a otras familias de personas desaparecidas.
Finalmente, ambas entrevistadas resaltaron que el informe plantea como tareas urgentes identificar a las hijas e hijos de personas desaparecidas, conocer sus necesidades.
Además, garantizar atención integral, asegurar su participación en las decisiones que afectan su vida y fortalecer la rendición de cuentas de las autoridades.
Las declaraciones ocurren en la antesala del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto y que este año busca reposicionar la afectación familiar de una crisis que no termina con la desaparición de una persona.