Ciudades judiciales del estado bajo lupa por empresa coludida con Panamá Papers
- Constructora de Ciudades Judiciales fue
favorecida dándole las bases generales un mes antes, según el auditor general
del ORFIS, Lorenzo Portilla
Víctor Hugo Arteaga /
IMAGEN / XALAPA, Ver., agosto 27 de 2019.-El auditor general
del Órgano de Fiscalización (ORFIS), Lorenzo Portilla, confirmó que la
edificación de las ciudades judiciales en el estado de Veracruz se encuentra
bajo investigación luego de que la empresa encargada fue etiquetada por lavado
de dinero en el escándalo Panamá Papers.
El ORFIS audita la legalidad de la asignación de la
construcción de al menos 17 de las Ciudades Judiciales en la cuenta pública
2018, confirmó el Auditor General.
Aunque Lorenzo Portilla no pudo adelantar conclusiones,
documentos a los que IMAGEN DE VERACRUZ tuvo acceso, demuestran 22 serias
irregularidades en las que incurrió el titular de la Judicatura del Estado de
Veracruz, Edel Álvarez Peña, al otorgar los contratos al consorcio constructor
encargado de las obras.
La primera alerta roja para el Orfis es que la empresa
Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A de C.V compró el 9 de
febrero de 2018, mediante una transferencia electrónica de 200 mil pesos
las Bases Generales del Concurso emitido por el Poder Judicial.
Las Bases Generales para poder participar en dicha licitación
se emitieron el 7 de marzo del año 2018, es decir 26 días después, lo que
implica que la Constructoras de Veracruz S.A de C.V, supo antes que ninguna de
sus empresas competidoras y pudieron preparar su participación con ventaja
técnica y táctica.
Una vez ganada la licitación, el Orfis detectó que la firma
ganadora agrupó cinco empresas más bajo la figura de “Consorcio”, sin que las
cinco invitadas compraran las Bases Generales, para poder participar en el
proceso.
Descalificada la segunda empresa en la licitación, y que sí
había adquirido las bases generales, se declaró ganadora, en un proceso opaco,
al “Consorcio”, asignándoles las cuatro licitaciones, sin cumplir con la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Las empresas integrantes del “Consorcio” declaradas como
ganadoras, realizaron de manera ilegal cuatro contratos de Cesión de Derechos y
Obligaciones a cuatro empresas que no participaron en el proceso de licitación
público nacional.
El Poder Judicial firmó doce contratos individuales de
Asociación Público Privadas, sin que en ninguna de sus partes contemplara
la figura de Comodato.
Sin embargo, el ente público realizó Contratos de Comodato,
para ceder los terrenos donde serán construidas las obras, pero sin señalar los
dispositivos legales, ni jurídicos que le permitan hacerlo.
Otra grave falta que el Orfis encontró en la auditoría, fue
que sin suficiencia presupuestal, el Poder Judicial del Estado, amplio de 17 a
21 las obras asignadas, utilizando el decreto de las primeras 17, pero a todas
luces, de manera ilegal.
A pesar de que el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez
Peña, otorgó los contratos, se violó la ley, porque en muchas ciudades no se
tenían los terrenos para su construcción.
Tal es el caso de Tierra Blanca, donde se adquirió trece
meses después de la licitación, en Poza Rica nueve meses más tarde, Zongolíca
dos después, mismo caso que en Huayacocotla.
El Orfis observó también que el ente público no integró el
Expediente Técnico por cada una de las 21 Ciudades Judiciales son los que pide
la ley y que son la descripción del proyecto, la viabilidad técnica y el
dictamen emitido por un tercero especializado.
Además faltó la viabilidad jurídica, la rentabilidad y
beneficio social, estimaciones de inversión y aportaciones, así como las
autorizaciones Público Privadas de las 21 Ciudades Judiciales.
Por si fuera poco el Auditor General del Orfis, detectó que no
se registró contablemente ningún Fideicomiso de los Proyectos de las
Asociaciones Público Privadas, de al menos doce Ciudades Judiciales
Fuente: 12 HORAS