Videos

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó este miércoles una conferencia de prensa junto a otros funcionarios de Gabinete de Seguridad para dar más detalles sobre el envío de 26 presos desde México a Estados Unidos.

El titular de la SSPC reiteró que se realizó con total “respeto a la soberanía y respeto a la reciprocidad” de ambos países, acordando así que no se solicite la pena de muerte a ninguno de los enviados.
Procedió a informar que el traslado, por razones de seguridad, fue debido a que, “aún privados de su libertad, continuaban (los enviados) dirigiendo actividades ilícitas durante visitas” en los centros de detención, y que estas reuniones, por cuestiones de derechos humanos, no pueden prohibirse.

Añadió que estas personas mantenían “operaciones criminales”, amenazaban a funcionarios y “extendían redes de corrupción e intimidación”.
De la misma manera, varios habían conseguido amparos para permanecer encerrados en cárceles o centros de baja seguridad. Asimismo, trabajan en búsqueda de acuerdos para libertad anticipada.

En esencia, se entregaron a Estados Unidos para “impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios” y otros delitos de alto impacto, generando “violencia y miedo en comunidades”.

El Gobierno de México anunció este martes que reiniciará el procedimiento penal contra el empresario Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA) y conocido como el ‘Rey del Acero’, luego de incumplir el pago de la reparación del daño por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento, vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad”, señaló el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia presidencial.

Alonso Ancira obtuvo su libertad en 2021 luego de firmar un acuerdo que lo obligaba a devolver 216 millones de dólares al Gobierno mexicano.
No obstante, el titular de la Fiscalía General de la República señaló que Ancira “los primeros (pagos) los hizo y después ya no los hizo”.

Refirió que el empresario tiene nacionalidad estadounidense por lo que está viviendo en aquel país, pero acotó que verán si a través de asistencia política internacional se buscarán las garantías suficientes para que pague.