Seguridad Nacional

El cuerpo de una mujer fue hallado este lunes sobre el tramo carretero Cintalapa-Tapanatepec, en el municipio de Cintalapa, Chiapas. 

La Fiscalía General de Chiapas informó que abrió una investigación del caso como un posible feminicidio; hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. 

De acuerdo con los reportes de medios locales, su cuerpo presentaba visibles rastros de violencia y fue presuntamente abandonada cerca del Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14, «El Amate».

El hallazgo de su cuerpo ocurre ocho días después de que la abogada Fátima Maldonado, quien fungía como funcionaria pública en el municipio de Ocosingo, fuera encontrada muerta al interior de su domicilio. 

La Colectiva 50 más 1 aseguró que se trataba de un feminicidio más registrado en la entidad y, que su caso se trataría del primer delito de este tipo registrado en lo que va del 2026.

Una maleta con restos humanos fue hallada la mañana de este lunes sobre una calle en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, Baja California, de acuerdo con reportes preliminares de corporaciones municipales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) no ha emitido información oficial sobre el caso.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:00 horas sobre la calle Ónix, en el cruce lateral con Géminis y Venus, donde elementos de la Policía Municipal que realizaban un recorrido de vigilancia detectaron una maleta de tela color morado abandonada en el lugar.

Debajo del equipaje fue localizada una cartulina blanca con un mensaje de amenazas, cuyo contenido no ha sido revelado por las autoridades.

En el mismo punto, los agentes observaron una cabeza humana expuesta en la vía pública, la cual, presuntamente es de una mujer.

Al menos dos elementos del Ejército Mexicano resultaron heridos tras la explosión de una mina en un camino de terracería del municipio michoacano de Apatzingán, donde existe una pugna entre siete cárteles del narcotráfico.

Una fuente de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, reveló que la explosión ocurrió la tarde del sábado, cuando un convoy militar realizaba un operativo de reconocimiento en el poblado de La Salatera.

La mina antipersona, de fabricación casera, explotó al paso de una camioneta militar, de doble cabina, que transportaba a personal del 30 Batallón de Infantería.

Los dos soldados heridos fueron trasladados al Hospital Militar de la 43 Zona, mientras que el vehículo ha sido catalogado como inservible al sufrir severos daños.

Autoridades han identificado que en la región de Apatzingán existe una pugna entre dos alianzas de cárteles del narcotráfico, las cuales utilizan explosivos arrojados con drones y minas para evitar el avance de sus rivales.

Un elemento de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas resultó gravemente herido tras ser atacado con arma de fuego, en un hecho que activó un operativo de seguridad y movilizó a corporaciones de emergencia en la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, el agente, identificado como Adonai N., fue agredido por la espalda por un hombre que se desplazaba en una motocicleta en la colonia Santa Lucía.

Tras la agresión, el atacante se dio a la fuga y abandonó el vehículo y un casco, los cuales fueron asegurados por las autoridades como indicios para la investigación.

El comandante sufrió una herida de bala que le provocó la perforación de un pulmón, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

La alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, condenó la agresión armada en contra del comandante de la Policía Municipal, ocurrida al concluir su guardia, y aseguró que el hecho no detendrá las acciones de seguridad en el municipio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó a un Tribunal Colegiado la admisión de un amparo que definirá si Mario Aburto Martínez asesino confeso del entonces candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio.

El crimen contra Luis Donaldo Colosio fue cometido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Baja California, mientras realizaba un mitin como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por el homicidio, Aburto fue condenado a pasar 45 años en prisión.

De acuerdo con los listados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la atracción del amparo fue a partir de una petición hecha por la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de diciembre de 2025, cuando el cuerpo colegiado definiría si Mario Aburto cumplía su condena en prisión o se modificaba la sentencia. 

«Se adjunta el acuerdo emitido el quince de diciembre de la pasada anualidad, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 947/2025 formulada por los integrantes de este órgano jurisdiccional, para conocer del amparo directo 104/2021 en que se actúa», menciona la notificación.

Al hacer la petición de atracción, el Ministerio Público de la Federación argumentó que tiene el interés en que la Suprema Corte de justicia de la Nación conozca el asunto, «por la trascendencia que reviste para el Estado mexicano, toda vez que será analizada una cuestión de competencia jurisdiccional», se lee en los listados.

El Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas urgió a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) otorgar medidas de protección para las comunidades de Chocomanatlán y Nuevo San Andrés Chimalapa, amenazadas por el crimen organizado.

Miguel Ángel García Aguirre, coordinador regional de este organismo defensor dijo que es urgente otorgar estas medidas, a ambas comunidades que pertenecen a Santa María Chimalapas, Oaxaca.

Dijo, que las medidas de protección deberán ser eficientes y estar coordinadas con el gobierno federal y las fuerzas de seguridad como la Secretaría de Protección Pública, la Sedena y la Guardia Nacional.

Está situación, dijo el ambientalista, vulnera a las familias, y a otros cinco pueblos más, que se ubican en frontera entre ambos estados.

“Yo estuve todo el día con ellos. Y ahora no puedo volver, porque es urgente que se apliquen las medidas cautelares, que esta gente esté protegida, que evitemos la masacre”, señala.

La urgencia, además de las medidas cautelares, recalca García Aguirre, es una base militar para que vigile la zona, pues los comuneros aseguran que también pudiera haber personas que informen de la situación que se ha estado denunciando.